El misterioso salto de $9 billones en contratación estatal que desató alertas en plena antesala de la Ley de Garantías

A pocos meses de que el calendario electoral entre en su fase más estricta, la Contraloría General decidió ampliar el lente sobre los compromisos contractuales que distintas entidades estatales dejaron listos antes de que comenzaran las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. El monitoreo, que abarca desde septiembre hasta el 7 de noviembre, busca identificar variaciones inusuales y anticipar posibles riesgos frente al uso de recursos públicos en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El análisis, liderado por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras junto a la Diari, no solo revisa la modalidad y el objeto de los contratos, también el comportamiento agregado de los montos comprometidos. La prioridad del organismo es detectar desviaciones tempranas y garantizar que las decisiones administrativas se mantengan dentro de los parámetros establecidos por la Ley 996 de 2005.

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En este escenario de vigilancia reforzada, un hallazgo llamó especialmente la atención, la concentración de la contratación interadministrativa en un lapso muy corto, justo antes de que entraran en vigor las limitaciones electorales. El dato surge del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado el 10 de noviembre, que tomó como base la información reportada en el Secop.

Según los registros analizados, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones. La cifra ya sería significativa por sí sola, pero adquiere mayor peso al compararse con los niveles habituales del año. Lo más llamativo ocurrió el 7 de noviembre, cuando se firmaron $6,1 billones, es decir, el 68% de toda la contratación de esa semana. Para dimensionar el salto, ese solo día movió recursos por un valor 2,9 veces superior al promedio mensual reportado entre enero y agosto de 2025, cuando la contratación rondaba los $2,1 billones. En perspectiva histórica, se trata de un incremento del 190% frente a los patrones previamente observados.

Ante este comportamiento, la Contraloría catalogó la situación como una “concentración contractual atípica”. Para el organismo, este tipo de picos puede revelar fallas en la planeación pública o acelerar la firma de convenios aprovechando los últimos días previos al cierre preelectoral. La alerta no implica, de entrada, la existencia de irregularidades, pero sí enciende la necesidad de examinar con mayor precisión quién contrata, con qué propósito y bajo qué condiciones.

Entre las entidades con mayores compromisos durante esa semana, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) figura en primer plano puesto que, comprometió $770.000 millones, equivalentes al 8,5% de todo el valor contratado entre el 1 y el 7 de noviembre. La Contraloría informó que en este caso continúa un análisis territorial para determinar cómo se distribuyeron los convenios y si existen patrones particulares por región.

Además del DPS, el organismo de control mantiene la mirada sobre actividades que tradicionalmente aumentan en momentos electorales, logística de eventos, suministros, servicios operativos y otros rubros que pueden convertirse en canales sensibles de uso indebido de recursos. La vigilancia en estas áreas, según la entidad, es clave para evitar que la dinámica política interfiera en la contratación del Estado.

La alerta emitida no cierra el capítulo. Por el contrario, la Contraloría anunció que continuará con un seguimiento detallado durante todo el periodo electoral. Su objetivo es garantizar transparencia, prevenir riesgos y bloquear cualquier posibilidad de que la contratación pública termine funcionando como herramienta de presión, beneficio o ventaja en campaña.

En síntesis, el hallazgo de principios de noviembre no solo refleja un comportamiento inusual, sino que abre una ventana para examinar con mayor rigor cómo se toman las decisiones en el Estado cuando el país está a las puertas de unas elecciones. La Contraloría insiste en que este tipo de análisis preventivo es fundamental para mantener la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos y en la solidez institucional durante los meses que vienen.