40 años de la tragedia de Armero: desestimaron advertencias y fallas en la gestión del riesgo

La noche del 13 de noviembre de 1985, más de 25.000 habitantes de Armero, en el departamento del Tolima, murieron o resultaron gravemente afectados por la avalancha de lodo y escombros proveniente del volcán Nevado del Ruiz.

De acuerdo con un informe entregado por El Espectador, la responsabilidad por la magnitud de la tragedia persiste como objeto de análisis y debate, situando al Estado colombiano en el centro de las críticas por su respuesta tardía y la falta de prevención ante un riesgo que diversos expertos habían advertido semanas antes.

Según algunos estudios de instituciones educativas como la Universidad Nacional y la Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, así como medios de comunicación como el citado al inicio de esta nota informativa, la tragedia de Armero estuvo precedida por señales claras de actividad volcánica.

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El Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) —hoy conocido como el Servicio Geológico Colombiano – SGC—, para ese momento reportó desde inicios de 1985 numerosos temblores y emisiones de gases en las inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz.

Equipos científicos y vulcanólogos nacionales e internacionales advirtieron sobre la posibilidad de avalanchas por deshielos, recomendando alertar a las comunidades y ordenar evacuaciones preventivas. “El volcán estaba inquieto y no se podía descartar una erupción”, se registró en reportes recogidos por la Universidad Nacional de Colombia.

A pesar de estas alertas, el Estado colombiano no implementó un sistema de prevención efectivo. Sumado a esto, un informe entregado por el diario El Espectador indicó que varias autoridades nacionales y locales minimizaron los riesgos, priorizando otras consideraciones antes que la seguridad de la población.

Antes de que el desastre arrasara Armero, los intentos de advertencia y prevención por parte de autoridades locales encontraron poca receptividad en el gobierno central. María Lorenza Escobar, hermana del entonces alcalde de Armero, relató la última conversación que mantuvo con él aquella noche, cerca de las 10:00 p. m.

Según su testimonio, su hermano intentó transmitir calma, afirmando que todo estaba bajo control y que la evacuación de los habitantes hacia el parque y la posterior reubicación en Guayabal ya había comenzado. La tragedia impidió que esos planes se concretaran.

En las horas previas al evento, el alcalde había buscado respaldo de diversas instancias oficiales, entre ellas el ministro de Minas en el gobierno de Belisario Betancur, Iván Duque Escobar. Diversos informes científicos y de vulcanología, que ya reposaban en el escritorio del ministro, alertaban de un peligro inminente para Armero en caso de no ejecutarse acciones concretas.

Hernando Arango Montenegro, exrepresentante a la Cámara por Caldas, confirmó que también había señalado al ministro el riesgo que pesaba sobre la población. “El ministro Duque Escobar me dijo simple y llanamente que yo era ‘apocalíptico’ y ‘dramático’ por decir que podía ocurrir una tragedia”, recordó Arango.

Días antes de la avalancha, Arango Montenegro había solicitado al ministro la instalación de sistemas de alarma para prevenir a los habitantes ante una posible erupción, pero la respuesta fue negativa por motivos presupuestarios.

“Él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de US$ 2.000. Yo le sugerí que vendiera algunos de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste o un llamado de atención que le estaba haciendo, y las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe”, relató Arango sobre la negativa oficial.

Otro artículo informativo hecho por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, señaló que hubo un retraso en la activación de medidas de evacuación y la ausencia de comunicación clara hacia las comunidades. “Las alarmas llegaron tarde y la información fue insuficiente”, reconoció un sobreviviente consultado en el artículo de la institución de educación superior.

El presidente de Colombia en ese momento, Belisario Betancur, enfrentó duros cuestionamientos sobre la gestión del desastre. Diversos funcionarios de la Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana y autoridades municipales compartieron la falta de una directriz unificada.

Por otro lado, el medio de comunicación citado al inicio de esta nota, señaló que en las horas previas al alud no se emitió ninguna orden de desalojo masivo. Según testimonios recogidos por el medio, la población de Armero desconocía el nivel de peligro real que representaba la erupción del Nevado del Ruiz, que ocurrió a las 9:09 p. m. del 13 de noviembre.

El meteorólogo Max Henríquez Daza, que en ese momento presentaba el pronóstico del clima en el Noticiero Nacional y era columnista recurrente del Espectador sobre temas científicos relacionados con la naturaleza, escribió una columna de opinión para alertar el inminente peligro que se avecinaba.

Pero, al igual que ocurrió con otros expertos, el experto en temas climáticos fue ignorado y declarado como persona no grata por sus “alarmistas” declaraciones sobre el volcán Nevado del Ruiz. Su llamado de emergencia se difundió un mes antes de que ocurriera la tragedia.

Otro de los temas que ha llamado la atención en los relatos de los sobrevivientes tiene que ver cómo las primeras señales de alarma, como temblores y caídas de ceniza, se confundieron con fenómenos normales del entorno.

“Pensábamos que era una tormenta fuerte como las que suelen caer en esta época”, declaró un residente entrevistado por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.

La avalancha descendió por el río Lagunilla hacia el valle donde se encontraba Armero, sepultando la ciudad bajo toneladas de lodo y escombros. Las labores de rescate resultaron caóticas y descoordinadas. “Todo era confusión, no teníamos equipos ni instrucciones”, resumió un voluntario en declaraciones recogidas por la prensa universitaria.

Diversos informes académicos y periodísticos, entre ellos el de la Universidad Nacional, hicieron énfasis en los vacíos tecnológicos y logísticos. Faltaron mapas de riesgo actualizados, radios de emergencia y procedimientos de coordinación entre municipios cercanos.

Asimismo, indicaron que “los informes estaban en las oficinas, pero no en las calles”, aludiendo a la desconexión entre los técnicos y las autoridades responsables de decisiones. El caso de Armero ha sido analizado como uno de los peores desastres por fenómenos naturales en la historia de Colombia, agudizado por la falta de respuesta institucional.

Finalmente, se dijo que ni el Ministerio del Interior ni organismos como la Defensa Civil presentaron directrices claras para actuar ante señales de crisis volcánica. “No existían protocolos de evacuación ni simulacros, y la comunicación estatal se basaba más en deseos de tranquilidad que en información técnica”, reflejó la cobertura de la Universidad Nacional.

Las investigaciones posteriores señalaron que el impacto pudo haberse reducido con una gestión de riesgo más proactiva. También, el medio de comunicación indicó que informes de la Organización de Naciones Unidas que reclaman a los estados mayor vigilancia y educación sobre desastres naturales.

“La tragedia de Armero dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país y subrayó la urgencia del fortalecimiento de los sistemas de prevención y respuesta frente a amenazas volcánicas”, se concluye.

Hoy, cuatro décadas después, la responsabilidad del Estado en la tragedia de Armero sigue siendo un tema de discusión y memoria para Colombia. Mientras familiares y sobrevivientes exigen justicia y recordación, la ciudad de Armero permanece como símbolo de las consecuencias de la omisión estatal frente a los riesgos geológicos y naturales.