El exdirector del Dapre, Gustavo Bolívar, habló en una columna de opinión que publicó en su blog y en su cuenta en X sobre la desaprobación de la reforma tributaria de la administración de Gustavo Petro y los beneficios que trae para las personas que la han obstaculizado en el Congreso de la República.
Según el exsenador, el país registra uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, situación que alimenta el debate sobre la urgencia de aprobar una reforma tributaria de fondo.
La controversia involucra a sectores políticos, económicos y sociales, en momentos en que el coeficiente de Gini alcanza 54,8, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud, 2025), indicador que posiciona al país entre los tres más desiguales del planeta.
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El debate adquiere nuevas dimensiones cuando se incorporan cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que muestra que Colombia tributa en promedio el 19% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras la media de los países miembros ronda el 34%.
Analistas y sectores políticos argumentan que la estructura tributaria actual recae de manera desproporcionada sobre la clase media y mantiene exenciones fiscales que benefician únicamente a grandes grupos económicos.
Según los datos de la Ocde, superar la pobreza en Colombia requeriría 11 generaciones, cifra que expresa la magnitud de los retos sociales.
La discusión pública se intensificó luego de las recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, escritor y excongresista, que tildó de “crimen” negar la reforma tributaria en el contexto colombiano.
“Negar la tributaria en el país más desigual del continente es un crimen”, sentenció Bolívar, al tiempo que describió a Colombia como un “laboratorio perfecto donde las élites económicas, políticas y mediáticas experimentan para conservar privilegios”.
La posición de Bolívar también resalta el papel histórico de las élites en el diseño de modelos económicos y legislativos orientados a la protección de intereses particulares en detrimento de una redistribución equitativa de la riqueza.
El argumento planteado por Bolívar se apoya en la evidencia de que “el 1% más rico posee casi la mitad de todo lo que existe, mientras miles de millones sobreviven en la pobreza”.
Una de las críticas centrales que han marcado el debate gira en torno a la gestión de fondos de pensión y los beneficios obtenidos por los grandes capitales.
Bolívar puso en entredicho la independencia de algunas posturas institucionales, al cuestionar la “férrea y casi criminal oposición de la Corte Constitucional a la Reforma Pensional”, y advirtió sobre los intereses económicos que influyen en la financiación política.
“Imaginen lo que pueden comprar con una caja de 500 billones de pesos”, afirmó el exsenador, al aludir a los fondos de pensión administrados por privados.
La polémica también se refleja en la cobertura mediática, en la que se han intensificado las narrativas en torno a supuestos riesgos de fuga de capitales y afectación al ahorro de los trabajadores.
Según Bolívar, esas versiones “no tienen sustento en el articulado” y forman parte de “una estrategia orquestada para conservar exenciones y bajos niveles de tributación”.
Lo anterior se suma al argumento de que las reformas recientes habrían sido redactadas o influenciadas por técnicos y legisladores vinculados a los grandes gremios, lo que perpetuaría las ventajas competitivas de ciertos grupos empresariales.
Gustavo Bolívar ha recogido distintas voces de expertos que alertan sobre los efectos de un sistema fiscal que, hasta la fecha, “ha recaudado poco y mal, afectando mayormente a los mismos sectores”.
Además, apunta que, según expertos de la Ocde, Colombia es el país con menor carga tributaria en la región si se compara con el tamaño de su economía, refutando la idea de que se pagan más impuestos de los que corresponden al contexto internacional.
Bolívar concluyó su exposición señalando que el Congreso, históricamente financiado por grupos económicos beneficiados por el sistema, ha aprobado en cadena reformas tributarias, pensionales y laborales diseñadas para no afectar los altos niveles de concentración de la riqueza.
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