Catatumbo completa 10 meses de crisis humanitaria: disputas armadas, desplazamientos masivos y control territorial

La región del Catatumbo completa 10 meses sumida en una crisis humanitaria sostenida, marcada por la intensificación de disputas armadas, el avance de economías ilegales y un proceso de control territorial que ha transformado de manera radical la vida cotidiana de miles de habitantes.

En este periodo, las confrontaciones entre el Eln y dos estructuras disidentes de las antiguas Farc (como el frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte) han configurado un escenario de riesgo permanente.

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A comienzos de año, la región vivió una de las oleadas más violentas de la última década, con más de 60.000 desplazados y decenas de homicidios. Aunque el Gobierno anunció un despliegue de fuerza pública para contener la expansión de estos grupos, informes de inteligencia advierten que las disputas persisten y se mantienen alimentadas por la significativa presencia de cultivos de uso ilícito.

Tibú, corredor estratégico y epicentro del conflicto

El mapa del conflicto ubica a Tibú como un corredor fronterizo clave, debido a su conexión con Venezuela y a las rutas que comparten los grupos armados que operan al margen de la ley. Esa ubicación estratégica ha convertido al municipio en una zona de disputa constante.

De acuerdo con El Tiempo, los reportes de inteligencia también señalan un incremento en la capacidad operativa del Eln y de las disidencias, sustentado en procesos de expansión territorial, reclutamiento y modernización bélica. Entre los hallazgos destaca el uso de drones adaptados para portar explosivos, una táctica atribuida a combatientes entrenados en territorio venezolano.

En paralelo, organizaciones humanitarias han documentado la consolidación del control social ejercido por el Eln en distintos sectores del Catatumbo, donde las restricciones a la movilidad, las imposiciones comunitarias y los señalamientos configuran un entorno asfixiante para la población civil.

Audiencia de la Corte Constitucional: un llamado urgente al Estado

En medio de este panorama, la Corte Constitucional realizó la semana pasada una audiencia pública para revisar la respuesta estatal frente a la crisis. La magistrada Natalia Ángel Cabo advirtió un “deterioro progresivo de las condiciones de seguridad”, sustentado en información de organismos oficiales y reportes periodísticos.

Según el alto tribunal, 82.950 personas han sido desplazadas forzosamente durante estos 10 meses, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz, cuyas familias también fueron afectadas. Además, 2.476 habitantes permanecen confinados, incluyendo 183 firmantes. A esto se suman seis excombatientes desaparecidos y siete asesinados, lo que profundiza los riesgos en un territorio donde la movilidad y el acceso a bienes esenciales se deterioran con rapidez.

Desplazamientos masivos: cifras que superan registros históricos

La Unidad para las Víctimas reportó que en 2018 se registraron 13 eventos de desplazamiento masivo, la cifra más alta en una década. Sin embargo, los primeros meses de 2025 superaron ampliamente ese récord, con más de 60.000 víctimas, lo que representa un aumento del 336% frente a 2018.

Estas cifras se han usado como argumento para advertir la insuficiencia de las medidas de prevención, protección y respuesta temprana que deberían garantizarse en la región.

Operación Catatumbo: ofensiva militar y resultados preliminares

En respuesta a la crisis, la Fuerza Pública activó la Operación Catatumbo, una estrategia militar orientada a presionar al Eln y a las disidencias presentes en la región. De acuerdo con los reportes oficiales, desde su implementación se han logrado:

• 40 menores recuperados de manos de grupos armados
• 155 personas desmovilizadas
• 147 capturas
• 19 integrantes de organizaciones criminales dados de baja
• 167 armas cortas y 158 armas largas incautadas
• 2.821 artefactos explosivos destruidos

La operación también ha estado dirigida a golpear las economías ilícitas que financian a los grupos armados. Según cifras oficiales, se han incautado:

• 16,9 toneladas de clorhidrato de cocaína
• 21.316 galones de cocaína en proceso
• 34.818 galones de base de coca
• 528.107 galones de insumos líquidos
• 209 toneladas de insumos sólidos

Además, en zonas rurales se han destruido 392 laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes, generando un impacto financiero estimado en $196.889 millones a las estructuras ilegales.

Un territorio sin garantías y una población al límite

A pesar de los esfuerzos institucionales, el Catatumbo continúa enfrentando niveles alarmantes de violencia y control armado, mientras sus habitantes deben lidiar diariamente con confinamientos, restricciones, amenazas y desplazamientos forzados.

La región, históricamente olvidada según lo reportado por diversos medios de comunicación, vive hoy uno de los peores momentos de su crisis humanitaria. La complejidad del conflicto, la disputa por las economías ilícitas y el fortalecimiento de las estructuras armadas disidentes evidencian que el Estado enfrenta un reto monumental para recuperar el control, garantizar la seguridad y proteger a las comunidades que sobreviven en medio del fuego cruzado.