Mayorías en el Congreso buscan hundir la reforma tributaria: Katherine Miranda anunció que radicaron ponencia de archivo

El avance de la ponencia de archivo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes dejó a la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro al borde del fracaso legislativo, tras la consolidación de mayorías en el Congreso que se oponen a la iniciativa y la presentación de argumentos que cuestionan tanto su contenido como su oportunidad política.

La representante Katherine Miranda formalizó la radicación del documento que busca archivar el proyecto, argumentando que la sociedad colombiana no soporta una nueva carga impositiva.

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Según Miranda, la reforma pretende recaudar 26 billones de pesos, lo que, en su opinión, implica “meterle la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos”.

La congresista sostuvo que la propuesta “afecta directamente a los más pobres y a la clase media”, y criticó el aumento en el costo de la gasolina, señalando que, pese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, ese incremento “golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores, y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos”.

En su intervención, Miranda enfatizó: “Radico esta ponencia de archivo porque esta reforma sí afecta a quienes menos tienen y porque el país no necesita más reformas ni más impuestos. Lo que Colombia necesita es un gobierno austero que deje de derrochar los impuestos de los colombianos en viajes, en comitivas, en lujos y en gastos innecesarios. Un gobierno que recorte la contratación excesiva, que cierre las embajadas que no sirven y que por primera vez se apriete el cinturón y deje de cargarles sus errores a los colombianos”.

El documento presentado ante la Comisión Tercera sostiene que el país no requiere una reforma que incremente la tributación agregada sobre hogares y empresas. Para Miranda, el proyecto deteriora la competitividad, penaliza a las familias formales, encarece la producción, desincentiva la inversión y debilita el crecimiento económico.

El texto advierte: “En vez de simplificar y dar estabilidad, propone más tarifas, más bases y más tributos superpuestos. Lo diré con números: el texto eleva la presión sobre las personas naturales —subiendo tarifas hasta 41%, grabando inflaciones y desmontando deducciones—; castiga el ahorro y el mercado de capitales encareciendo dividendos para residentes; mantiene a Colombia con 35% de renta empresarial cuando la Ocde promedia 23%, y encima sube el dividendo a inversionistas extranjeros; reactiva un impuesto al patrimonio más amplio y más caro; y recarga insumos productivos vía un impuesto al carbono que no es ambiental, sino recaudatorio. Todo ello mientras reintroduce un 1% sobre ingresos brutos a la extracción de hidrocarburos y carbón, y añade más disposiciones antitécnicas que traban la economía real”.

A pesar de las críticas, la ponencia reconoce algunos aspectos positivos de la iniciativa, como los alivios, las conciliaciones y un bono de transición energética, aunque sugiere que estos elementos podrían aprobarse en una ley independiente, sin necesidad de abrir la puerta a la reforma tributaria en su conjunto.

El ambiente en las Comisiones Económicas de la Cámara y el Senado es adverso a la reforma. La postura de los legisladores no se ha modificado, incluso después de la aprobación de un presupuesto para 2026 con un déficit de 16 billones de pesos.

La semana pasada (del 10 al 16 de noviembre), el Gobierno intentó socializar el proyecto con los ponentes, pero la asistencia de congresistas fue escasa: sólo tres senadores participaron en la reunión. El Ejecutivo reconoce las dificultades de tramitar una reforma tributaria en año electoral, especialmente ante los cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal del gobierno de Gustavo Petro.

Frente a este escenario, el Gobierno ha considerado reducir la meta de recaudo de la reforma. Fuentes oficiales confirmaron a El Tiempo que estarían dispuestos a disminuir el monto a la mitad, lo que transformaría la iniciativa en una ley de financiamiento de 8 billones de pesos en lugar de los 16 billones previstos en el presupuesto. No obstante, los hechos recientes evidencian la falta de voluntad para llegar a consensos, ya que la aprobación de nuevos impuestos en un año electoral podría traducirse en una pérdida de apoyo en las urnas.

En este contexto, las alternativas que se discuten en el Congreso apuntan a archivar el proyecto y reemplazarlo por propuestas orientadas al recorte del gasto público. El senador Ciro Ramírez explicó que la oposición prepara una ponencia de archivo acompañada de una propuesta similar al Plan de Renovación de la administración pública (Prap) implementado en 2003 por el expresidente Álvaro Uribe.

Esta iniciativa buscaría reducir el gasto gubernamental en aproximadamente 1,5 puntos del PIB, equivalentes a los 16 billones de pesos que se pretendían recaudar con la reforma. Aunque la propuesta proviene del uribismo, cuenta con el respaldo de otros sectores opositores que consideran inviable aprobar más impuestos en un año electoral.

La ponencia de archivo, radicada por la representante Miranda en la Comisión Tercera, se refiere al proyecto de ley de financiamiento presentado el 1 de septiembre, considerado el más ambicioso en la historia reciente del país.

En el documento se insiste en que: “La situación económica del país exige el archivo del proyecto de Ley de Financiamiento bajo un argumento central: Colombia no necesita —ni resiste— otra reforma que suba la tributación agregada a hogares y empresas”. En redes sociales, Miranda reiteró que la reforma “afecta directamente a los más pobres y a la clase media”.

Entre los puntos más controvertidos figura el impuesto a la gasolina, que, según Miranda, “golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos”. La representante también manifestó su desacuerdo con el impuesto a las compras virtuales, señalando que “el Gobierno quiere ponerle impuestos a compras en plataformas como Shein, Temu o AliExpress, que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios asequibles”.

El Gobierno, por su parte, introdujo modificaciones a la propuesta original. La nueva versión de la reforma busca recaudar 16 billones de pesos en lugar de los 26 billones iniciales. El impuesto a las compras virtuales de bajo monto, conocidas como “ninis”, que en un principio se aplicaría a todas las transacciones, sólo afectará ahora a compras superiores a 100 USD.

Además, se reduce el impuesto a la cerveza: la tarifa, que se pretendía unificar en 30% para todas las bebidas alcohólicas, se fijará en 15% únicamente para la cerveza, manteniéndose el resto de las bebidas en el nivel más alto. Otros gravámenes, como el impuesto a las iglesias, al hospedaje, a los licores, la sobretasa al sector financiero y el impuesto al carbono, permanecen sin cambios.

Por su parte, el expresidente del Congreso Efraín Cepeda afirmó que la reforma tributaria resultaba nociva para el país y afectaba de manera directa a la clase media. Según Cepeda, esto permitió alcanzar mayorías absolutas en la comisión.

El calendario legislativo establece que la discusión de la reforma tributaria se realizará el martes 25 de noviembre, con un plazo de 11 días para su aprobación, hasta el 16 de diciembre, fecha en que el Congreso inicia su receso.

La próxima semana (24 al 28 de noviembre), 12 senadores de la Comisión Tercera presentarán formalmente la ponencia de archivo, lo que dejaría al proyecto prácticamente sin posibilidades de avanzar, dado que ya se han consolidado las mayorías necesarias para bloquear la iniciativa en las Comisiones Económicas.