Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, acusados por la Fiscalía por corrupción en la Ungrd: estos son los condenados hasta ahora

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Colombia involucra el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres.

La investigación revela una red de funcionarios y contratistas que, mediante contratos irregulares, favorecieron la apropiación indebida de fondos públicos. Las autoridades han logrado identificar operaciones fraudulentas que afectan la operatividad y credibilidad de la entidad encargada de la gestión de riesgos en el país.

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Entre los implicados figuran exdirectivos, asesores y políticos de alto nivel, quienes enfrentan procesos judiciales por delitos como peculado, concierto para delinquir, cohecho y lavado de activos.

Recientemente, los funcionarios que podrían ser sancionados por este caso son los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara un escrito de acusación y solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que los exfuncionarios habrían participado en la entrega de contratos y coimas a congresistas a cambio de apoyos para las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.

De confirmarse esta medida, Velasco y Bonilla se suman a la lista de exdirectivos y políticos nacionales que fueron condenados por la justicia por este entramado de corrupción.

Sneyder Pinilla

Uno de los primeros involucrados que fue llevado ante las instancias judiciales fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, que fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Según la investigación de la Fiscalía, Pinilla fue señalado por su presunta participación en la manipulación indebida de contratos de obras y la asignación de horas de maquinaria pesada entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 en al menos cinco departamentos.

Además, se le acusó de haber actuado en connivencia con funcionarios de dos ministerios, asesores, un enlace de la Presidencia, congresistas y contratistas. Pinilla fue condenado por el tiempo mencionado, tras lograr un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía por su colaboración con la justicia, lo que derivó en una reducción del 45% en su condena.

Pedro Rodríguez Melo

Posteriormente, se encuentra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Ungrd, también fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por desvío de recursos públicos mediante contratos irregulares.

El ente acusatorio detalló que el exfuncionario había direccionado la contratación para la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira y para obras de mitigación de emergencias en varios departamentos del país.

Al igual que Pinilla, Rodríguez Melo también efectuó un preacuerdo con la Fiscalía, donde también se comprometió a regresar el dinero del cual se apropió ilícitamente.

Otros involucrados en proceso

De otro lado, otras personas vinculadas al caso aún enfrentan imputaciones, orden de captura o se encuentran en investigación.

Uno de ellos es Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), siendo uno de los principales testigos en el caso de corrupción de la entidad.

La investigación indica que López habría autorizado o facilitado la suscripción de convenios y pagos ficticios, permitiendo que recursos públicos fueran desviados hacia políticos, funcionarios y terceros ajenos al objeto de los contratos.

El exfuncionario colaboró con la justicia al entregar información sobre la red de desvío de recursos y el papel de otros funcionarios y políticos implicados. La Fiscalía y su defensa intentaron concretar un preacuerdo para una rebaja de pena a cambio de su testimonio y colaboración.

Sin embargo, ese preacuerdo fue rechazado inicialmente por razones técnicas y procesales, por lo que su situación jurídica sigue bajo análisis.

A pesar de aportar detalles cruciales para la investigación, López no ha recibido una sentencia definitiva y permanece vinculado al caso en calidad de colaborador judicial, a la espera de una decisión por parte de la justicia sobre su situación.

El escándalo también involucra a los excongresistas Iván Name y Andres Calle, quienes en el momento de los hechos eran los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, respectivamente.

Las autoridades los acusan de recibir sobornos por aproximadamente 4.000 millones de pesos, entregados a cambio de facilitar la aprobación de proyectos legislativos favorables al Gobierno nacional durante el periodo en el que operaba la red de corrupción.

Según las investigaciones, los pagos ilícitos provenientes de contratos irregulares y desvío de recursos de la Ungrd habrían beneficiado a Name y Calle para influir en decisiones del Congreso.

Su vinculación con el caso se fundamenta en testimonios, movimientos financieros e interceptaciones que apuntan a que ambos participaron en la negociación y recepción de los dineros desviados del presupuesto público gestionado por la Ungrd.

Actualmente, ambos enfrentan medidas de aseguramiento y permanecen bajo custodia judicial mientras avanzan los procesos penales y se les investiga por los delitos de cohecho, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, relacionados con el desvío de fondos de la Ungrd.

Otros actores como César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, son investigados por su presunta relación con los desvíos millonarios de recursos públicos de la entidad nacional.

A César Manrique se le acusa de haber participado en el desvío de aproximadamente 100.000 millones de pesos mediante contratos irregulares suscritos entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras. Según la Fiscalía, habría recibido una coima cercana a los 3.000 millones de pesos por facilitar y direccionar esos contratos.

Carlos Ramón González enfrenta cargos por cohecho y lavado de activos. La entidad judicial considera que coordinó y avaló la entrega de sobornos destinados a la aprobación de proyectos clave para el Gobierno, utilizando recursos provenientes de la Ungrd. Su rol en el Gobierno y los testimonios de otros implicados lo ubican como articulador de algunos movimientos de dinero vinculados al escándalo.

Sandra Ortiz es señalada de gestionar acuerdos políticos y facilitar contactos entre miembros del Gobierno, congresistas y directivos de la Ungrd para asegurar la entrega de recursos a cambio de apoyo en el Congreso. Los investigadores la relacionan con la intermediación en la entrega de sobornos y el direccionamiento de fondos públicos hacia fines ajenos al objeto de los contratos.

Los dos primeros están prófugos de la justicia, por lo que cuentan con circular roja de Interpol, por lo que se encontrarían fuera del territorio colombiano. Mientras que Ortíz permanece bajo detención preventiva en la dirección de la Policía de Carabineros de Bogotá.