La entrada en vigencia de la ley ‘No más olé’ ha reavivado el debate sobre la tauromaquia en Colombia, especialmente en las ciudades que celebran ferias y festividades tradicionales de fin de año como Cali y Manizales.
Aunque la ley, sancionada en 2024, prohíbe los espectáculos con maltrato animal, ha previsto un periodo de transición de tres años, lo que significa que la prohibición total se aplicará desde julio de 2027.
Durante una entrevista con Mañanas Blu, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, explicó que en ese periodo de transición las ciudades que cumplan con los requisitos podrán seguir realizando corridas de toros, mientras desarrollan alternativas culturales o económicas a esas actividades.
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“La ley establece la prohibición de actividades taurinas, pero también un periodo de transición de tres años. En esa línea, las ciudades que cumplen requisitos pueden hacer corridas estos tres años”, afirmó Hernández.
La senadora cuestionó la postura del alcalde de Cali, Alejandro Eder, señalando que no muestra voluntad para avanzar en la transición y, por el contrario, mantiene e impulsa la actividad taurina, lo que, según Hernández, va en contravía de la ley y del sentir de la ciudadanía caleña.
Según sus palabras, “el alcalde de Cali no quiere reemplazar las corridas de toros, y por el contrario ha profundizado en la actividad taurina, cosa contraria a la ley y al sentir de la ciudadanía caleña”.
Hernández enfatizó que la ley no obliga a las alcaldías a permitir las corridas durante el periodo de transición y que los mandatarios locales pueden decidir no autorizarlas o reducir los días dedicados a estas actividades con el fin de sustituirlas por eventos de carácter cultural.
Según la congresista, esa decisión depende de la voluntad política de cada administración. “Si él quisiera no autorizarlas, puede hacerlo, o disminuir los días para irlas reemplazando por otras actividades”, añadió durante la entrevista con Blu Radio.
La senadora también mencionó casos de municipios que ya han comenzado a reconvertir plazas taurinas para usos culturales, citando el ejemplo de Duitama, donde algunos escenarios han sido adecuados para conciertos y otras actividades representativas de la cultura local. Según ella, “eso debería estar haciendo el alcalde de Cali”.
En sus declaraciones, Hernández sostuvo que la ley ‘No más olé’ no se limita a prohibir la tauromaquia, sino que busca una transformación económica y social, planteando la reconversión de escenarios y el levantamiento de un censo para identificar a las personas que dependen de la tauromaquia. La legisladora aseguró que ha faltado disposición al diálogo por parte del sector taurino y subrayó que “estos tres años servirán para la reconversión de escenarios y el levantamiento de un censo sobre cuántas personas viven de la tauromaquia. Pero ha faltado voluntad del sector taurino, que se ha negado a dialogar con el Gobierno nacional”.
Finalmente, la senadora recalcó que la responsabilidad de avanzar en ese proceso de cambio recae en cada administración local, que deberá iniciar la transición en coordinación con el Gobierno nacional, en cumplimiento de la ley.
No es la primera vez que Hernández habla de esta situación en Cali, pues a inicios de octubre, la congresistas dijo en su cuenta de X que “el alcalde Alejandro Éder se equivoca al promocionar las corridas de toros en Cali. En lugar de impulsar el maltrato, debería estar trabajando en la transición de la ley #NoMásOlé.La feria debe ser un espacio de folclor, cultura y tradición, no de tortura animal. Junto a mi compañera @IsabelVera_47 le decimos al alcalde: es una vergüenza seguir promoviendo espectáculos de crueldad. Cali merece una feria sin sangre.
En esa ocasión, Miguel Yusti, vicepresidente de la Sociedad Plaza de Toros, explicó en entrevista con Blu Radio que la realización de la Feria Taurina de Cali este año responde al periodo de transición de tres años dispuesto por la Corte Constitucional antes de la entrada en vigor de la prohibición definitiva de las corridas. Yusti aclaró que el evento se llevará a cabo dentro del margen legal establecido por la sentencia.
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