La discusión sobre el salario mínimo de 2026 va mucho más allá de una cifra. Mientras el Gobierno, los gremios y los analistas hacen cuentas, el Banco de la República lanzó nuevas advertencias sobre el impacto que podría tener un ajuste demasiado amplio. El informe de Política Monetaria prendió las alarmas en un momento en el que la inflación comienza a ceder, pero los costos laborales vuelven a escena como un riesgo latente.
El punto neurálgico está en cómo balancear las necesidades de los trabajadores con la salud del mercado laboral. Para el Ejecutivo, que insiste en un incremento fuerte, elevar el salario mínimo sería un paso necesario para aliviar el costo de vida. Sin embargo, empresarios y comerciantes advierten que una decisión desproporcionada elevaría de forma marcada los gastos de contratación y entorpecería la creación de empleo formal.
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La preocupación del Banco de la República tiene sustento técnico y es que los riesgos inflacionarios persisten. De acuerdo con el documento, “en todas las canastas de precios predominan los riesgos al alza, siendo los más relevantes los de servicios y regulados. En servicios persiste la posibilidad de que en 2026 el incremento del salario mínimo supere nuevamente de forma significativa la inflación observada más el aumento de la productividad”.
Este mensaje llega cuando aún no arranca de manera oficial la negociación del salario mínimo, pero el ambiente ya está crispado. En años recientes, el aumento decretado superó la inflación anual más la productividad laboral, lo que, según algunos analistas, provocó presiones en sectores donde el recurso humano es el componente principal del costo.
El informe agrega que el efecto sería más fuerte en un contexto donde entran en vigencia otros ajustes laborales. Entre ellos, los nuevos recargos por horas extras, cambios en la contratación de aprendices y la reducción progresiva de la jornada laboral. Es decir, si la remuneración aumenta con fuerza mientras se encarecen las horas y se modifican los esquemas de vinculación, la carga total para las empresas sería considerable.
La advertencia no es menor. “Puede generar presiones sobre los precios de rubros intensivos en mano de obra”, señaló la investigación. Un aumento desalineado con la productividad puede traducirse en mayores costos para sectores como servicios, comercio y actividades que dependen de personal permanente. En la práctica, esto podría terminar trasladándose al consumidor, frenando la desaceleración de la inflación.
Aunque el Banco de la República proyecta una inflación cercana al 4% para finales de 2026, reconoció que este escenario podría cambiar si el salario mínimo se dispara. El problema no se limita a un rubro específico, al subir los costos de mano de obra, se encadenan incrementos en bienes y servicios de alto uso cotidiano. En esa medida, la política salarial termina influyendo en la capacidad de pago de los hogares y en la incertidumbre de los empresarios.
No se trata únicamente de cifras macroeconómicas. Un incremento alto puede beneficiar a quienes reciben el salario mínimo, también impactar a quienes buscan empleo. Si las compañías enfrentan mayores cargas, podrían ralentizar la contratación o incluso recurrir a la informalidad. Eso explica por qué los gremios piden cautela, temen que un ajuste fuerte, en lugar de mejorar la calidad de vida, limite las oportunidades de trabajo formal.
En el otro extremo están quienes defienden un aumento ambicioso. Argumentan que los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva y que el país debe avanzar hacia remuneraciones más dignas. Para ellos, el salario mínimo es una herramienta eficaz para reducir brechas y dinamizar el consumo interno. En medio de estas posiciones enfrentadas, el informe del Banco de la República llega como un llamado a la prudencia.
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