Contraloría detectó irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía: qué encontró

La reciente auditoría de la Contraloría sobre el contrato entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S. puso en evidencia una serie de irregularidades que afectan directamente a los policías pensionados y a los recursos públicos destinados a su bienestar.

El informe, conocido por Semana, detalla cómo las advertencias de los pensionados encontraron sustento en los hallazgos del órgano de control fiscal, que identificó seis irregularidades graves en el proceso contractual iniciado en el segundo semestre de 2020.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Contraloría, en su informe de veintidós páginas, subraya que la revisión integral del convenio entre Casur y Dibanka S. A. S. reveló deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables.

Según el documento, estas fallas comprometen la legalidad, la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos públicos.

El órgano de control fiscal enfatizó: “La revisión integral del convenio suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S. evidenció una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad, transparencia y eficacia en la administración de recursos públicos”, según la Contraloría.

Uno de los puntos más críticos del informe es la ausencia de soportes claros y definidos sobre los objetos contractuales, lo que genera incertidumbre sobre la integridad de las cuentas y la legalidad de los pagos realizados.

La Contraloría concluyó: “Estos hechos no solo reflejan deficiencias administrativas y contables, sino que también generan una profunda incertidumbre sobre la integridad de la cuenta, la legalidad de los pagos realizados, la validez de los soportes documentales y la oportunidad en la toma de decisiones financieras en el interior de la entidad”, según el informe.

Además, el órgano de control advirtió sobre un patrón reiterado de omisión institucional en la vigilancia y protección de los intereses públicos en el marco del convenio entre Casur y Dibanka.

El contrato, firmado en 2020, tenía como objetivo la transformación digital de los trámites de los afiliados a Casur. Sin embargo, la Contraloría observó que el acuerdo se suscribió “sin valor contractual aparente” y que en la letra pequeña se estableció una reducción de porcentajes en las acciones a gestionar, asignando un porcentaje a la empresa sin justificación visible.

Para el año 2021, se fijó una devolución a favor de Casur del 17%, que aumentó al 18% en los años siguientes, sin que existiera una explicación clara sobre la metodología utilizada para determinar estos porcentajes. La respuesta de Casur a la Contraloría no logró aclarar cómo se estableció el porcentaje de devolución, lo que incrementó las dudas sobre la transparencia del proceso.

Entre las irregularidades más notorias figura un subcontrato entre Dibanka y la Fundación Donarte, ambas con sede en la misma oficina de Bogotá. Este subcontrato tenía como propósito desarrollar actividades de concientización sobre la salud mental y física de los policías pensionados, considerando que la mayoría de los afiliados a Casur supera los 60 años y presenta enfermedades cardiovasculares, metabólicas, trastornos del sueño y síntomas de estrés o ansiedad.

No obstante, la Contraloría no halló soportes sobre la ejecución, los beneficiarios ni las acciones realizadas para cumplir estos objetivos, aunque sí encontró evidencia de los descuentos porcentuales a favor de Dibanka.

El informe señala que los costos de estos servicios se trasladaron directamente a Casur y que los valores cobrados por la Fundación Donarte no fueron desagregados ni discriminados, a pesar de que la Contraloría solicitó esta información.

El órgano de control fiscal precisó: “Es decir, se le trasladan estos costos directamente a Casur y no se desagregan ni se desglosan estos valores cobrados por la Fundación, valores que se solicitaron por este ente de control desagregar y discriminar, pero finalmente no fueron allegados a esta auditoría”, según la Contraloría.

En cuanto a los proyectos de recreación, la Fundación Donarte tenía el compromiso contractual de desarrollar un proyecto vacacional en Apulo, Cundinamarca, para que los policías en retiro pudieran disfrutar de días de descanso con sus familias.

Sin embargo, hasta la fecha, el proyecto no ha avanzado y los pensionados afirman que “no hay ladrillo sobre ladrillo” en el lugar, lo que consideran una muestra más de los incumplimientos y la falta de transparencia tanto de la Fundación como de Dibanka. Los afectados insisten en que la responsabilidad también recae en quienes, desde la Policía, elaboraron el contrato.

Ante la magnitud de las irregularidades, la Contraloría solicitó la apertura de una investigación preliminar para determinar la cuantía final del presunto daño ocasionado por la ejecución del contrato.

En la petición se menciona una cifra parcial de $1.622 millones que no cuadran en las cuentas. El informe detalla: “Validación del pago (...) no se logra establecer el porqué del costo-beneficio y debida justificación del valor que se cobra por parte de la Fundación Donarte a Dibanka y que finalmente ‘paga’ Casur, ya que se les descuenta directamente.

Es decir, se le traslada esos costos directamente a Casur y no se desagregan ni desglosan estos valores cobrados por la Fundación, servicio que se cataloga como ‘servicio plataforma nube’ y que supera los 1.622 millones de pesos”, según la Contraloría.

Desde hace cinco años, policías adscritos a Casur denunciaron deficiencias en los servicios prestados por Dibanka y Donarte, señalando que los descuentos aplicados carecen de soporte y afectan el fondo de los pensionados.

El informe también revela que Dibanka fue constituida el 18 de agosto de 2020 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, pero su contratación ya había sido informada en mayo de ese año a los ciento cinco mil afiliados de Casur a través de la página web, lo que indica que el acuerdo se concretó antes de que la plataforma existiera legalmente.

Los denunciantes afirman que el entonces director de Casur, el brigadier general Jorge Alirio Barón Leguizamón, no realizó estudios de mercado ni consultó los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los representantes legales de la empresa contratada.

La Contraloría concluyó que la contratación se realizó sin cumplir los requisitos legales y técnicos mínimos, lo que impidió alcanzar los objetivos previstos.

El informe señala: “La situación obedece a fallas estructurales en la planeación, ejecución y control del gasto por parte de Casur, al haberse contratado un servicio sin contar con los requisitos legales y técnicos mínimos”, según el ente de control.

Además, se evidenció la ausencia de estudios previos, evaluación de idoneidad del contratista y seguimiento del cumplimiento contractual, así como deficiencias en la supervisión, la firma de actas, autorizaciones de pago y verificación de obligaciones contractuales asociadas al servicio de plataforma en la nube para actividades de promoción y prevención en salud.