Denuncian presunta desaparición y retención de un menor de edad por parte del Estado; Ejército negó señalamientos: “Hay más de un caso”

El Ejército Nacional y el Gobierno del presidente Gustavo Petro están bajo el escrutinio público debido a la manera como se ha estado enfrentando a los grupos armados que operan en distintos departamentos del país. Se han autorizado y ejecutado operaciones militares, que han incluido bombardeos, en las que varios menores de edad –al menos 15–, reclutados por las organizaciones criminales, han muerto.

La institución y la administración justificó los ataques y las cifras de niños, niñas y adolescentes muertos, bajo el argumento de que han sido necesarias dichas operaciones, pese a los riesgos que se corrían de afectar la integridad y la vida de los menores de edad.

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Pero, la muerte de los menores no es el único problema que hoy permea al Ejército. El Colectivo Justicia Racial emitió un comunicado en el que advirtió sobre la desaparición y presunta retención ilegal de un menor de edad indígena, identificado como L.C.A.V., por parte del Estado colombiano. De acuerdo con lo advertido en la comunicación, el menor fue capturado en una operación militar adelantada entre Puerto Santander y Mirití-Paraná (Amazonas) contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco; su familia no sabe nada de él desde el 1 de octubre de 2025 y presumen que está en manos del Ejército Nacional.

La desaparición y presunta retención ilegal del menor de edad

En conversación con Infobae Colombia, Alí Bantú Ashanti, abogado y CEO del Colectivo Justicia Racial, entregó más detalles de la denuncia que realizó la organización, cuyos profesionales en Derecho están representando a las familias de los menores de edad víctimas de operaciones militares llevadas a cabo en Leticia, Guaviare, Cauca y Arauca.

De acuerdo con el abogado, aunque desde el Ejército o el Gobierno no se ha emitido información oficial al respecto, las familias de algunos menores han denunciado hechos presuntamente irregulares que captaron la atención de la organización.

“En lo que respecta a la “retención ilegal” de un menor, el Estado no ha salido a reconocerlo oficialmente, pero eso no significa que no exista. Lo que hay es un conjunto de hechos profundamente preocupantes: niños que aparecen muertos en operativos militares, otros que desaparecen sin explicación y familias que no reciben respuestas”, detalló Ashanti a este medio.

El colectivo supo sobre este caso debido a que la familia de la víctima se acercó a ellos denunciando lo ocurrido. Los padres informaron que su hijo desapareció tras un bombardeo del Ejército contra un grupo armado, y que otro de ellos está desaparecido y creen que estaría retenido ilegalmente.

La organización empezó a investigar y a revisar información sobre los hechos, tratando de hallar respuestas sobre el paradero y el estado de salud del menor de edad, pero no encontraron datos que indiquen donde podría estar.

“Cuando se hizo evidente que no había respuestas oficiales claras, se tomó la decisión de visibilizarlo. No fue un acto impulsivo, fue una respuesta necesaria ante una situación que ya era insostenible para esa familia”, explicó.

Aclaró que aunque por ahora se tiene confirmada la desaparición de un menor de edad, que se presume irregularmente retenido, habría otros casos que están investigando.

“Sí, hay más de un caso. No estamos hablando de un hecho aislado, sino de una situación que empieza a dibujar un patrón peligroso: menores involucrados en escenarios de guerra, muertos, heridos o desaparecidos, y un aparato estatal que responde con silencio o con versiones incompletas”, detalló.

Según Alí Bantú, estos otros casos lograron identificarse porque la información empezó a “repetirse” desde distintos lugares y al mismo tiempo. Hay informes forenses que confirman las edades de los menores muertos, hallaron denuncias de familiares en diferentes regiones, reportes periodísticos, llamados de atención por parte de comunidades y “organizaciones sociales que cuentan historias casi idénticas”.

Aseguró que hay varios expedientes sobre el tema y que son muchas las familias que están exigiendo respuestas al Estado colombiano. “Cuando todo empieza a coincidir –lugares, edades, modos de muerte, ausencia de respuestas–, lo que queda claro es que no estamos frente a una coincidencia, sino frente a una realidad que ha sido invisibilizada”, precisó.

Aclaró que desde que fue emitido el comunicado con la denuncia del menor desaparecido y presuntamente “retenido” (21 de noviembre de 2025), no han recibido información concreta sobre los hechos por parte del Estado colombiano. Esto, según detalló, ha prolongado el sufrimiento de la familia, así como la desconfianza.

“El menor sigue desaparecido. Nadie ha dicho “aquí está”, nadie ha dicho “está vivo” ni “está muerto”. La familia sigue en la misma incertidumbre, que quizás es una de las peores formas de violencia que existen”, explicó.

