Estos son los testimonios que usaría la Fiscalía contra nueve militares por torturas a sobrevivientes del Palacio de Justicia

La Fiscalía de Colombia llamó a juicio a nueve militares retirados por su presunta responsabilidad en torturas cometidas contra once sobrevivientes del asalto al Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y el 9 de noviembre de 1985 en Bogotá.

La decisión, tomada casi cuatro décadas después de los hechos, se fundamenta en testimonios recogidos por la revista Cambio que detallarían los abusos sufridos por las víctimas tras el operativo militar que puso fin a la toma guerrillera.

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El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, desencadenando una de las jornadas más violentas de la historia reciente de Colombia.

La reacción de la fuerza pública, calificada como desproporcionada por sobrevivientes y organismos de derechos humanos, dejó más de cien muertos y al menos una decena de desaparecidos.

Casi 40 años después, el país sigue sin un relato nacional consensuado sobre lo ocurrido, mientras persisten las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Los relatos de las once víctimas acreditadas en el expediente judicial, recogidos por Cambio, describen una serie de abusos físicos y psicológicos tras su evacuación del Palacio de Justicia o su detención en operativos posteriores.

Héctor Darío Correa Tamayo, citador de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, relató al diario nacional que fue sacado a golpes del edificio, tildado de “guerrillero” y amenazado de muerte: “Agradece que no te matamos acá”, le dijeron los uniformados antes de llevarlo a la Casa del Florero, donde le quitaron los documentos y le impidieron ser considerado como rescatado.

José Vicente Rubiano Galvis, empleado de obras públicas, fue detenido en un retén militar lejos de Bogotá y trasladado a la Escuela Militar de Usaquén. Allí, según su testimonio, “nos pusieron corriente en los testículos, para que dijéramos que nosotros llevábamos armas en ese bus, que éramos subversivos”. Rubiano denunció que, tras su liberación, recibió amenazas del Ejército para que no demandara por las torturas sufridas.

Magalis María Arévalo Mejía, auxiliar de servicios generales en el Palacio, fue calificada de “sospechosa” por el Coici y el B2. En la Casa del Florero, fue interrogada y señalada de colaborar con los guerrilleros por haber prestado primeros auxilios a un herido. Solo la intervención de una ascensorista que la reconoció evitó que fuera trasladada a otra dependencia militar.

Otros sobrevivientes, como Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce y Jaime Buitrago, narraron golpizas, amenazas, interrogatorios bajo tortura y detenciones arbitrarias en diferentes instalaciones militares y policiales.

Rozo, conductor de un magistrado, describió a Cambio cómo los soldados los golpearon con los cañones de los fusiles y los obligaron a dar saltos mientras vestían traje y corbata. Arrechea, secretario de la Sala Penal, fue sindicado de guerrillero por su origen caucano y recibió amenazas contra su familia.

Mecanismos de encubrimiento y amenazas

Los testimonios también revelarían mecanismos de encubrimiento y amenazas para silenciar a las víctimas. Rubiano Galvis denunció a Cambio que su detención ilegal fue encubierta mediante un informe de operaciones firmado por el entonces comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, que lo ubicaba falsamente en un allanamiento en Zipaquirá.

Varios sobrevivientes relataron que, tras su liberación, recibieron advertencias para no denunciar los abusos sufridos, bajo amenaza de represalias contra ellos o sus familias.

Casos emblemáticos: Santodomingo, Matson e Irma Franco

Entre los casos más conocidos figuran los de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ambos llegaron al Palacio de Justicia el 6 de noviembre para presentar un examen y fueron rescatados por agentes de la fuerza pública.

Santodomingo relató a Cambio que fue golpeada, insultada, vendada y amenazada con ser lanzada a una quebrada. En el Batallón Charry Solano, la mantuvieron esposada a una cama e interrogaron insistentemente.

Matson, por su parte, fue golpeado con la culata de un fusil, obligado a arrodillarse y amenazado de muerte. Ambos fueron sometidos a pruebas de residuos de pólvora, que resultaron negativas, y finalmente liberados sin ser registrados como sobrevivientes.

El expediente también incluye el caso de María Mercedes Ayala, auxiliar de servicios generales, y menciona la desaparición de Irma Franco, integrante del M-19, quien fue trasladada a una sede militar y nunca volvió a aparecer.

Detalles de la decisión judicial y los acusados

La reciente decisión de la Fiscalía implica a nueve militares retirados, entre ellos el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), y el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, quien comandaba el B2 del Ejército.

Ramírez Quintero ya fue condenado por la desaparición de Irma Franco, mientras que Sánchez Rubiano permanece prófugo pese a una orden de captura vigente. Según la Fiscalía, Sánchez “tuvo conocimiento de todas y cada una de las personas que ingresaban a la Casa del Florero, incluidos quienes fueron catalogados de ‘sospechosos’”, y fue él quien ordenó el traslado de varias víctimas a diferentes unidades militares para ser interrogadas.

La acusación también incluye a Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez (capturado en 2024), Gustavo Arévalo Moreno y el sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón. Varios de ellos ya habían sido condenados por el caso de la desaparición de Irma Franco y permanecen prófugos.