El 1 de diciembre de 2025 arrancará un aumento histórico en el programa Colombia Mayor, según confirmó la Gerencia Regional de Prosperidad Social desde Villavicencio.
De acuerdo con la información difundida por Radio Nacional, las personas adultas mayores sin pensión, mujeres a partir de 60 años y hombres desde 65, comenzarán a recibir $230.000 mensuales, una cifra notablemente superior a los $80.000 entregados hasta el ciclo anterior.
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Los pagos correspondientes a este incremento se efectuarán entre el 3 y el 16 de diciembre mediante el sistema de giros.
Voceros oficiales explicaron que el ajuste busca “garantizar ingresos más dignos y reducir la pobreza extrema entre las personas mayores del país”.
Tras conocerse la medida, Gustavo Petro, presidente de Colombia, se pronunció en su red social X subrayando que este cambio “inicia con toda la reforma pensional en la fase más necesaria”.
Petro recalcó que “la población de la tercera edad sin pensión pasará a recibir 230.000 pesos mensuales”, una frase que generó múltiples reacciones entre actores políticos y usuarios de plataformas sociales.
La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó de manera directa al presidente Gustavo Petro tras el anuncio del incremento en los pagos del programa Colombia Mayor.
A través de su cuenta en la red social X, la congresista advirtió: “Presidente Petro, no mienta”, subrayando que el mandatario no puede “arrancar” una reforma pensional cuya aprobación por la Corte Constitucional aún está pendiente.
Arbeláez manifestó que lo anunciado por el Ejecutivo únicamente implica “extender Colombia Mayor, un programa que ya existía”.
En su pronunciamiento, rechazó que se presente este ajuste como la puesta en marcha de cambios estructurales en el sistema de jubilaciones.
La legisladora remarcó: “No le mienta al país” y reiteró que la auténtica reforma a las pensiones continúa en revisión ante el tribunal constitucional.
Reforma pensional de Gustavo Petro está en vilo en la Corte Constitucional
El reciente empate en la Corte Constitucional dejó en pausa la decisión sobre la reforma pensional, lo que representa un obstáculo para la administración de Gustavo Petro y mantiene un ambiente de incertidumbre.
La Ley 2381, avalada en julio y aún bajo revisión constitucional, contiene 95 artículos; pese a ello, solo dos están vigentes: el establecimiento de las Accai, que sustituirían a los fondos privados, y la llamada “ventana de oportunidad”, mecanismo que facilita el traslado a Colpensiones sin intervención judicial para quienes superaron el límite legal para el trámite.
Gracias a esta ventana, aproximadamente 120.000 personas ya concretaron el traspaso, aprovechando la posibilidad de obtener mesadas más altas debido a los subsidios estatales en el sistema público.
Este grupo comprende principalmente a individuos con ingresos altos y próximos a la edad de retiro, que previamente saturaban los despachos judiciales buscando cambiar de régimen.
La normativa dispone que los fondos de estos traslados sean transferidos a un nuevo fondo de ahorro bajo la administración del Banco de la República. Sin embargo, la indefinición legal impide mover esos recursos y actualmente permanecen en manos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones".
Alejandra Sánchez, profesora universitaria y miembro de la junta en Colpensiones, explicó a Semana que esos dineros solo pasarán al sistema público cuando los beneficiarios logren la jubilación.
“Así el Estado se está responsabilizando de unos jubilados que estaban a cargo del sector privado”, declara Sánchez en el artículo.
A este panorama se suma el flujo de cotizantes con más de una década por delante para pensionarse, que, motivados por el contexto incierto, han acelerado su paso de fondos privados a públicos. Aunque transfieren los recursos de inmediato, Colpensiones utiliza estos aportes para cancelar obligaciones actuales, lo que proporciona liquidez inmediata, pero incrementa el pasivo futuro.
Sánchez calculó que estos movimientos suman cerca de 13 billones de pesos este año.
Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco comentó que esta ambigüedad detiene reglamentaciones y afecta la capacidad de la industria para planificar y diseñar nuevos productos para afiliados.
“Se necesita perfeccionar las reglas de juego para un sistema más sostenible”, concluyó Velasco.
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