El 10 de noviembre de 2025, el Gobierno nacional llevó a cabo una acción en Guaviare en la que se ejecutó un bombardeo dirigido a disidencias de las Farc.
Según la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, el hecho resultó en la muerte de siete menores de edad.
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Por estos hechos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por el reclutamiento forzado de menores en Colombia.
“Con profunda preocupación recibimos la confirmación de la Defensoría del Pueblo y de Medicina Legal del fallecimiento de tres niños y cuatro niñas en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo, en el Guaviare. Los siete niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”, indicó la ONU.
La organización exigió la libertad de todos los menores reclutados por grupos armados, porque es un “alto riesgo a la niñez” y de “utilizarla como escudo humano”.
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“El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de todos los niños y niñas menores de 18 años, por parte de grupos armados ilegales”, expresó la ONU.
Recordó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 que refuerza la prohibición de reclutamiento a menores de edad.
Asimismo, la ONU de Derechos Humanos le pidió al Gobierno nacional llevar a cabo todos los esfuerzos para proteger a la niñez y evitar el reclutamiento forzado.
“Instamos a las Fuerzas Militares a que, en sus labores de inteligencia durante el desarrollo de operaciones, adopten todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales”, señaló la ONU.
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La Organización de las Naciones Unidas enviaron sus condolencias a las familias de los menores que fallecieron en el bombardeo.
Detalles e identidad de los fallecidos
El Instituto de Medicina Legal confirmó que una operación militar contra el Estado Mayor Central, comandado por “Iván Mordisco”, dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad.
Este hecho se destaca como uno de los ataques aéreos más letales de la presidencia de Gustavo Petro, que en campaña aseguró que evitaría operativos en sitios donde hubiera presencia de niños o adolescentes.
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno ajustó su estrategia de seguridad. Fuentes oficiales reportan que en los últimos dos años se autorizaron 13 operativos de tipo similar, enfocados en frenar el avance de las disidencias armadas en diversas regiones.
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La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, calificó el evento como “doloroso e inhumano”. El organismo remarcó el drama de los menores reclutados por la fuerza, quienes quedan atrapados entre los intereses de los diferentes actores armados.
“La Defensoría exhorta al Estado a implementar todas las acciones posibles para evitar daños desproporcionados”, señaló.
Desde el Gobierno, Gustavo Petro explicó su decisión en redes sociales: “si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco … entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros”.
Afirmó haber actuado en busca de salvar vidas y asumiendo los riesgos. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, indicó el presidente.
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Enfrentando las críticas, enfatizó: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”.
Por su parte, el ministro Pedro Sánchez defendió la operación, afirmando que procedieron “ante la inminencia y severidad de la amenaza”.
El informe oficial, revelado por El País, identifica a cinco de los siete menores. Entre ellos figura Caren Smith Cubillos Miraña (13 años), Dani Santiago Leyton Cuéllar (15), Deini Lorena Beltrán Mendoza (16), Maicol Andrés Pérez Ávila (16) y Martha Elena Abarca Vilches (17).
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