Imputan a exgobernador de Chocó por irregularidades en millonario contrato firmado durante la pandemia de covid-19

La Fiscalía General de la Nación imputó a Ariel Palacios Calderón, exgobernador de Chocó, por presuntas irregularidades en el contrato 01 firmado el 26 de marzo de 2020 por 445 millones de pesos.

El contrato tuvo como objetivo la entrega de ochocientos equipos de ayuda humanitaria para población víctima del conflicto armado.

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“La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia varias irregularidades en las que habría incurrido el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, durante la celebración del contrato 01 del 26 de marzo de 2020, que ascendió a la suma de 445 millones de pesos y tenía por objeto la entrega de ochocientos kits de ayuda humanitaria para atender a población víctima del conflicto armado”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la comunicación oficial, Palacios Calderón habría suscrito el acuerdo durante la emergencia social y económica decretada tras la llegada del Covid-19. Según la Fiscalía, esa actuación se realizó contrariando la normatividad vigente.

“El entonces mandatario departamental, con ocasión de la emergencia social y económica declarada por el Gobierno nacional generada por la pandemia del Covid-19, habría suscrito el citado contrato en contravía de la normatividad vigente. De igual manera, se conoció que el contrato fue entregado a una distribuidora y comercializadora de alimentos que pertenecía a una persona señalada de aportar dinero a la campaña de Palacios Calderón a la Gobernación de Chocó”, expresó el ente acusador en su comunicación oficial.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exgobernador no aceptó el cargo.

“Por todo lo anterior, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

La investigación busca determinar si se respetaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes en la contratación pública durante situaciones excepcionales.

El proceso contra el exgobernador

Ariel Palacios Calderón, exgobernador, enfrenta un proceso judicial tras ser imputado en julio de 2022 por la Fiscalía General de la Nación.

Las audiencias preparatorias se llevaron a cabo en octubre de ese año y, casi tres años después, el caso ha avanzado hasta la decisión del ente acusador. En este escenario, el tribunal decidirá si lo declara culpable o inocente de los cargos que se le atribuyen.

La investigación señala que Palacios Calderón emitió el decreto 0081 el 20 de marzo de 2020, con el que declaró la urgencia manifiesta en el departamento. El objetivo de esta medida era disponer de fondos públicos para atender las necesidades surgidas por la pandemia de covid-19.

Bajo este argumento, el exfuncionario autorizó la firma directa del contrato 003, fechado el 3 de abril de 2020, para adquirir insumos de protección personal. El monto destinado a la compra ascendió a 220.375.148 pesos.

El proceso de contratación directa está permitido en situaciones de urgencia manifiesta, sin embargo, en este caso se identificaron posibles irregularidades en la documentación y en el desarrollo del proceso.

Se señala que no se presentó una justificación detallada ni una descripción clara de los productos a adquirir. Por otra parte, la Fiscalía considera que el proveedor seleccionado no cumplía con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato. Además, se investigan eventuales inconsistencias en la documentación presentada antes de la contratación.

La Fiscalía también aseguró que Palacios Calderón no remitió a la Contraloría General de la República ni el decreto de urgencia manifiesta ni los documentos de respaldo de la contratación directa, tal como exige la normativa vigente. Estos requerimientos legales solo se cumplieron después de que la Fiscalía solicitó los sustentos correspondientes.

En noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra, Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó (2020-2023), por su presunta responsabilidad en las irregularidades que generaron retrasos e incumplimientos en obras de rehabilitación vial financiadas con recursos de regalías por $13.192 millones.