
Como parte de lo que sería una nueva andanada mediática, Armando Benedetti, ministro del Interior, hizo un fuerte llamado a la Corte Suprema de Justicia: organismo que, según él, no ha respetado sus derechos fundamentales. El que es considerado la ‘mano derecha’ del presidente de la República, Gustavo Petro, denunció en sus redes sociales un proceso judicial plagado de irregularidades y filtraciones, por lo que solicitó que se tomen medidas sobre el particular.
En su perfil de X, el ministro del Interior solicitó la intervención de la Sala de Instrucción para que investigue lo que describe como un “entrampamiento” en su contra. En ese sentido, la preocupación de Benedetti se centró en la posibilidad de que se estén gestando maniobras judiciales destinadas a perjudicarlo, una situación que, según él, vulnera sus derechos fundamentales, que no pierde -en su concepto- por ser miembro del gabinete del presidente.
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“Señores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: continuo recibiendo información sobre entrampamientos, emboscadas judiciales y violación a mis derechos. Por favor, mucha atención a esta nueva alerta que hago. ¿Qué más puedo hacer?”, escribió Benedetti en su perfil de X. Con ello, quiso poner el foco de la atención en cómo desde el alto tribunal no se estaría respetando su derecho al debido proceso, como parte de los casos que se llevan en su contra.
Los duros señalamientos de Armando Benedetti
En la mañana del lunes 1 de diciembre, Benedetti fue más allá y señaló directamente a Camilo Enciso, ex zar anticorrupción, de propagar información distorsionada sobre su caso. Y con el que ha sostenido fuertes enfrentamientos mediáticos; entre estos, los señalamientos del ministro de la política hacia su contradictor, al que ha llamado “bandido”, por según él haber favorecido la corrupción en el caso Odebrecht durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Señores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no tengo debido proceso. Todas las mentiras de Camilo Enciso son filtraciones que salen con distorsión de mi proceso que lleva Cristina Lombana, como es el caso de la factura del pago de un hotel. ¡No tengo derecho a la justicia! ¿Por qué filtran todo mi proceso?”, cuestionó Benedetti en su mensaje, con el que desató una fuerte reacción de sus críticos, algunos de ellos miembros del Congreso de la República.
Según se supo, todo esto estaría relacionado con el allanamiento a la residencia de Benedetti el pasado 11 de noviembre. Tras ese hecho, el ministro dirigió sus críticas hacia la togada Lombana, a la que acusó de sobrepasar los límites de sus funciones. En ese orden de ideas, afirmó que la togada se estaba “extralimitando” en el ejercicio de su cargo, lo que, a su juicio, agrava la situación de indefensión que remarcó con sus publicaciones en redes sociales.
Es válido destacar que Benedetti enfrenta actualmente alrededor de siete procesos activos ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de las investigaciones se centran en acusaciones de corrupción y posibles irregularidades financieras y contractuales cometidas durante el ejercicio de sus funciones como senador de la República, que hoy lo tienen en la mira de los altos tribunales, pese a su investidura actual.

Entre los procesos más relevantes figura el caso Fonade, en el que la Corte decretó el inicio del juicio en septiembre de 2025 y avaló pruebas por presunta corrupción vinculada al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, tras los testimonios de Musa Besaile y Bernardo “Noño” Elías. Además, el ministro del Interior es investigado por una supuesta compra de votos a través del ofrecimiento de contratos, sobre todo en Maicao (La Guajira).
Otros expedientes incluyen la reapertura de una investigación en noviembre de 2025 por presuntas maniobras para el cobro ilegal de pensiones. Asimismo, existen procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con el origen y la adquisición de propiedades de lujo, que buscan esclarecer el patrimonio de Benedetti bajo sospecha; motivo por el que se allanó su residencia en Puerto Colombia (Atlántico), por orden de la magistrada Lombana.
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