La exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Inés Durán, denunció formalmente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presunta omisión funcional, prevaricato por omisión y negligencia sistemática en el manejo de 41 denuncias penales relacionadas con acoso, abuso sexual, discriminación y violencias basadas en género contra deportistas mujeres.
Según la información presentada por El Espectador, estas denuncias fueron interpuestas por atletas que reportaron graves hechos de violencia en 2022, durante el periodo en el que Durán aún acompañaba estos procesos desde su cargo como directora del IDRD, entre 2020 y 2023.
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De acuerdo con el documento radicado, Durán acompañó 41 denuncias penales por violencias basadas en género contra deportistas, las cuales estaban bajo conocimiento de la Fiscalía General. No obstante, según la exfuncionaria, la entidad no respondió al derecho de petición que ella presentó en marzo de 2024 para conocer el estado de avance de las investigaciones.
La respuesta solo llegó luego de que un juez fallara una acción de tutela a su favor el 19 de agosto de 2025, ordenando a la Fiscalía entregar información sobre los procesos que habían sido acompañados desde su administración.
Diferencias entre la información solicitada y la entregada por la Fiscalía
Aunque la tutela permitió obtener un reporte oficial, el documento reveló una inconsistencia significativa: la Fiscalía únicamente informó sobre 27 casos, es decir, 14 denuncias menos que las 41 inicialmente reportadas por Durán. Estas 14 denuncias no aparecieron en los registros entregados por la entidad.
Asimismo, del total de los 27 casos visibles en el informe 8 permanecen activos, 19 fueron archivados o precluidos y los motivos de archivo aparecen descritos bajo causales como “inexistencia del hecho” o “conducta atípica”.
Para Durán, este panorama constituye un patrón de inactividad institucional y una falta de diligencia en el trámite de procesos relacionados con violencia de género, especialmente cuando involucran a deportistas en contextos de vulnerabilidad.
Demoras de más de tres años sin audiencias de imputación
El documento entregado a la Comisión indica que, tras más de tres años desde la radicación de estas denuncias, ninguna ha llegado a sentencia condenatoria. Además, en varios de los casos, no se ha realizado la audiencia de imputación, lo que evidencia un estancamiento prolongado en procesos cuya naturaleza exige celeridad y acompañamiento adecuado a las víctimas.
Durán sostiene que estas demoras constituyen una omisión funcional que afecta directamente a las deportistas que denunciaron, pues limita su acceso efectivo a la justicia y prolonga su exposición a situaciones de revictimización.
Señalamientos sobre un posible patrón de archivo acelerado
La denuncia también subraya que la respuesta entregada por la Fiscalía refleja una tendencia interna al cierre acelerado de casos, con motivaciones clasificadas bajo causales genéricas y sin un análisis profundo de los hechos.
Según el documento, este comportamiento podría configurar una falta disciplinaria gravísima y, eventualmente, el delito de prevaricato por omisión, dado que se trataría de decisiones adoptadas sin los elementos necesarios para valorar debidamente los casos.
Responsabilidades de la fiscal general y motivación de la denuncia
Durán argumenta que la fiscal general, en su calidad de máxima responsable del ente acusador, tiene la obligación de garantizar el avance efectivo de las investigaciones, particularmente en asuntos que involucran violencias basadas en género. Señala que, al no asegurar dicho avance, se habría producido un incumplimiento de los deberes constitucionales que le corresponden como garante de los derechos de las víctimas.
La denuncia sostiene que la falta de avance, la ausencia de respuestas oportunas, la desaparición de 14 casos del registro oficial y el archivo de la mayoría de las denuncias sin resultados de fondo son elementos que permiten cuestionar la gestión institucional en estos procesos.
Solicitudes ante la Comisión de Investigación y Acusación
En su documento, Durán le solicita a la Comisión abrir una investigación formal contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, así como ordenar a la Fiscalía la entrega de un informe completo y actualizado sobre todas las denuncias interpuestas por deportistas entre 2021 y 2025, garantizando la reserva de las identidades.
Además pide crear una unidad especial encargada de investigar violencias en el deporte y revisar los criterios de archivo aplicados y establecer un sistema estadístico de seguimiento permanente.
La denuncia también advierte que, si la Comisión encuentra méritos suficientes, el proceso podría avanzar hacia la Cámara de Representantes, el Senado o incluso la Corte Suprema, de acuerdo con las competencias establecidas.
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