La Procuraduría General de la Nación formuló este viernes pliego de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en la administración del predio Aguas Vivas, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, cuyo valor supera los cuarenta mil millones de pesos.
Según W Radio, la medida busca establecer responsabilidades disciplinarias por la posible gestión indebida de bienes públicos durante la administración de Quintero.
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La investigación señala que el lote en cuestión había sido transferido sin costo al Distrito como parte de una obligación urbanística.
Sin embargo, la administración de Quintero habría impulsado la devolución del terreno, lo que permitió que se concretara una venta por una suma superior a cuarenta mil millones de pesos. Este movimiento administrativo es el eje de las acusaciones que ahora enfrenta el exalcalde y su equipo.
El pliego de cargos incluye a Jasbleidy Pirazán García, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, y a exsecretarios de la administración de Quintero en áreas como desarrollo económico, educación, innovación digital y la Secretaría General. También figuran nueve exfuncionarios de la Alcaldía y tres particulares.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha reunido cerca de cuatro mil pruebas documentales y el viernes 21 de noviembre, en horas de la tarde, comenzará la audiencia de acusación que da inicio a la fase preparatoria del juicio oral.
En ella, Daniel Quintero y otras doce personas deberán responder por un presunto negocio irregular que habría permitido la venta del lote, originalmente cedido al Distrito de manera gratuita como parte de una obligación urbanística.
La Fiscalía les imputó cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
El expediente de la Fiscalía detalla más de cuarenta testimonios y cientos de peritajes, de los cuales más de quinientos corresponden únicamente a Daniel Quintero, según la abogada Gloria Jaramillo.
Según la investigación, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 los involucrados habrían intentado favorecer económicamente a terceros mediante una conciliación prejudicial que transformó la cesión gratuita del predio en una compraventa.
La ‘resumen ejecutivo’ de Quintero en X sobre el escándalo de Aguas Vivas
El exalcalde Daniel Quintero utilizó la red social X para exponer su versión de los hechos y detallar lo que considera contradicciones e irregularidades en la investigación por el caso Aguas Vivas.
Según Quintero, todo comenzó con la firma de un contrato por el lote denominado Aguas Vivas apenas 24 horas antes de que concluyera el mandato de Federico Gutiérrez.
“Fico firma un contrato 24 horas antes de terminar su gobierno por un lote llamado Aguas Vivas”, afirmó el exalcalde, añadiendo que su administración decidió dar por terminado dicho contrato ante la existencia de irregularidades y presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía: “Mi gobierno lo termina por irregularidades y denuncia ante Fiscalía”.
Quintero sostiene que la Fiscalía inicialmente no actuó frente a su denuncia: “La Fiscalía no hace nada”, señaló, y que posteriormente la administración de Gutiérrez habría contratado a la Fiscal de Medellín, lo que, según él, condicionó la investigación. El exalcalde denunció que la Fiscalía inició un proceso en su contra por terminar el contrato y no haber efectuado el pago correspondiente al lote: “La Fiscalía me investiga a mí por terminar el contrato y no pagar por el lote”.
En el desarrollo del proceso, la Fiscal habría argumentado que el lote ya pertenecía a la Alcaldía y que no debía devolverse, lo que habría ocasionado una pérdida de 44 mil millones de pesos.
Sin embargo, Quintero asegura que acto seguido la misma Fiscal reconoció que era necesario finalizar el contrato y devolver el predio, evidenciando, según él, contradicciones en la interpretación de los hechos: “Acto seguido la Fiscal reconoce que había que terminar el contrato y devolver el lote. No leyó mal”.
El exalcalde también cuestionó que la imputación se hiciera sobre el valor total del lote en lugar de centrarse en una eventual sanción. “Cuestionan a la Fiscal por haber imputado por el valor del lote y no por el valor de la sanción. Le piden a la Fiscal que diga cuál es el valor de la sanción”, explicó, recordando que el contrato carecía de cláusula sancionatoria.
Además, denunció que la Fiscalía señaló la emisión de licencias urbanísticas bajo un decreto que supuestamente modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aunque las licencias correspondían a periodos anteriores al decreto: “La Fiscalía dice además que se emitieron licencias por un decreto que supuestamente modificó el POT, pero las licencias resultaron ser de periodos anteriores al decreto”.
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