
La defensa de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares solicitó que se decrete la libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que enfrentan por la presunta alteración de informes de policía judicial relacionados con Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo.
El abogado Juan Felipe Criollo confirmó a W Radio que el requerimiento fue radicado ante la autoridad judicial competente al considerar que el plazo legal fue superado sin avances en el juicio.
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Según el defensor, entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de 2025 han transcurrido 122 días desde la captura, sin que se haya iniciado la fase de juzgamiento, lo que, a su criterio, configura vencimiento de términos conforme a la ley procesal penal.
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Los agentes Forero Cortés y López Linares están siendo procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y favorecimiento.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, ambos funcionarios habrían participado en presuntas actuaciones ilegales relacionadas con la manipulación de versiones dentro de un caso que vincula a alias Pacho Malo con supuestas actividades de contrabando. La entidad explicó que “los hechos que se les atribuyen corresponden a presuntas injerencias indebidas para modificar algunas versiones que involucrarían a un funcionario en actividades de contrabando”.
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Comparecencia voluntaria y antecedentes de la acusación

Forero Cortés y López Linares se presentaron voluntariamente ante las autoridades el 4 de agosto de 2025 en las instalaciones del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá. Aunque sobre ambos recaía una orden de captura vigente, no fue necesaria su localización, ya que se entregaron por iniciativa propia. En ese momento se oficializó la medida de aseguramiento que cumplen en un centro de reclusión especial mientras avanza el proceso penal.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, desde marzo de 2021 los agentes procesados habrían tenido conocimiento de actividades ilícitas que comprometían directamente a “Pacho Malo”, señalado como presunto narcotraficante con presencia en departamentos como Cauca, Valle y Risaralda. En lugar de reportar estos hallazgos, habrían ejecutado actuaciones para encubrir información relevante para la investigación.
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Uno de los apartes del expediente judicial indica que tras el asesinato del agente Mario Herrera en 2021, en una emboscada en Corinto (Cauca), surgieron elementos que apuntaban a posibles responsabilidades de funcionarios del CTI. Entre ellos se mencionaba a los investigadores Pablo Bolaños y Fabio González, que habían documentado supuestos vínculos de “Pacho Malo” con estructuras criminales. Esos informes incluían registros fotográficos, números telefónicos y un organigrama, pero no habrían sido incorporados a la investigación principal.
Declaraciones reescritas y documentos no reportados

A partir del 3 de abril de 2021, Forero Cortés registró en un informe que una fuente conocida como “El Paisano” le habría asegurado que Bolaños, González y otros funcionarios estarían conspirando con organizaciones ilegales. Esa versión permitió avalar interceptaciones telefónicas y emprender actuaciones internas contra quienes investigaban los vínculos de alias Pacho Malo con la red criminal.
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Otro episodio señalado en la acusación se refiere a la supuesta manipulación de declaraciones oficiales. El 20 de abril de 2021, durante una entrevista clave sobre el homicidio del agente Herrera, el investigador Fabio González entregó un informe firmado previamente con el funcionario fallecido, donde se detallaban las conexiones de alias ‘Pacho Malo’ con el narcotráfico.
De acuerdo con el expediente, esa versión fue modificada luego de que López Linares y Forero Cortés se presentaran en la oficina de los investigadores para indicar los aspectos que debían incluirse o excluirse en el testimonio. Una versión editada del documento, con fecha retroactiva y sin referencias a “Pacho Malo”, fue la que finalmente llegó al despacho del fiscal en Popayán. El informe original no apareció en los archivos del caso.
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Cabe recordar que los dos agentes hacen parte del equipo investigador del proceso que se encuentra en etapa de juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana



