La reactivación del proceso judicial contra Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, ha devuelto al centro del debate el escándalo de pensiones irregulares que afectó al Magisterio en Córdoba.
Según información de W Radio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia retomó la investigación sobre la presunta participación de Benedetti en un esquema que habría permitido el desvío de 150.000 millones de pesos mediante el cobro ilegal de pensiones a nombre de docentes inexistentes o suplantados.
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Este caso, que involucra a jueces, abogados y funcionarios públicos, representa uno de los mayores desfalcos a recursos estatales en la región y ha motivado nuevas diligencias judiciales y la recolección de testimonios clave.
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La decisión de reactivar el proceso se produce tras la compulsa de copias remitida por la Fiscalía en 2016, cuando Benedetti era senador.
La investigación apunta a que, a través de resoluciones falsas, se autorizaron pagos irregulares de pensiones en complicidad con funcionarios de la Fiduprevisora y secretarías de Educación.
El magistrado Farfán, encargado del caso, ordenó la práctica de nuevas pruebas, entre ellas la declaración de testigos considerados fundamentales para esclarecer la magnitud y los responsables del entramado.
El esquema de la red criminal consistía en la elaboración de documentos falsos para reclamar pensiones a favor de personas inexistentes o suplantadas, con la colaboración de jueces y funcionarios públicos. Este mecanismo permitió el desvío sistemático de fondos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, afectando gravemente las arcas públicas de Córdoba.
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La investigación no solo se centra en la autoría material de los hechos, sino también en la posible participación de altos funcionarios y la existencia de alianzas ilegales entre distintos actores del sector público y privado.
Entre los principales implicados figura Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado identificado como cabecilla del entramado, quien fue condenado a 22 años de prisión. En su confesión, Burgos del Toro señaló directamente a Benedetti, asegurando que este le solicitó el 20% del dinero desviado del fondo de pensiones.
Su testimonio, recogido tras un principio de oportunidad, ha sido considerado por los investigadores como una pieza central para la reconstrucción de los hechos.
La ronda de declaraciones continuó con la comparecencia de otros condenados, como Guillermo Raúl Rhenals Cova, abogado sentenciado en 2018 a 17 años de cárcel por su participación en la organización criminal durante los años 2010, 2011 y 2012.
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Rhenals utilizó demandas y poderes falsos para reclamar pensiones, siempre con la complicidad de jueces y funcionarios.
La exjueza de Lorica, Catherine Carine Cogollo Reina, también fue llamada a declarar como testigo en el proceso contra Benedetti. Cogollo Reina recibió en 2019 una condena de 7 años y 4 meses de prisión por su papel en la apropiación indebida de más de 6.000 millones de pesos, correspondientes a pensiones de 21 profesores cobradas de manera irregular.
La exjueza habría actuado con la anuencia de funcionarios de la Secretaría de Educación de Lorica, lo que evidencia la profundidad de la red de corrupción, según el medio mencioando.
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Citación de Leonardo Pinilla y conexiones con otros casos de corrupción
En el marco de las nuevas diligencias, el magistrado Farfán citó a declarar a Leonardo Luis Pinilla Gómez, conocido como “El Porcino”, abogado condenado por su participación en el denominado ‘Cartel de la Toga’.
Pinilla, cuya comparecencia está prevista para el jueves 13 de noviembre, podría aportar información relevante sobre otros esquemas de corrupción en Córdoba, como el “Cartel de la Hemofilia”. En este último caso, Pinilla confesó haber intentado influir en el fiscal encargado para proteger a gobernadores implicados en el desvío de fondos de salud mediante pacientes falsos.
Aunque los motivos exactos de su citación en el caso de las pensiones no han sido revelados, su testimonio podría arrojar luz sobre conexiones aún no esclarecidas entre distintos entramados delictivos en la región.
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Paralelamente, Benedetti enfrentó un allanamiento en su residencia, diligencia ordenada por la magistrada Cristina Lombana en el marco de otro proceso judicial. El ministro calificó este procedimiento como ilegal
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