La Fiscalía General de la Nación citó a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, para la audiencia de imputación de cargos dentro de la investigación relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con los carrotanques en La Guajira.
La diligencia fue programada para el lunes 1 de diciembre de 2025, fecha en la que los dos exfuncionarios deberán comparecer ante los jueces de control de garantías acompañados de sus abogados.
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La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la decisión luego de analizar los elementos materiales probatorios recaudados en la indagación, que vinculan formalmente a los exministros del Gobierno de Gustavo Petro con la presunta conformación de una organización criminal para desviar recursos públicos destinados a atender emergencias y necesidades de poblaciones vulnerables, como los niños en La Guajira.
Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá ya emitió un comunicado en el que confirmó la citación de la Fiscalía a los dos exministros.
“El tribunal, atendiendo la solicitud de audiencia preliminar elevada por la fiscalía, fija como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento el 1° de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m. En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la Fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público“, se leyó en el comunicado del tribunal.
En el documento consta que “se les informará que la diligencia se llevará a cabo de manera mixta, esto es, presencial y virtual, esta última modalidad para quienes se encuentren fuera de la ciudad. Para tal efecto, la oficina de sistemas del tribunal remitirá al correo electrónico registrado de los intervinientes un enlace remoto, junto con las instrucciones para conectarse a la videoconferencia".
El ente acusador informó que se imputa el delito de concierto para delinquir agravado, lo que configura el caso como una trama criminal organizada, además de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho para dar un ofrecer.
En ese sentido, también se conoció que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento de carácter privativo de la libertad, al considerar que los exministros representan un riesgo para el proceso judicial y para la sociedad.
Las pruebas de la Fiscalía
Como prueba fundamental figura la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, que, tras acordar un principio de oportunidad con el ente investigador, entregó detalles sobre reuniones sostenidas en las sedes ministeriales en el centro de Bogotá.
En esos encuentros, según Benavides, tanto Velasco como Bonilla habrían actuado de manera decisiva para canalizar cupos indicativos y direccionar contratos de obra a determinados congresistas a cambio de respaldo a reformas presentadas por el Ejecutivo.
El caso Ungrd representa uno de los mayores escándalos de corrupción en el actual gobierno y pone en el centro de la investigación a exministros, funcionarios y legisladores que, de acuerdo con los testimonios y pruebas, habrían participado en operativos para redirigir fondos públicos.
El alto tribunal también confirmó que a los dos exministros “se les indicará que podrán asistir de forma presencial en las salas de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá”.
Según la información que está en poder del organismo de control, citada por W Radio, los procesados habrían “coordinado con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.
Incluso, se conoció a través de la información oficial del tribunal que “se solicitará a las partes e intervinientes que, en caso de presentarse inconvenientes tecnológicos que les imposibiliten participar en la audiencia, informen dicha circunstancia con la debida antelación”,.
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