En una decisión que causó revuelo, la Procuraduría General de la Nación intensificó el martes 18 de noviembre su vigilancia sobre la Fundación de Educación Superior San José, al solicitar al Ministerio de Educación Nacional los resultados de la investigación administrativa preliminar abierta a la institución. Lo anterior, frente a hechos que podrían comprometer tanto la prestación del servicio educativo como la confianza en la validez de los títulos expedidos.
Según informó el Ministerio Público, la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública exigió que se entreguen “los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”. Petición motivada por el caso de la estudiante Juliana Guerrero.
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En la misma línea, el ente de control disciplinario solicitó a la cartera ministerial, presidida por Daniel Rojas Medellín, que informe sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos. Y así restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José, que se ha visto afectada por este mediático expediente de la exfuncionaria de Gobierno: que trabajó para el Ministerio del Interior y tenía todo listo para ser viceministra de Juventud.
Asimismo, el organismo remarcó que la actuación preventiva en curso busca “proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria, pero procurando que esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal”, y estableció un plazo de tres días para la entrega de la información solicitada por parte del ministerio, en pro de avanzar en sus pesquisas.
¿Qué pasó con Juliana Guerrero y su título de la Fundación Universitaria San José?
Es oportuno destacar que la investigación en curso, la del Ministerio de Educación, se inició a través de la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, con base en inspecciones en las que se detectaron al menos tres títulos emitidos de forma presuntamente irregular. De acuerdo con los informes, dos personas beneficiadas no presentaron el examen de estado y, en el tercer caso, la fecha del examen resultó posterior a la entrega del título.
Guerrero habría recibido al menos dos títulos sin cumplir los requisitos legales establecidos para la educación superior en el país, como el de Tecnología en Gestión Contable y Tributariay Contaduría Pública, al parecer sin asistir ni siquiera a clases y tampoco sin presentar las pruebas de Estado; en un caso que se repetiría con Carlos Alberto Mendoza Siachoque, según el reporte del mismo ministerio en el referido documento, publicado el 11 de noviembre.
A esto se sumaría que, según se agregó en la misma resolución por la dependencia estatal, Laura Julieth Martínez Morales, conocida en redes como @LaJulietaMM, también habría recibido su cartón de manera irregular. “La expedición de los títulos (...) se dio presuntamente sin cumplir los requisitos para ello, vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, se leyó.
En su determinación, el Ministerio de Educación determinó la inclusión de pruebas documentales y la asignación de Emilio Esneider Forero Beleño como funcionario encargado de adelantar el proceso administrativo sancionatorio y, en ese sentido, se señaló que la medida entra en vigor desde su expedición; aunque ahora será la Procuraduría General de la Nación la encargada de proseguir en las investigaciones frente a las irregularidades encontradas en varios títulos.
Antes de estas actuaciones, la Fundación San José había anulado los títulos concedidos a Guerrero al no hallar pruebas de su participación académica. A lo que se suma que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que la joven no presentó el examen Saber Pro, requisito para obtener títulos profesionales; lo que llevó a una de las denunciantes, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, llevara el caso a la Fiscalía.
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