Cinco mineros fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el martes 4 de noviembre en la vereda El Jardín, municipio de San Pablo (Bolívar).
El ataque, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue perpetrado por un grupo de hombres armados que irrumpió en una mina de oro de la zona, donde dispararon de manera indiscriminada contra los trabajadores.
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El secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio, declaró a medios de comunicación que en la zona actúa el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se atribuye presuntamente el ataque.
Berrio añadió que “este año ya ha habido dos incursiones en ese mismo sitio por parte del ELN. En ambas hubo muertos y la quema de la maquinaria”.
Según las versiones, el área es escenario de una disputa entre grupos ilegales por el control de la minería de oro y de los corredores estratégicos de la Serranía de San Lucas.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por Indepaz, cinco mineros fallecieron en el ataque, tres de ellos identificados preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano. Aún no se conoce los nombres de los otros dos fallecidos.
Otras versiones recogidas por medios de la región reportan que dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde murieron posteriormente, y que entre los heridos figura un menor de edad.
La organización agregó que en el lugar fue destruida la maquinaria amarilla utilizada en las labores mineras, así como el desplazamiento de varias familias que habitaban en la zona, a causa de la incursión armada. La entidad enfatizó que la violencia recrudecida en el sur de Bolívar se relaciona con el interés de grupos armados ilegales en el control de las rutas y economías derivadas de la explotación del oro.
Defensoría del Pueblo ya había alertado el riesgo de la población en San Pablo
La Defensoría del Pueblo alertó en un comunicado sobre el alto riesgo humanitario que enfrenta el municipio de San Pablo debido a la disputa de estos sectores ilegales, que ha derivado en desplazamientos forzados, amenazas y control social sobre la comunidad.
En ese sentido, la Defensoría instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para proteger a la población, advirtiendo que la imposición de formas ilegales de gobernanza vulnera de manera permanente los derechos humanos de los habitantes.
Por su parte, autoridades locales informaron que se encuentra en marcha un Consejo de Seguridad para esclarecer lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional dirigidas a contrarrestar el accionar de los grupos armados.
Según declaraciones del Ejército, se trabaja en la recolección de información mediante diferentes agencias de inteligencia para planificar operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas.
“Ante los hechos ocurridos en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, se encuentra en ejecución un Consejo de Seguridad con el fin de determinar la situación precisa de lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional que permitan continuar contrarrestando el accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, se trabaja en la recolección de información a través de las diferentes agencias de inteligencia para el planeamiento de operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas”, indicó el comunicado oficial.
En el área hacen presencia tanto el ELN como el Clan del Golfo, que disputan el dominio de las rutas estratégicas y las economías ilegales, entre ellas, la explotación minera.
Por su parte, la comunidad expresó su preocupación por los hechos violentos que han marcado la región: “Esto demuestra que la guerra no ha terminado para nuestras comunidades”, expresó un líder social de la zona, citado por La noticia.com.
El hecho eleva a 68 las masacres registradas en el país en lo que va del año, de acuerdo con el observatorio de Indepaz.
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