Asociaciones médicas piden “cordura” al Congreso ante trámite de la reforma a la salud: “No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno”

Tras el anuncio de que la Comisión Séptima del Senado agendó el tercer debate del proyecto de ley que reforma la salud para la sesión del martes 9 de diciembre, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) envió una carta en la que hace un llamado urgente a la cordura y a la responsabilidad antes de retomar la discusión del Proyecto de Ley 410 de 2024.

En la comunicación, dirigida a los senadores de la Comisión Séptima, la asociación asegura que durante los últimos tres años el Gobierno nacional ha insistido en la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud, pero que el tiempo ha demostrado que muchos de esos cambios eran innecesarios y desviaron la atención del Estado de la gestión básica de la salud pública.

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La Acsc advierte que, mientras el país debatía la reforma, el sistema de salud se deterioraba, afectando a pacientes y profesionales. En la misiva, la Asociación presenta datos que ilustran la gravedad de la situación: la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) reportó 2.033 fallecimientos entre enero y noviembre de 2025 de pacientes con patologías de alto riesgo, muchas relacionadas directamente con la crisis del sistema. Además, la Unión de IPS informó el cierre de 10.049 servicios de salud en 2024, sin claridad sobre el destino de los pacientes ni del personal que allí laboraba.

“Hoy, a siete meses del fin de este gobierno, el panorama es devastador: un sistema colapsado, sin rumbo, sin recursos y con barreras de atención que afectan a los pacientes más vulnerables. El cierre de servicios, la escasez de medicamentos y el abandono del Talento Humano en Salud ya no son advertencias: son realidades documentadas”, indica la carta.

Testimonios y situaciones en el terreno

El comunicado también incluye testimonios de profesionales como la doctora Zaira Reyes, que durante la visita del presidente al Huila describió condiciones críticas que afectan a médicos y pacientes.

Entre los puntos señalados por Reyes están la contratación temporal de equipos básicos pese a promesas de laboralización, politización en la contratación en las ESE, recortes injustificados de talento humano, falta de medicamentos y barreras de atención que vulneran la autonomía médica reconocida por la Ley 1751. “Lo que la doctora Zaira relató no es un hecho aislado: es la evidencia viva del deterioro del sistema bajo las decisiones del Gobierno”, precisa la Acsc.

La carta sostiene que, pese a la crisis documentada, el Gobierno continúa promoviendo la reforma como solución, aunque según la asociación carece de respaldo financiero y requiere al menos tres años de transición, lo que podría agravar las deficiencias actuales. También advierte que el proyecto concentra funciones en la Adres y desconoce principios de la Ley Estatutaria, generando posibles retrocesos en derechos fundamentales.

En su misiva, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas insiste en que la decisión de los senadores sobre la reforma no es una cuestión de apoyar o contradecir al Gobierno, sino de proteger a los colombianos. Por eso, hizo un llamado a evaluar con rigor la información disponible y a tomar decisiones con serenidad, valentía y un profundo sentido de responsabilidad.

Ministro de Salud se retiró del debate

Durante la sesión del martes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió retirarse de la discusión, argumentando que no se estaba permitiendo un debate efectivo sobre la reforma. Según explicó, la presidencia de la Comisión Séptima, a cargo del senador Miguel Ángel Pinto, no le permitió aclarar aspectos fundamentales del proyecto.

“Queremos debatir esta reforma, pero nos citan durante horas y siempre aparece una nueva razón para no avanzar”, dijo Jaramillo tras retirarse de la sesión.

El ministro también se refirió al informe reciente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), señalando que no refleja el impacto real de la reforma. Según Jaramillo, el documento no considera los impuestos saludables, que constituyen una fuente de financiación aprobada, y utiliza cálculos de la UPC que no corresponden con los datos oficiales, lo que altera las proyecciones financieras del proyecto.

El Gobierno reiteró que está listo para debatir cuando el Senado lo permita y que “el país necesita una discusión seria para garantizar que la salud sea un derecho real, no un servicio lleno de barreras”, concluyó el ministro.