Fiscalía imputa a exfuncionarios y contratista por presuntas irregularidades en millonaria contratación en Amazonas para construcción de un colegio y un hospital

La Fiscalía General de la Nación ha imputado a exsecretarios del departamento de Amazonas y a un contratista particular por presuntas irregularidades en la contratación de los estudios y diseños para la construcción de la sede A y B del Colegio Sagrado Corazón y la nueva estructura del Hospital San Rafael de Leticia.

La investigación, que se centra en la adjudicación directa de los contratos sin licitación pública, revela un entramado de decisiones administrativas que, según los elementos probatorios, vulneraron los principios de transparencia y legalidad en la gestión de recursos públicos.

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El proceso bajo la lupa comenzó el 16 de febrero de 2016, cuando la Gobernación de Amazonas firmó un contrato marco con una fundación privada. A partir de ese momento, el acuerdo fue objeto de múltiples modificaciones y adiciones, lo que permitió ampliar los plazos de ejecución y ajustar los costos.

El presupuesto destinado alcanzó $4.610 millones para el hospital y $7.000 millones para el colegio, cifras que la Fiscalía ha destacado como parte de la magnitud del caso.

Entre los imputados figuran la exsecretaria de Educación de Amazonas, Betsy Mireya Becerra Londoño; el exsecretario de Salud departamental, Héctor Jaime Hernández Betancur; la exasesora María del Socorro Restrepo Hurtado; y el contratista Emerson Serrano Fierro.

A todos ellos se les atribuye posible responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y prevaricato por omisión. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.

La Fiscalía sostiene que los proyectos nunca recibieron concepto de viabilidad ni fueron inscritos en el banco de proyectos, lo que constituye una omisión fundamental en el proceso de planeación pública. Además, los estudios previos presentados eran incompletos, carecían de una justificación clara sobre la necesidad de las obras y no incluían análisis de precios de mercado.

Esta falta de rigor permitió que los contratos se asignaran de manera directa a un único contratista, eludiendo la obligación de abrir una licitación pública que garantizara la competencia entre diferentes oferentes.

Las pruebas recabadas también apuntan a la existencia de doble contratación, ya que los objetos de los convenios derivados del contrato marco coincidían exactamente con otros acuerdos celebrados en 2013 por los mismos funcionarios ahora investigados. Esta duplicidad refuerza la hipótesis de un manejo irregular de los recursos y de los procedimientos administrativos.

En cuanto a la ejecución de los contratos, la fundación beneficiaria no cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales. A pesar de ello, recibió pagos por parte de la administración departamental. En el caso del colegio, el producto entregado presentaba deficiencias técnicas: el estudio de suelos no correspondía al diseño arquitectónico definido y contenía datos topográficos incorrectos. Como resultado, el convenio fue suspendido y, nueve años después, la obra sigue sin ejecutarse.

La investigación ha permitido cuantificar un posible detrimento patrimonial de $213 millones en el proyecto de estudios para el colegio y de $2.118 millones en el hospital. Estos montos reflejan el impacto económico de las presuntas irregularidades y constituyen uno de los ejes centrales de la acusación.

La Fiscalía ha subrayado que “los procesos contractuales relacionados con los proyectos fueron asignados a un contratista específico de manera directa, sin abrir una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes”.

Además, el organismo investigador ha señalado que “las dos iniciativas nunca recibieron concepto de viabilidad y fueron tramitadas sin estar inscritas en el banco de proyectos”. La información divulgada responde a razones de interés general y pone de manifiesto los riesgos asociados a la falta de controles en la contratación pública, así como las consecuencias administrativas y penales que pueden derivarse de la omisión de los procedimientos legales establecidos.