Colombia prohíbe explotación minera y de hidrocarburos en la Amazonía, pero la medida queda en suspenso por falta de consulta previa

Mientras los países amazónicos discuten cómo enfrentar la crisis climática, en Colombia tomó fuerza un anuncio que generó entusiasmo internacional y también abrió un debate jurídico inmediato, la declaración de la Amazonía colombiana como una gran zona protegida libre de minería e hidrocarburos. La noticia, presentada como un paso histórico, terminó acompañada de un recordatorio del Ministerio del Interior sobre los límites legales para implementarla.

El anuncio se hizo público durante el Encuentro de Ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), en el contexto de la COP30. Allí, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, afirmó: “Colombia ha decidido dar el primer paso. Hemos sido el primer país de la cuenca amazónica en declarar la totalidad de la parte que corresponde a Colombia del bioma amazónico como una zona de reserva de recursos naturales renovables”. El mensaje buscaba marcar un liderazgo ambiental en la región, acompañado del llamado a conformar una Alianza Amazónica por la Vida.

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La propuesta, explicada desde una perspectiva ética más que económica, también incluyó una invitación dirigida a los demás países de la cuenca. Vélez insistió en que, “cuidar la Amazonía no es un sacrificio económico, es una inversión ética en el futuro de la región y de la humanidad. La selva es una sola, los ríos no tienen fronteras y la vida tampoco”. La declaración pretendía blindar más de 483.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, el 42% del territorio continental colombiano, y frenar proyectos extractivos que seguían en trámite, entre ellos 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras.

El área mencionada comprende seis departamentos: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, territorios donde habitan cerca de 1,2 millones de personas, en su mayoría comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Allí también se concentra el 10% de las especies de plantas registradas en el planeta, un argumento que reforzó la narrativa de urgencia ambiental.

Sin embargo, el anuncio tuvo una rápida respuesta institucional. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior recordó que cualquier decisión de este alcance debe surtir un proceso obligatorio con las comunidades étnicas. En un concepto formal oficio RAD. 2025-2-002410-044834 de 2025, la entidad concluyó que, “el proyecto de acto administrativo es una medida administrativa sujeta al desarrollo de consulta previa (…) y no se podrá emitir hasta tanto se inicie y culmine dicho trámite en debida forma.”

Este pronunciamiento, de carácter vinculante, dejó en evidencia un vacío en la presentación inicial del anuncio: la medida, tal como fue comunicada, no puede adoptarse sin completar un proceso de consulta previa conforme al bloque de constitucionalidad y al Convenio 169 de la OIT.

El análisis del Ministerio del Interior profundizó en los impactos potenciales sobre las comunidades asentadas en la zona. Según el documento, la resolución de Ministerio de Ambiente “afecta directamente a 566 comunidades étnicas presentes en el territorio objeto de la declaratoria, genera nuevas restricciones y cargas sobre modos de vida, medios de subsistencia y prácticas tradicionales. Así mismo, delimita territorios y regula actividades esenciales para la identidad cultural de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y altera dinámicas económicas, sociales y espirituales; lo que implica un impacto directo conforme al bloque de constitucionalidad”.

Esa evaluación llevó a una conclusión clara, cualquier decisión que regule actividades económicas, territoriales o ambientales en esos departamentos debe contar con un proceso de consulta previo, concertado y concluido. Solo así la medida puede tener validez jurídica y cumplimiento obligatorio.

El Gobierno, entre tanto, presentó la declaratoria como parte de un esfuerzo mayor por consolidar la Comisión Especial de Medio Ambiente y Clima (Cemac), una plataforma de coordinación regional para combatir delitos ambientales, fortalecer la gestión de la biodiversidad y avanzar hacia una transición energética justa, incluida la propuesta de un acuerdo multilateral para la eliminación progresiva de combustibles fósiles.