La Procuraduría General de la Nación recibió este lunes una solicitud formal para investigar disciplinariamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y suspenderlo provisionalmente de su cargo, luego de que el funcionario emitiera fuertes acusaciones e insultos contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
La petición fue presentada por el abogado y exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, quien argumentó que las expresiones del ministro vulneran el principio de independencia judicial y ponen en riesgo la colaboración armónica entre las ramas del poder público.
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En su comunicación dirigida al procurador Gregorio Eljach, Enciso señala que durante la entrevista que Benedetti concedió a W Radio, el ministro calificó a la magistrada como “loca”, “demente” y “delincuente”, afirmando que estaría motivada por una obsesión personal en su contra.
Según el abogado, estas declaraciones son “descalificatorias, ofensivas y denigrantes” y podrían constituir obstrucción a la justicia, al haber hecho uso de información interna y confidencial de la Corte Suprema de Justicia.
“El señor Benedetti, en su calidad de ministro del Interior, ocupa una posición de interlocutor directo del Gobierno con otras ramas del poder público, lo que podría facilitar presiones indebidas sobre funcionarios y afectar la independencia judicial”, advirtió Enciso en el comunicado.
Por estas razones, el abogado solicitó la suspensión inmediata del ministro, en aplicación de los artículos 157, 158 y 219 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
El caso tiene su origen en el allanamiento a la residencia de Benedetti en Puerto Colombia (Atlántico), ordenado por la magistrada Lombana en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con delitos de corrupción y por la imposibilidad de justificar plenamente su patrimonio.
Tras la diligencia, Benedetti utilizó sus redes sociales y la entrevista radial para cuestionar la competencia de la Corte para investigarlo, alegando que ya no ostenta la condición de congresista y calificando el procedimiento como un “abuso de poder”.
Durante sus declaraciones, el ministro aseguró que Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por presunto interés en incriminarlo y que enfrenta desde hace siete años lo que describió como un “acoso judicial” por parte de la magistrada.
Además, denunció que habría ordenado investigaciones financieras sobre más de cincuenta de sus familiares, incluidos menores de edad, y que habría filtrado información a los medios de comunicación. Benedetti también insinuó que la magistrada estaría entregando información “manipulada” al FBI y vinculó el allanamiento a un supuesto “montaje judicial” en su contra, mencionando al abogado Diego Cadena.
El procedimiento se llevó a cabo en la mansión que Benedetti ocupa en Lagos de Caujaral, una exclusiva zona de Puerto Colombia, donde los inmuebles pueden alcanzar valores de hasta 15.000 millones de pesos.
La residencia perteneció anteriormente al empresario Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y fue entregada en 2011 al banco Scotiabank Colpatria como dación en pago por una deuda cercana a 2.000 millones de pesos.
Posteriormente, el empresario Ricardo Leyva ocupó la vivienda y cedió el contrato de leasing habitacional al ministro hace dos meses. Según el periodista Daniel Coronell, Benedetti paga más de 20 millones de pesos mensuales, cifra cercana a su ingreso oficial de 26,8 millones de pesos.
El patrimonio del ministro ha sido objeto de escrutinio. Ante la Corte Suprema, Benedetti declaró estar “en quiebra”. En su reporte de febrero de 2025, indicó que tenía apenas 13 millones de pesos en cuentas y deudas por 923 millones, mientras que su esposa reportó ingresos de 300.000 pesos en 2024.
Entre sus bienes se incluyen propiedades en Barranquilla, una mansión en Puerto Colombia y otra en Bogotá, además de giros al exterior realizados por personas de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Entre las investigaciones en curso también se incluyen aspectos de su gestión como senador, especialmente relacionados con un proyecto de ley que benefició a una empresa de Euclides Torres en el sector de seguridad.
Tras ese episodio, Benedetti estrechó vínculos con la familia Torres, al elegir como fórmula a la Cámara a Efraín Torres, hijo de Euclides, y acercarse a Pedro Flórez, esposo de Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides y excongresista.
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