Cuál fue el presunto papel del exministro Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción de la Ungrd

La investigación sobre el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue tomando relevancia. Uno de los nombres que cobró especial protagonismo es el del exministro del Interior Luis Fernando Velasco al que la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos.

Esto se debe a su presunta participación en delitos graves vinculados al direccionamiento de contratos y el uso de recursos del Estado como moneda de cambio para asegurar apoyo político en el Congreso. Velasco enfrenta acusaciones de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

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La investigación sugiere que, más allá de su función en el Ministerio del Interior, Velasco habría jugado un rol clave en el manejo de los contratos de la Ungrd. Según testimonios de exfuncionarios de la entidad, el ex alto funcionario estaría presuntamente involucrado en una red de corrupción que utilizaba los recursos de la entidad para asegurar la aprobación de proyectos de ley y reformas a favor del Gobierno, a cambio de apoyo de congresistas.

El rol de Luis Fernando Velasco como “articulador político”

De acuerdo con las investigaciones y señalamientos de las autoridades, el papel de Luis Fernando Velasco no se limitó a la administración de su Ministerio del Interior (cargó que ocupó entre mayo 2023 hasta junio 2024). Según las autoridades, él habría desempeñado el rol de “articulador político” dentro de la estructura política del Gobierno de Gustavo Petro.

Su supuesta función consistía en dirigir los contratos de la Ungrd hacia determinados congresistas, como una forma de asegurar su apoyo a proyectos clave del Ejecutivo.

Una de las declaraciones más reveladoras proviene de Olmedo López, que se desempeñó como director de la Ungrd en el periodo en el que se desarrolló todo el entramado de corrupción y el principal responsable. El exfuncionario, en su testimonio ante la Fiscalía, afirmó que Velasco le dio instrucciones explícitas para direccionar los contratos de la entidad hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del Gobierno.

López detalló que, bajo esta dirección, los contratos no se asignaban basados en criterios técnicos o de necesidad, sino por el compromiso político adquirido con el Ejecutivo. En su declaración, el exdirector de la Ungrd mencionó un caso específico: el direccionamiento de contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi, que, según los testimonios, recibió contratos sin justificación de urgencia o necesidad, simplemente por su apoyo al Gobierno.

Además, López detalló cómo se negociaba la entrega de “cupos indicativos”, que son los recursos asignados a proyectos de congresistas. Según su declaración, Velasco se habría comprometido a entregar hasta $80.000 millones en contratos a cambio de apoyo en iniciativas políticas cruciales para el Gobierno, como la fallida reforma a la salud; este tipo de acuerdos serían una de las claves para asegurar la “gobernabilidad” en el Congreso.

El cónclave ilegal y la búsqueda de apoyo para créditos internacionales

Otro aspecto relevante en la investigación son los supuestos acuerdos ilegales orquestados en reuniones clandestinas, conocidas como “cónclaves”. Según la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides —que recibió un principio de oportunidad con la Fiscalía—, Velasco habría participado en uno de estos encuentros junto al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

El propósito de estas reuniones, según Benavides, era negociar la aprobación de créditos internacionales vitales para la Nación, con el uso de los contratos de la Ungrd como un “caramelo” para desbloquear el apoyo político necesario. En su testimonio, la exasesora explicó que los contratos de la entidad serían utilizados para “mover” el apoyo de los congresistas y asegurar los votos requeridos en las comisiones económicas del Congreso.

En este esquema, Velasco y Ramírez, según las declaraciones, eran los encargados de gestionar los contratos y asegurar la lealtad de los legisladores a cambio de recursos públicos. La exasesora indicó que estos acuerdos tenían como objetivo evitar obstáculos para los proyectos del Ejecutivo, utilizando los recursos de la Ungrd como instrumento de negociación.

Las pruebas contra el exministro Luis Fernando Velasco

Las investigaciones se centran en una serie de pruebas que vinculan a Luis Fernando Velasco con el presunto entramado de corrupción. En primer lugar, las declaraciones de Olmedo López, Sneyder Pinilla —ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd— y María Alejandra Benavides se convirtieron en piezas fundamentales en el proceso. Ambas testimonios detallan con precisión cómo se estructuraba la red de corrupción, destacando la participación activa del exministro del Interior en el direccionamiento de contratos y en la negociación de apoyos políticos.

Además, se reveló que Olmedo López entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración que, según las autoridades, detalla los pormenores de la red de corrupción. Este esquema incluye nombres de funcionarios y políticos implicados, entre ellos Velasco, al que se describe como uno de los principales actores en todo el entramado.

El valor de los contratos que, según se cree, se habrían entregado de manera irregular asciende a más de $92.000 millones. Estos acuerdos habrían sido destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), lugares donde los recursos eran fundamentales para la gestión del riesgo de desastres.