
La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, rechazó públicamente las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de fondos por un monto de 500.000 dólares en la misión diplomática.
La información sobre la supuestas irregularidades fue dada a conocer por Caracol Radio, motivo por el cual la diplomática indicó que solicitó a las autoridades judiciales la verificación de los hechos, tras considerar que la gravedad de los señalamientos requiere un proceso riguroso y sustentado con pruebas documentales.
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En un comunicado dirigido a la opinión pública, Velásquez aclaró que acudió a la Fiscalía para pedir que se investiguen las denuncias y se determinen las circunstancias que rodean la gestión de recursos en la embajada.

Señaló que la existencia de trámites administrativos pendientes no significa la pérdida o apropiación indebida de fondos públicos. La funcionaria recalcó que no existen transferencias ni giros irregulares a su cuenta personal y que los gastos de la misión están debidamente documentados.
De acuerdo con lo expresado por la embajadora, las denuncias aluden a movimientos bancarios, cheques y transferencias que, según los reclamos, no cuentan con los soportes requeridos.
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Velásquez reiteró que está dispuesta a entregar toda la información necesaria para que las autoridades revisen su gestión y esclarezcan los hechos de manera transparente.
“Las acusaciones deben ser verificadas y demostradas con documentos y pruebas”, afirmó la funcionaria en su pronunciamiento.
Velásquez también mencionó que, durante cerca de tres años, notificó a la Cancillería sobre dificultades administrativas en la sede diplomática y solicitó en múltiples ocasiones personal especializado para fortalecer los procesos internos.
La embajadora indicó la existencia de más de 60 comunicaciones donde pidió este apoyo, sin que se haya enviado el equipo solicitado hasta la fecha. Frente a la situación actual, volvió a requerir la presencia de funcionarios que permitan organizar los archivos y las cuentas de la embajada, así como su correcta entrega institucional.
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La funcionaria enfatizó que no considera responsable apartarse de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones y sostuvo que su deber es ejercer el derecho a la defensa y contribuir a la aclaración de los hechos.
“Por la gravedad de estas acusaciones no he podido presentar mi renuncia. No considero responsable alejarme del cargo mientras debo ejercer mi derecho a la defensa y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, declaró en su respuesta pública.

En el comunicado, Velásquez reiteró que su propósito es garantizar la transparencia en todos los procesos y dejar la misión correctamente organizada antes de finalizar su labor diplomática. Expresó su intención de que la verdad sobre su gestión sea plenamente establecida por las autoridades competentes, a través de la revisión exhaustiva de las cuentas y los archivos institucionales.
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Insubsistencia
Durante la transición por el cambio de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella dispuso la salida de cinco diplomáticos que no presentaron su renuncia protocolaria. El objetivo de esta medida es garantizar que la política exterior se maneje con coherencia y en defensa de los intereses del país.
La administración señaló que la mayoría de los embajadores colombianos en el exterior sí presentó su renuncia y puso el cargo a disposición del presidente. Sin embargo, cinco funcionarios no cumplieron con ese trámite, por lo que el mandatario tomó la decisión amparado en sus atribuciones constitucionales y legales.

La medida afecta a Guillermo Francisco Reyes González, embajador en Suecia; Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora en Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora en Turquía; Juan Manuel Corzo Román, embajador en Paraguay; y William Sidney Bush Howard, embajador en Trinidad y Tobago.
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El Gobierno indicó: “Los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite”. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación para asegurar la transición en cada embajada y preservar la continuidad de la representación diplomática de Colombia.
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