
María Antonia Pardo, cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, enfrenta nuevas acusaciones de maltrato y discriminación contra mujeres migrantes, en un contexto marcado por denuncias previas y una creciente preocupación por la seguridad de la comunidad colombiana en ese país.
La denuncia fue realizada por la gestora cultural Elsa Tatiana Rodríguez Pulido que, en declaraciones al portal digital Colexret, afirma haber sido víctima de un intento de agresión física en presencia de sus hijas menores y decenas de testigos, en medio de la celebración del Día de Velitas, el 7 de diciembre de 2025.
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En el incidente, la víctima relató al medio citado que, tanto la funcionaria colombiana como Horacio Reyes, coordinador del programa Casas Colombia y presentado públicamente como persona de confianza de Pardo, la empujaron por las escaleras del consulado.
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“Ayer domingo (7 de diciembre de 2025) la Cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo, junto al Sr. Horacio Reyes del equipo del proyecto Casa Colombia intentaron asesinarme, me empujaron por las escaleras y gracias a Dios mi esposo me alcanzó a sujetar para no rodar por las escaleras”, declaró la mujer al portal especializado en la situación de los colombianos en el exterior.
El hecho habría ocurrido frente a sus dos hijas, de cuatro y siete años, su esposo y numerosos asistentes al evento, algunos de los cuales ya han manifestado su disposición a testificar ante las autoridades.
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Rodríguez Pulido, quien reside en Chile desde hace una década y participa activamente en proyectos culturales vinculados a la comunidad migrante, sostiene que las represalias en su contra se deben a su relación profesional con la activista Natalia Molina Morales, reconocida por denunciar irregularidades y presuntos actos de corrupción en el consulado y en el proyecto Casa Colombia, financiado con más de $1.500 millones de pesos colombianos.

Incluso, en un video publicado por el medio local, la mujer señaló que fue invitada a una tarima puesta en el consulado colombiano en Santiago para recoger unos regalos que, al parecer, le habían dado a sus hijas.
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“Horacio Reyes me atacó cuando me llamaron para subir por un premio para mis hijas. Pero no, esto no era un premio para mis hijas. Esto era hacerme subir a una tarima para que el mismo consulado me atacara y me empujara por las escaleras, como todas las personas lo vieron. Uno tiene que ser consecuente. Si una cónsul está subiéndose a una tarima a decir que está ayudando a los colombianos, a los migrantes, no puede venir acá y hacer ese acto tan terrible”, expresó.
Al acudir a las autoridades chilenas, Rodríguez Pulido denunció en el medio chileno que, pese a tener las grabaciones de la supuesta agresión, le informaron que no podían actuar debido a la inmunidad diplomática de la cónsul y, de manera inusual, también de Reyes, a pesar de su nacionalidad chilena y de no ser funcionario del Estado colombiano.
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En uno de los audios revelados por Colexret, la hija de siete años de la denunciante expresa a su padre: “Ese señor fue el que me hizo llorar”, en referencia a Horacio Reyes. Rodríguez Pulido anunció que presentará demandas penales y disciplinarias contra la cónsul y Reyes, adjuntando todas las pruebas recabadas.
El caso de Rodríguez Pulido se suma a una serie de denuncias públicas contra la cónsul María Antonia Pardo, entre ellas las de la activista Natalia Molina Morales, quien la acusó junto con la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán, de orquestar una serie de acciones que, de comprobarse, podrían constituir delitos y vulneraciones a derechos fundamentales de una mujer migrante en estado de embarazo.
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En una carta, la denunciante sostiene que la congresista Ramírez Boscán habría utilizado su investidura para reabrir expedientes penales ya prescritos, solicitar órdenes de captura sin fundamento y activar mecanismos diplomáticos de manera indebida, por lo que ha solicitado protección para ella y su familia, al denunciar amenazas en su contra.
Por el momento, ni María Antonia Pardo, ni el funcionario involucrado, ni la Cancillería de Colombia se han pronunciado sobre la situación denunciada por la gestora social.
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