El Ministerio de Minas y Energía entregó una respuesta oficial a la Contraloría General de la República, en la que defendió las políticas de transición energética y aseguró que los riesgos advertidos sobre un posible deterioro del sistema energético no se deben a la gestión actual, sino a “una década de rezago sin planeación”.
“La Contraloría advierte riesgos; nosotros mostramos resultados: reservas al alza, regalías históricas y energía limpia para millones de hogares”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al presentar los principales indicadores del sector.
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Según el documento remitido por la cartera, entre 2023 y 2024 Colombia reincorporó 298 millones de barriles de reservas de petróleo, equivalentes al 105% de lo producido, y 42 giga pies cúbicos (Gpc) de gas, lo que revirtió la tendencia negativa que venía desde años anteriores. Con estos resultados, la relación reservas/producción (R/P) aumentó a 7,2 años para petróleo y 5,9 años para gas, una mejora respecto a los años previos.
El ministerio precisó que estos avances se lograron sin necesidad de firmar nuevos contratos de exploración, gracias a la optimización de los existentes y a la aplicación de técnicas de recobro mejorado y producción incremental, lo que permitió mantener la estabilidad de las reservas nacionales. “El problema no está en no firmar nuevos contratos, sino en ejecutar bien los que ya existen”, señaló el documento. También destacó que desde 2022 se incrementó en 18% el número de pozos exploratorios perforados, lo que evidencia un repunte en la actividad técnica del sector.
En su respuesta, el Gobierno señaló que Colombia no es una potencia petrolera ni gasífera, y que el desafío es reducir la dependencia del país frente a los combustibles fósiles. “Confundir la transformación estructural con la inacción es el verdadero riesgo. Lo que hoy hacemos es acción firme y cambio de rumbo”, afirmó la cartera.
Energías limpias y programas sociales
El ministerio destacó que en los últimos tres años Colombia multiplicó por quince la capacidad de generación solar y por ocho la hidráulica, alcanzando más de 3.200 megavatios (MW) en energías limpias conectadas al sistema eléctrico. Esto representa más del 50% de la meta trazada para 2026 dentro del Plan 6GW+, que busca acelerar la transición hacia fuentes no convencionales de energía.
Adicionalmente, se puso en marcha el programa Colombia Solar, con una inversión de 8,35 billones de pesos, destinado a instalar sistemas de generación fotovoltaica para 1,3 millones de hogares de estratos 1, 2 y 3 entre 2026 y 2030. El proyecto, declarado de interés nacional y estratégico, apunta a reducir hasta en 40% el valor de la factura eléctrica de los beneficiarios y a aliviar la presión sobre los subsidios estatales.
“Pasamos de un modelo de dependencia a un modelo de soberanía energética y justicia social”, aseguró el ministro Palma, que insistió en que los cambios impulsados por el Gobierno tienen como fin garantizar la seguridad energética sin afectar a los usuarios más vulnerables.
Medidas frente a la demanda y los subsidios
El ministerio también respondió a las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del sistema. Según las cifras presentadas, el Gobierno ha pagado 5,2 billones de pesos en subsidios de energía y gas en lo corrido de 2025 e implementó mecanismos para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que históricamente ha superado los 100 billones de pesos.
Entre las medidas se incluyen la actualización de tarifas de transporte de gas, que podría disminuir costos hasta en 50%, y la regulación del margen de comercialización, para evitar la especulación en el mercado.
La respuesta oficial también destaca los avances en la infraestructura gasífera, en particular el reinicio de la Regasificadora del Pacífico, el fortalecimiento de la planta de Cartagena y el impulso a nuevos proyectos en Buenaventura, Coveñas y Ballenas, que en conjunto podrían aportar hasta 710 GBTU por día hacia 2029.
Finalmente, el ministerio invitó a la Contraloría a participar en una mesa técnica conjunta, con el propósito de “exponer los avances alcanzados y demostrar que la seguridad energética del país no se encuentra en riesgo”. “Los riesgos acumulados existen, pero este Gobierno los reconoce y los enfrenta con decisiones estructurales, no cosméticas”, concluyó el ministro Edwin Palma.
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