Ejército negó retención ilegal del menor

Infobae Colombia consultó con el Ejército Nacional al respecto, indagando sobre su versión de los hechos. De acuerdo con la información recibida por la institución, el menor de edad, presuntamente, habría muerto y su cuerpo estaría en Medicina Legal en el departamento de Meta. Indicó que se sigue esperando la identificación para confirmar que se trate de la persona reportada como desaparecida por la familia y por el colectivo de abogados.

En ese sentido, el Ejército aseguró que “el tema de la retención no es verdad”.

El colectivo recibió una respuesta similar del Ejército, que aseguró que el menor no aparecía entre “el personal capturado o sometido” en la operación que se adelantó contra las disidencias. Aclaró que los cuerpos de los combatientes que murieron en el ataque “fueron objeto de levantamiento por parte de policía judicial y posteriormente entregados al Instituto nacional de medicina Legal – Secciona Meta”.

Sin embargo, por medio de una acción de tutela interpuesta por Héctor Marcial Quiñones Quijano, que actuó como agente oficioso del menor de edad, el Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá emitió una sentencia en la que negó el recurso. En la sentencia, aclaró que requirió a varias entidades para indagar sobre el paradero del menor: entre ellas, a la Fiscalía General de la Nación – seccional Amazonas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Amazonas, y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Todas las entidades, incluyendo Medicina Legal, aseguraron no tener registros del menor.

“En relación con el menor L.C.A.V., la profesional Lina Fernanda Sabogal Rodríguez, de la oficina de Desaparecidos de la Dirección Seccional Meta, señala que realizo la búsqueda en los aplicativos SIRDEC, SICOMAIN, SICLICO y no encontró registro del menor como desaparecido y negativo para cadáver en las bases de datos con las que cuenta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, detalla el documento suministrado a Infobae Colombia.

Juzgado no halló pruebas que señalen al Ejército

El juzgado declaró improcedente la tutela, en la que se solicitaba la protección del derecho fundamental de habeas corpus, indicando que no hay evidencia sobre la captura o recuperación del menor, por lo que no es posible presumir una vulneración a sus derechos. Además, indicó que tampoco hay pruebas que indiquen que el Ejército tiene retenido al menor.

“No es válido atribuirle al Ejército Nacional la omisión de iniciar un el procedimiento administrativo relacionado con la captura o recuperación del menor (…). No existen elementos de prueba que permitan afirmar que dicha institución tenga en su custodia al menor”, expuso.

Frente a esta decisión procede el recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Los menores de edad muertos en los bombardeos: ¿crímenes de guerra?

Alí Bantú también criticó las operaciones militares adelantadas por el Ejército para combatir a grupos armados que reclutan menores de edad y que los utilizan como escudos humanos. Aseguró que aunque las organizaciones criminales enlisten en sus filas a niños, niñas y adolescentes, los menores no pueden ser blancos del Estado.

“Que un niño haya sido reclutado no lo convierte en un objetivo legítimo de guerra. Sigue siendo un niño. Sigue teniendo derechos. El Estado tiene una responsabilidad mayor frente a ellos, no una licencia para eliminarlos”, aclaró.

En ese sentido, aseguró que este tipo de actuaciones que se están presentando –y que podrían seguirse presentando, porque el Gobierno continuará con los bombardeos– deben ser consideradas crímenes de guerra. Desde su perspectiva, hay una gravísima violación del derecho internacional humanitario (DIH) que no puede dejarse pasar.

“No es una exageración, es una categoría jurídica real. La infancia tiene protección especial en cualquier conflicto armado, y esa protección fue vulnerada de manera brutal”, detalló.

Por otro lado, según el comunicado del colectivo, las familias de los menores de edad que han muerto en los bombardeos han estado siendo buscados e interrogados por funcionarios de Naciones Unidas. Según detalló el CEO de la organización, las familias fueron intimidadas y revictimizadas por los trabajadores de la ONU.

Ashanti informó que las víctimas dieron sus testimonios, afirmando que fueron interrogadas con “dureza” y sin ninguna preparación emocional ni acompañamiento. En ese sentido, habrían sido obligadas a responder preguntas “sin claridad” y sin saber con certeza para quiénes iban dirigidas sus respuestas.

“Aunque no haya todavía un informe público detallado de la ONU reconociendo esa actuación, lo que sí hay es una experiencia humana que no puede ser desestimada. Y aquí es importante decirlo con claridad: cualquier organismo que diga trabajar por los derechos humanos tiene la obligación de cuidar, no de abrir más heridas”, precisó Bantú a este medio.