Según informó la Fiscalía General de la Nación, a Chalá Franco se le imputaron los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas.
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Durante la diligencia reservada, el acusado aceptó los cargos ante la contundencia de los videos que ya están en poder del ente investigador y que fueron revelados a través de las redes sociales en las que las placas del taxi fueron identificadas.
La medida de confidencialidad impuesta por el juez responde al hecho de que entre quienes resultaron lesionados en el accidente hay menores que siguen hospitalizados, con pronóstico reservado. Tanto la audiencia inicial de legalización de captura como las siguientes diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se realizan bajo carácter reservado
El incidente dejó a once personas heridas, entre ellas cuatro menores —de cuatro meses, siete, doce y quince años— dos de los cuales permanecen en estado crítico, con traumas graves en la cabeza y el abdomen, internados en los hospitales Santa Clara y La Victoria.
El reporte de la Policía de Tránsito precisó que Chala Franco no solo manejaba bajo los efectos del alcohol, sino que cometió una serie de faltas administrativas y penales: acumulaba más de diez comparendos por diferentes motivos, incluyendo exceso de velocidad, parqueo indebido y reincidencia en conducción en estado de embriaguez, además de violar la restricción de pico y placa al momento del siniestro.
El accidente ocurrió el 8 de noviembre, fecha en la que el automóvil Atos con placa VDW 626, conducido por Chalá Franco, tenía prohibido circular debido a la restricción de pico y placa establecida para ese día por la Secretaría de Movilidad: únicamente podían transitar vehículos cuyas placas finalizaban en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 0.
Al respecto, la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, explicó: “Al revisar el historial que le corresponde a este señor, se encontraba en pico y placa y además tiene un historial de comparendos que superan los diez por diferentes conductas”.
El accidente ocurrió cuando el taxi perdió el control y terminó impactando contra una vivienda, lo que desató pánico en la comunidad. Ante la magnitud del siniestro, la respuesta policial fue inmediata y, según reportó el coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de la capital, una prueba practicada comprobó el avanzado grado de embriaguez del conductor, situación que justificó su detención en flagrancia y el posterior traslado a disposición de la Fiscalía.
Las consecuencias administrativas para conductores reincidentes bajo los efectos del alcohol, como detalló la general Blanco, incluyen: “la suspensión de la licencia de conducción por cinco años y una multa que puede superar los 360 salarios mínimos legales diarios, es decir, un promedio de 15 millones de pesos“.
De acuerdo con el informe de Medicina Legal, el responsable conducía en grado dos de embriaguez, lo que agrava su situación judicial y administrativa.
A raíz de este episodio, habitantes del sector y autoridades han insistido en la importancia de reforzar los controles de conducción en estado de embriaguez para evitar tragedias similares y advirtieron que la reincidencia en infracciones podría acarrear la pérdida definitiva de la licencia.
Entretanto, Juana Torres, prima de los niños atropellados, expresó su molestia ante la falta de empatía que, según ella, tienen las autoridades sobre su caso.
“Recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista que provocó esta calamidad, esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales”, indicó la mujer en declaraciones a los medios de comunicación.
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