En el marco de una operación internacional coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron capturadas diecinueve personas en cuatro países, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Medellín, Colombia, acusados de integrar una red transnacional dedicada al fraude de visas, lavado de dinero y crimen organizado.
La trama habría afectado a miles de ciudadanos de América Central y del Sur, generando pérdidas superiores a 2,5 millones de dólares.
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Según el comunicado oficial divulgado este miércoles 3 de diciembre, hasta la fecha se han entrevistado alrededor de setecientas víctimas, aunque existen evidencias de que más de siete mil personas fueron captadas por el esquema.
Las pérdidas individuales reportadas oscilan entre 50 y 90.000 dólares por persona. Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer extorsión, fraude y lavado de dinero, incluyendo la suplantación de funcionarios y la falsificación de sellos oficiales.
Entre los arrestados en Medellín se encuentran tres estadounidenses, quienes habrían supervisado parte de la operación desde la ciudad colombiana.
Estos individuos trabajaban en coordinación con colombianos que administraban centros de llamadas ilegales y se encargaban de la creación de sitios web y páginas de Facebook fraudulentas, donde se ofrecía asistencia para la obtención de visas de trabajo supuestamente legales para Estados Unidos.
El esquema delictivo consistía en guiar a las víctimas a través de un proceso completamente falso.
Los cómplices, denominados “asesores”, simulaban ayudar con la solicitud de visas, realizaban declaraciones engañosas sobre ofertas laborales y se hacían pasar por funcionarios estadounidenses en videollamadas.
Durante estas comunicaciones, mostraban documentos falsificados, incluyendo aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo con réplicas de sellos oficiales, y convencían a las víctimas de transferir dinero a cuentas controladas por la red.
El fiscal general adjunto en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, señaló: “Estos acusados están imputados por hacerse pasar por funcionarios estadounidenses con el fin de enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que intentaban viajar legalmente a Estados Unidos. Se sospecha que los acusados llevaron a cabo su plan para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas”.
Entre los colombianos involucrados destacan seis principales acusados imputados el 1 de octubre de 2025 en el Distrito Sur de Florida.
Edwin Alberto Correa-David supervisaba ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, determinando los sitios fraudulentos a utilizar y gestionando los cobros a las víctimas.
Andrés Giraldo-Ospina era responsable de la creación de los sitios web fraudulentos y de la asistencia técnica a los centros de llamadas.
Danna Pamela Porras-Marin administraba un centro de llamadas y diseñaba los sitios utilizados en el fraude.
Esteban Robledo-Correa, inicialmente intermediario en Estados Unidos, reclutaba a otras personas para recibir los fondos y, tras regresar a Colombia, colaboró en la gestión de los centros de llamadas; actualmente permanece prófugo.
Julian Giraldo-Ospina, arrestado en Sacramento, supervisaba el blanqueo de dinero en Estados Unidos y coordinaba operaciones con su hermano Andrés en Medellín.
Viviana Urrego-Rojas, detenida en Denton, Texas, coordinaba la recepción y transferencia de fondos hacia Colombia.
La operación también incluyó detenciones en Ecuador y El Salvador. En Ecuador, ocho personas fueron capturadas y se registraron dos locales vinculados al fraude. En El Salvador, seis individuos fueron detenidos por su participación en este y otros esquemas similares.
Las autoridades estadounidenses destacaron la cooperación internacional como clave para desarticular la red, involucrando al Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), la Oficina del Inspector General de Usaid, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en coordinación con las autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador.
El modus operandi de la organización incluía el uso de intermediarios en al menos dieciséis estados de Estados Unidos, donde el dinero transferido por las víctimas cambiaba de manos varias veces antes de llegar a los líderes del esquema.
Los acusados se aprovechaban de la desesperación de ciudadanos que buscaban oportunidades laborales legales en Estados Unidos, generando pérdidas significativas y afectando la confianza en los procesos migratorios legítimos.
Las autoridades colombianas destacaron la complejidad de la investigación, que incluyó el rastreo de operaciones financieras, la verificación de sitios web fraudulentos y la identificación de las personas responsables de los centros de llamadas en Medellín.
La colaboración con agencias estadounidenses permitió la detención de los tres ciudadanos estadounidenses en la ciudad, así como de los colombianos vinculados directamente a la trama.
El Departamento de Justicia recordó que cualquier persona que considere haber sido víctima de este fraude puede comunicarse a través del correo electrónico fakevisavictim@state.gov para presentar un informe. Además, enfatizó que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
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