Armando Benedetti criticó sanción del CNE a la campaña Petro: “Es aburrido y harto”

La sanción emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por violación de topes electorales y financiación irregular generó diferentes reacciones en el país.

Uno de ellos fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que cuestionó la decisión adoptada por el órgano electoral, al considerarlo como una ‘animadversión’ contra la figura del actual mandatario de los colombianos.

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“No estoy de acuerdo con esa decisión. Se respetará y se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones, pero el Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el Pacto Histórico o al mismo presidente”, señaló el jefe de cartera en una rueda de prensa.

Incluso, Benedetti cuestionó que los magistrados adopten esta decisión, teniendo en cuenta que se aproxima el inicio de la campaña electoral de Congreso y Presidencia.

“Todas sus decisiones siempre han sido así o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. Es aburrido y harto que hayan tomado la decisión en plena época electoral. De no tomar una decisión sobre si se conformaba o no se conformaba el Pacto Histórico como partido. Llevan tres años en eso. No han querido nunca dejar que se materialicen los partidos del Pacto Histórico (...) No quisieron dejar hacer la consulta. Friegan con la campaña. Lo llevaban haciendo. Hay acérrimos enemigos del presidente que han estado en la presidencia del Consejo Nacional Electoral atacando. Esto es un ataque más”, agregó.

Adicional a ello, recordó que durante la campaña presidencial de Petro se desempeñaba como jefe político. “Yo era la mano derecha y tenía que ver con lo que tiene que ver con política, no con nada administrativo ni mucho menos financiero. Entonces, eso es importante”, mencionó.

Pese a la sanción del CNE, Benedetti confía en que el progresismo colombiano pueda obtener la victoria en los comicios del año entrante.

“Nos han hecho de todo al Gobierno y a miembros del Gobierno y aun así la última encuesta da el 41 por ciento de aprobación. Ese es el susto que tiene la derecha, ese es el susto que tiene la oposición, de que aún tenemos el 41 por ciento de aprobación”, recalcó.

A su vez, el funcionario recordó que la investigación pasará a manos de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Tengo entendido que ahora tiene que ir a la Fiscalía esa investigación, y la Comisión de Acusaciones es la que tiene que ver con el presidente (Gustavo Petro). Entonces, el mensaje es que en época electoral están sacando fallos que afectan al Gobierno”, puntualizó.

De igual manera, el ministro utilizó su cuenta de X donde aseveró que la decisión obedeció a una elección previa en el Congreso donde, según él, son elegidos con intereses políticos.

“El CNE siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico. El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña. Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición, sus magistrados también”, afirmó en la red social.

Detalles de la sanción contra la campaña Petro Presidente

La sesión realizada el jueves 27 de noviembre de 2025 se desarrolló en menos de una hora y contó con la participación de dos conjueces.

La ponencia, presentada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), obtuvo el respaldo de los magistrados ponentes, así como de Maritza Martínez (partido de la U), Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campos (Partido Conservador) y el conjuez Majer Nayi Abushihab.

Entre tanto, el conjuez Iván Acuña votó en contra, mientras que la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) se apartó del caso por estar recusada y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) se declaró impedido debido a su vínculo laboral previo con la campaña del Pacto Histórico como abogado.

Según la investigación realizada por Ortíz y Prada, la campaña excedió los topes permitidos en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones correspondieron a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda.

Entre las irregularidades detectadas figuran omisiones en los informes de la campaña, como el aporte del sindicato de maestros Fecode, la contratación de publicidad política en Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica (UP).

El fallo también identificó la utilización de fuentes prohibidas para la financiación, incluyendo un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos a testigos electorales realizados por la empresa Ingenial Media SAS. La resolución detalla que se comprobó la remuneración a 30.256 testigos electorales para la campaña de la coalición del Pacto Histórico en la primera vuelta.

Las sanciones impuestas alcanzan a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial, junto a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soyo Caro, auditora interna de la campaña en la primera vuelta.

Los tres deberán pagar una multa de 2.252 millones de pesos y, de manera solidaria, otros 2.447 millones de pesos por exceder los topes electorales en la primera vuelta.

En relación con la segunda vuelta presidencial, el CNE impuso una sanción adicional de 627 millones de pesos a los mismos directivos por financiación prohibida, y otra de 596 millones de pesos por nueva violación de topes electorales. De este modo, la suma total que la campaña deberá devolver supera los cinco mil millones de pesos.

El fallo también incluyó sanciones para los partidos políticos involucrados. Tanto el Movimiento Colombia Humana como la Unión Patriótica (UP) recibieron multas individuales de 583 millones de pesos cada uno.

La resolución ordena, además, remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por posibles delitos relacionados con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los límites de gasto, fraude procesal y otras conductas que puedan determinarse.