El senador Antonio Correa denunció en sus redes sociales la presunta existencia de un “ejército paralelo de civiles armados” en Colombia, el cual estaría funcionando bajo la figura de la seguridad privada. De acuerdo con el congresista, esta situación se estaría presentando debido a que hay un sistema que, durante décadas, ha estado operando con escaso control estatal y en medio de presuntas irregularidades.
Según su denuncia, actualmente hay 350.118 personas con licencias para portar armas de fuego expedidas por empresas de vigilancia en todo el país. Esta cifra supera ampliamente el número efectivos que tiene la fuerza pública en Colombia:
- La Policía Nacional cuenta con 187.000 uniformados.
- El Ejército Nacional tiene cerca de 180.000 soldados.
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El senador advirtió que “esto no es un sistema de vigilancia: es la construcción silenciosa de un paraestado armado”.
Aunado a ello, explicó que en el periodo comprendido entre 2018 y 2022, se documentaron al menos 1.100 trámites ilegales relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento. Al parecer, funcionarios presuntamente corruptos, superintendentes de turno y secretarios generales habrían cobrado $1.000 millones por empresa para otorgar permisos de manera irregular.
Estos trámites anómalos habrían terminado beneficiando a integrantes de grupos armados que hoy operan en el territorio nacional y a sus familias.
Además, de acuerdo con el congresista, durante años, nadie revisó a quién se le entregaban esas armas, y desde la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, en 1993, jamás se realizó una auditoría profunda sobre el destino de estos permisos.
“Cuántas de estas armas se encuentran en manos de la ilegalidad, urge inventario real. Solo en este gobierno se empezó a destapar el entramado (…). Estamos hablando, sin rodeos, de un negocio criminal montado desde el Estado. De una estructura que operó en la impunidad durante décadas para armar a privados, muchos sin control alguno, mientras se hacía la vista gorda frente al riesgo para la seguridad nacional”, señaló el legislador en su cuenta de X.
La responsabilidad de esta situación, según precisó, debe recaer en quienes permitieron y facilitaron estas actuaciones irregulares, y no en quienes actualmente lo están revelando (el Gobierno del presidente Gustavo Petro). En consecuencia, Correa exigió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que actúen con la máxima severidad, y que todos los superintendentes desde 1993 hasta la fecha respondan ante la justicia si así lo determina la investigación.
“Este país no puede seguir permitiendo que un entramado de intereses oscuros viole decisiones del Consejo de Estado, financie ilegalidades y ponga armas en manos de civiles sin control”, aseveró.
En medio de sus críticas a la superintendencia, rescató el trabajo realizado por la actual superintendente, Yenniffer Edilma Parra Moscoso, que, a su juicio, hizo una revisión real de las licencias y ha comenzado a destapar las presuntas irregularidades acumuladas durante años.
En ese sentido, indicó que los señalamientos y la responsabilidad por presuntos actos ilícitos deben atribuirse a los funcionarios implicados y no a los jefes de Estado que lideraron el Gobierno durante los años en los que ocurrieron los hechos.
“Aquí las responsabilidades son personales, no se le atribuyen automáticamente ni a (Gustavo) Petro ni a (Iván) Duque”, precisó.
Añadió: “Esto es una denuncia, y también un llamado: Colombia no puede seguir armando civiles mientras la ilegalidad compra permisos al Estado. O se rompe este circuito criminal, o ese ejército paralelo terminará decidiendo el rumbo de la Nación”.
El presidente Petro brindó información sobre estos actos de corrupción en la Ceremonia de Oficiales de la Escuela Militar José María Córdova, llevada a cabo el 4 de diciembre de 2025 en Bogotá. En su intervención aseguró que la superintendencia entregó 20.000 armas a narcotraficantes “bajo el manto” de las Convivir.
Por eso, instó al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides Granados, a tomar medidas. “Eso tiene que desmontarse, almirante, porque esas armas, todos sabemos, por los malos software, a veces malos adrede, por la falta de control de sociedades premodernas, no cotejan bien entre Superintendencia de Seguridad y la oficina de control de armas”, detalló.
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