El sistema de recompensas en Colombia para la captura de criminales y la prevención de atentados se estructura a partir de criterios rigurosos y una coordinación institucional que involucra tanto al Gobierno nacional como a las autoridades locales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en diálogo con Caracol Radio que la asignación de estos incentivos económicos responde a la facilidad de acceso a la información y a la relevancia de la persona buscada, factores que determinan los montos ofrecidos y la estrategia de intervención.
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La inteligencia, según Sánchez, depende en gran medida de la información que pueda obtenerse, y las recompensas funcionan como un mecanismo que incentiva a la ciudadanía a colaborar.
“Cuando uno ofrece una recompensa, por ejemplo, por Iván Mordisco, de 5.000 millones de pesos, pues comienza a fluir la información y nos permite ir accediendo al objetivo”, afirmó el ministro.
El proceso de determinación de los montos considera dos variables principales: el impacto potencial del hecho (como el asesinato de figuras públicas) y la dificultad para acceder a la información que conduzca a los responsables.
Sánchez explicó que, aunque un homicidio en una riña es grave, el asesinato de un precandidato presidencial, un ministro o un embajador tendría consecuencias sociales y políticas de mayor alcance, lo que justifica recompensas más elevadas y medidas de protección reforzadas.
En casos concretos, el ministro citó el atentado que costó la vida a Miguel Uribe, por el cual se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos.
Para la prevención de atentados terroristas, el Gobierno mantiene una política de incentivos de hasta 200 millones de pesos, orientados a criminales de menor rango cuya exposición facilita la obtención de información de manera más ágil.
Sánchez enfatizó que la priorización de los montos no implica una valoración desigual de las vidas humanas. “Todas las vidas nos importan. Todas. No es que una vida valga más que otra vida”, subrayó el ministro, aclarando que la diferenciación responde al efecto social y político del crimen y a la viabilidad de acceder a datos que permitan capturar a los responsables.
Respecto a los casos de soldados y policías secuestrados por grupos armados ilegales, el ministro indicó que el manejo de estas situaciones se realiza bajo protocolos distintos.
“No solamente es con un tema de recompensas, que estamos manejando muy discretamente, también con una acción humanitaria”. Por motivos de seguridad, las autoridades no divulgan públicamente todas las medidas ni los montos ofrecidos en estos casos, priorizando el regreso seguro de los uniformados.
Por otra parte, a principios de 2025 una fuente del Ministerio de Defensa explicó a La FM de RCN Radio el funcionamiento interno del sistema de recompensas.
Existe un Comité Técnico de Seguimiento encargado de clasificar a los delincuentes en cinco niveles de peligrosidad, siendo los niveles uno y dos los que agrupan a los cabecillas más peligrosos.
El financiamiento de estas recompensas no proviene directamente del Ministerio de Hacienda. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares disponen de recursos específicos para este fin, e incluso el despacho del ministro de Defensa cuenta con una partida reservada para cubrir estos pagos cuando resulta necesario.
El Comité Técnico de Seguimiento, presidido por el viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad, coordina la evaluación de los casos junto a analistas de inteligencia de las fuerzas. Este organismo no solo determina el monto a pagar, también decide si corresponde efectuar el pago en cada caso.
Para autorizar una recompensa, es imprescindible comprobar que la información provino de una fuente humana externa y no de los propios operativos de inteligencia. Si se concluye que el resultado fue producto de investigaciones internas, no se realiza ningún desembolso.
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