El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su titular encargado, Augusto Ocampo, expresó su solidaridad humana e institucional con el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que este denunciara el sobrevuelo de drones en inmediaciones de su residencia durante la madrugada del domingo 2 de noviembre.
En un comunicado oficial, la cartera de Justicia calificó los hechos como una “afrenta directa a los valores del Estado Social de Derecho”, al advertir que este tipo de acciones vulneran la tranquilidad y seguridad personal de los funcionarios públicos.
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“Este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia. La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad”, indicó el texto firmado por Ocampo.
El ministro (e) de Justicia enfatizó que rechaza categóricamente cualquier acción o intento de amedrentar a un servidor público y confió en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido y evitar su repetición.
La denuncia del ministro del Interior
Horas antes de la reacción de Minjusticia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó en su cuenta de X un video en el que denunció que varios drones sobrevolaron su vivienda entre las 12:00 y las 3:00 de la madrugada del domingo.
“Aquí está el video donde entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy los drones sobrevolaban el lugar donde vivo”, afirmó Benedetti en su publicación, acompañada de las imágenes captadas durante la madrugada.
El alto funcionario aseguró que entregará las pruebas y videos a las autoridades competentes, con el fin de que se identifiquen los posibles responsables del incidente. Además, indicó que interpuso una acción penal tras notar movimientos sospechosos en los alrededores de su residencia.
“En un país donde un dron puede ser un arma letal, nadie lo usa para divertirse a las tres de la madrugada ni para hacer seguimientos en carro”, advirtió el ministro en su mensaje.
Según su relato, además del sobrevuelo de los drones, un vehículo desconocido rondó la zona y varias personas tomaron fotografías de la fachada de su vivienda, hechos que calificó como “intimidatorios”.
Rechazo del Gobierno y llamado a la investigación
El ministro (e) de Justicia, Augusto Ocampo, reiteró que no se puede permitir la normalización de actos que vulneren la privacidad o la seguridad de los funcionarios públicos. Destacó que, en un Estado democrático, las diferencias o controversias deben resolverse en el marco de la ley y no mediante actos de amedrentamiento o vigilancia ilegal.
“Confiamos en que las autoridades competentes desplegarán de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan”, señaló el comunicado.
La declaración del Ministerio de Justicia se enmarca en un clima de creciente preocupación por la seguridad de los altos funcionarios del Gobierno Nacional, especialmente luego de que se conocieran varios casos de seguimientos y amenazas a figuras públicas.
Pronunciamiento de la Presidencia
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) también se pronunció frente a la denuncia de Benedetti. Su directora, Angie Lizeth Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar toda forma de violencia e intimidación, subrayando que la vida y la dignidad humana son pilares esenciales de la democracia colombiana.
“La vida y la dignidad no se amenazan, se protegen”, enfatizó Rodríguez, quien además reiteró la confianza del Gobierno en que las autoridades judiciales garantizarán la seguridad de los servidores públicos y el libre ejercicio de sus funciones.
Un mensaje en defensa del Estado de Derecho
Tanto el Ministerio de Justicia como el DAPRE coincidieron en que estos hechos no deben quedar impunes y que la institucionalidad debe actuar de manera firme para preservar la confianza ciudadana en el Estado.
El pronunciamiento de Ocampo subraya que “la intimidación, la amenaza o el hostigamiento constituyen una afrenta directa al Estado de Derecho”, en un contexto en el que el uso de drones para fines de vigilancia no autorizada plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los funcionarios.
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