Concejal de Bogotá anunció demanda contra el gobernador de Cundinamarca por ‘acaparar’ matrículas e impuestos de vehículos: “Esto es ilegal”

Las estrategias implementadas por la Gobernación de Cundinamarca para atraer el registro de vehículos de Bogotá mediante descuentos en matrículas e impuestos han activado una respuesta legal por parte de las autoridades capitalinas.

Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, comunicó su intención de presentar una demanda ante lo que considera un esquema irregular que impacta directamente los ingresos y la equidad fiscal de la ciudad.

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El concejal señaló que la actual política departamental, dirigida por el gobernador Jorge Rey, estaría fomentando la migración del registro automotor hacia los municipios de la sabana.

Según la denuncia del cabildante, todo iniciaría con el ofrecimiento de tarifas de matriculación reducidas, atrayendo a propietarios de vehículos que en la práctica circulan mayormente en la capital, aunque formalmente estén inscritos fuera de su jurisdicción.

De acuerdo con Quintero, esta maniobra se consolida con “descuentos del 50 % y del 20 % en impuestos, con el único objetivo de retener estos registros en municipios distintos a Bogotá”.

El cabildante argumentó que tales incentivos no solo carecerían de fundamento legal, sino que han sido objeto de pronunciamientos adversos a nivel nacional. “Esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos, sino que también el Consejo de Estado los declaró ilegales. Por eso los vamos a demandar”, sostuvo de manera enfática Quintero.

A raíz de estas prácticas, el vicepresidente del Concejo reafirmó su respaldo a la posición del alcalde Carlos Fernando Galán, enfatizando que darán pleno apoyo a las acciones jurídicas necesarias para neutralizar este fenómeno.

Además, formuló un llamado a los municipios de Cundinamarca para que revisen sus tarifas de registro vehicular y ajusten sus condiciones: “El objetivo debe ser asegurar una competencia en igualdad respecto a Bogotá”, recalcó.

El reclamo del cabildante contiene un elemento central: el impacto de estos beneficios, al incentivar registros fuera de la capital, disminuye la recaudación fiscal de Bogotá, pese a que los vehículos continúan utilizando de manera intensiva su infraestructura y servicios.

Por último, Quintero reiteró que la batalla contra el actual esquema no solo se librará en el campo político, sino que también será llevada ante los tribunales, basado en antecedentes de ilegítima competencia y fallos nacionales que, según sus palabras, ya han cuestionado la legalidad de tales descuentos.

Alcaldía impondrá Pico y placa especial para vehículos que no estén matriculados en Bogotá

La administración distrital de Bogotá decidió endurecer las reglas para los vehículos registrados en otros municipios que circulan por sus calles, adoptando un enfoque dual: mayores restricciones de movilidad y nuevos incentivos para la matrícula local. Este ajuste responde al notable aumento en la cantidad de automóviles activos en la ciudad, que no se ha visto reflejado en el recaudo tributario de la capital.

El análisis oficial revela que cerca del 30% de los autos que viajan a diario por Bogotá están inscritos en municipios diferentes, lo que implica un desequilibrio financiero. Según la alcaldía, esto ha provocado un vacío fiscal de casi un billón de pesos en los últimos años, “presionando las vías por el aumento constante de carros en circulación, pero dejando un vacío fiscal significativo”, de acuerdo con el diagnóstico presentado.

Entre las nuevas medidas que comenzarán a aplicarse desde 2026, se encuentra el establecimiento del Pico y placa dos sábados al mes exclusivamente para los vehículos de matrícula foránea.

Esta estrategia busca que los propietarios consideren seriamente trasladar el registro de sus autos a Bogotá para evitar esas nuevas limitaciones, además de desincentivar la circulación intermitente sin contribuir al desarrollo local.

A ello se suma el ajuste en el Pico y placa solidario, la opción de pago que permite eludir la restricción, cuyo valor aumentará entre un 20 y un 50% para los vehículos no matriculados en la capital.

En la actualidad, matricular un auto nuevo en Bogotá supone un desembolso de $589.200, mientras que el traslado de matrícula tiene un costo de $400.000. Aunque estos montos superan los costos de los municipios vecinos y se añade un recargo del 0,2% para impulsar la Región Metropolitana, las nuevas reglas podrían convertir esta inversión en una alternativa razonable para quienes usan habitualmente las vías bogotanas.

La administración de Carlos Fernando Galán argumenta que la ciudad afronta una paradoja: cada vez circulan más autos, pero menos contribuyen fiscalmente a Bogotá.

Destacan la reducción en el porcentaje de autos registrados en la capital, que pasó del 37,3 % en 2012 a una cifra menor en la actualidad, dejando menos recursos para atender la movilidad y el mantenimiento de la infraestructura.