
La activación del Plan de Emergencia y Contingencia por parte de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, marcó la respuesta inmediata al atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en la vereda Las Acacias, zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.
El incidente, atribuido a desconocidos, provocó una pérdida de contención en la infraestructura petrolera y motivó la intervención de las autoridades y la empresa para mitigar los riesgos derivados del ataque.
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Tras el atentado, Cenit notificó de manera inmediata al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita sobre la situación y las medidas adoptadas en el desarrollo del Plan de Emergencia y Contingencia.
Entre las acciones preventivas, la compañía dispuso la protección de la bocatoma de Arauquita mediante la instalación de barreras, con el objetivo de evitar un posible impacto ambiental en la zona.
Además, el Ejército Nacional desplegó tropas para asegurar el área y facilitar el acceso de los equipos técnicos encargados de atender la emergencia y ejecutar las labores de reparación.
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La empresa recomendó a la comunidad abstenerse de acercarse al lugar de los hechos hasta que concluyan las tareas de atención y restablecimiento de la infraestructura.
Cenit y Ecopetrol manifestaron su rechazo a este tipo de acciones ilícitas y reiteraron el llamado a que cesen los ataques contra la infraestructura petrolera, al advertir que estos hechos ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.
El atentado, ocurrido el 17 de noviembre de 2025, se suma a una serie de incidentes que han afectado la operación del oleoducto Caño Limón – Coveñas, una de las principales arterias para el transporte de crudo en Colombia.
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La respuesta coordinada entre la empresa, las autoridades locales y el Ejército Nacional busca contener los efectos inmediatos del ataque y prevenir daños mayores tanto a la población como al entorno natural.

Violencia obliga a Ecopetrol a evaluar su permanencia en el Catatumbo
En octubre de 2025, la suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo desencadenó una serie de consecuencias económicas y sociales en la región, tras una escalada de acciones violentas perpetradas por grupos armados.
La empresa tomó la decisión de detener sus actividades en la zona rural del municipio de Tibú, específicamente en el corregimiento de Campo Dos, debido a los constantes hurtos de hidrocarburos en el oleoducto Caño Limón – Coveñas.
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Durante el año 2025, Ecopetrol registró la pérdida de más de 39.000 barriles de crudo por apoderamiento ilícito, así como el retiro de más de 152 válvulas ilegales instaladas en la infraestructura petrolera.
Estos hechos impactaron de manera directa la operación en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras KM-16 del municipio de Tibú, en Norte de Santander, donde la empresa fue blanco de siete acciones violentas. En ese punto, los ataques resultaron en el robo de más de 1.327 barriles de crudo, comprometiendo la viabilidad de las actividades en el territorio.
La presencia constante de Grupos Armados Organizados (GAO’s) en los campos Tibú y Sardinata restringieron la operación en la Estación Norte, con una afectación en la producción superior a 300 barriles diarios.
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Según Ecopetrol, esta situación pone en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo por día y 900.000 pies cúbicos diarios (25.485 metros cúbicos diarios) de gas, recursos que abastecen la totalidad del servicio público domiciliario en Tibú y el 25% del gas consumido en la ciudad de Cúcuta.
La empresa reiteró su llamado a las autoridades locales y nacionales para que garanticen la seguridad en la región y permitan restablecer las condiciones necesarias para continuar generando oportunidades de progreso y desarrollo en el Catatumbo.
Ecopetrol advirtió que la continuidad de las acciones violentas no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, también obliga a la compañía a evaluar su permanencia en la zona.
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La suspensión de las operaciones en el sector norte del campo generó un impacto negativo en la generación de empleo y en la contratación de bienes y servicios con empresarios locales, profundizando la crisis económica en la región.
Desde mediados de enero de 2025, las acciones violentas atribuidas al ELN y a las Disidencias de las Farc no han cesado, provocando el cierre de empresas, comercios y el desplazamiento de miles de familias campesinas del Catatumbo.
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