El comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, confirmó que el Ejército Nacional abrió una investigación luego de conocerse un informe de Noticias Caracol que advierte sobre presuntos vínculos entre el general Juan Miguel Huertas y Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, identificado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc.
En un comunicado público, Cubides señaló que “frente a las denuncias realizadas por un medio de comunicación nacional, desde las Fuerzas Militares, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Nacional y en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al Ejército Nacional adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes”.
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La decisión se tomó tras la información aportada por el medio, la cual involucra a un alto oficial de la institución con estructuras armadas al margen de la ley.
El comandante remarcó que “adoptaremos las medidas que correspondan, actuando de manera diligente y transparente”, y reiteró: “Como Comandante General de las Fuerzas Militares ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país”.
En declaraciones a Semana, el exministro de Defensa Diego Molano explicó que el retiro del general Huertas obedeció a “información de inteligencia, contrainteligencia, desempeño y lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno”.
Añadió que existían “reportes que motivaron la decisión a discrecionalidad del presidente de la República”.
La apertura de esta investigación interna fue formalizada tras la difusión del informe periodístico que mencionó supuestos nexos de Huertas con alias “Calarcá”, con el propósito de contribuir a la claridad de los hechos y reforzar los controles institucionales.
Detalles de la investigación
Durante casi un año, Noticias Caracol llevó a cabo una amplia investigación para rastrear y comparar archivos secretos que, según el medio, permiten revelar una red de conexiones entre líderes de las disidencias de las Farc, encabezados por Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y altos funcionarios del Estado colombiano.
La pesquisa incluyó chats, correos, cartas, fotografías y numerosos documentos. Su análisis sugeriría una relación directa entre las disidencias y el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, así como con Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ambos nombres ocupan un lugar central en la información expuesta al público.
El reportaje indica que la existencia y autenticidad de los documentos fue confirmada por miembros de las disidencias, cuya identidad permanece reservada. Un líder guerrillero del Estado Mayor Central confirmó el contacto directo con el general Huertas y con el jefe de la DNI, enfocado en la creación de supuestas empresas de seguridad. Parte de la evidencia incluye una carta sobre una reunión en Bogotá, donde se discutieron permisos armados y favores políticos relacionados con intereses y venganzas personales.
Qué dijo Pedro Sánchez
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó el compromiso del Gobierno con la legalidad después de un reportaje de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios y las disidencias de las Farc.
Sánchez instruyó una investigación exhaustiva y aseguró la cooperación total con la Fiscalía, enfatizando que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”, escribió Sánchez en sus redes sociales, donde también señaló que el Ministerio actuará bajo los principios de transparencia y legalidad.
Añadió: “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria”. Para el ministro, quienes incumplan con la Constitución enfrentarán consecuencias legales.
Sánchez identificó a alias Calarcá y a alias Iván Mordisco como delincuentes relacionados con delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión y narcotráfico.
Explicó que, aunque la orden de captura de Calarcá se encuentra suspendida por la Ley de Paz Total (Ley 2272) en el contexto de los diálogos permitidos, esa situación “no es un salvoconducto para delinquir”. Si la fuerza pública lo sorprende cometiendo algún delito, procederá a su captura inmediata.
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