
“Gustavo Petro, desmovilizado del M-19, no tiene derecho a pasar por encima de las víctimas y cambiar la verdad de lo ocurrido”. Con esta afirmación, el ex fiscal General de la Nación Francisco Barbosa lanzó el domingo 2 de noviembre una dura crítica al presidente de la República, que sugirió que el magistrado Manuel Gaona salió con vida del Palacio de Justicia durante la toma y retoma, el 6 de noviembre de 1985.
La polémica, que ha revolucionado las redes sociales en vísperas del aniversario número 40 de uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea, ha puesto sobre la mesa, una vez más, el debate sobre la memoria, la verdad judicial y el respeto a las víctimas. Pero en especial, la honestidad que debe tenerse en la discusión, cuando de la misma hace parte, incluso, el primer mandatario.
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A través de un mensaje en la red social X, acusó al gobernante de distorsionar los hechos y de ignorar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos en el asalto al Palacio. “No hay duda que la caterva de asesinos y mafiosos del M-19, empezando por el criminal Andrés Almarales y Alfonso Jacquin, mataron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Barbosa sobre el particular.
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El exjefe del organismo de justicia también recordó la alianza entre el grupo guerrillero y el cartel de Medellín, como lo señala el informe de la Corte Suprema de Justicia de 2010. Para Barbosa, la versión presidencial representa un intento inaceptable de reescribir la historia y de utilizar la memoria con fines políticos, en vísperas de las elecciones al Congreso y la Presidencia, previstas para 2026.
El origen de la polémica que involucra al presidente Gustavo Petro
La controversia se desató tras un mensaje publicado por Petro en X, en el que aseguró que los magistrados Manuel Gaona y Carlos Horacio Urán salieron vivos del Palacio de Justicia. Esta afirmación fue calificada de “absolutamente lamentable” por víctimas y familiares, que consideraron que el jefe de Estado instrumentaliza el recuerdo de la tragedia con intereses, a su parecer, cuestionables.
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Testimonios y expedientes judiciales, de hecho, contradicen la hipótesis presidencial: en el caso de Gaona, la evidencia indica que fue asesinado por guerrilleros del M-19 en uno de los baños del edificio, y no existe respaldo documental para la versión de que logró salir con vida, como lo ha afirmado en su perfil, en el que es seguido 8,3 millones de usuarios, siendo su plataforma más poderosa.
La Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, en su informe de 2010, documentó que Gaona se encontraba con sus colegas de la Sala Constitucional discutiendo la constitucionalidad del tratado de extradición cuando el M-19 irrumpió en el edificio. Tras el asalto inicial, los guerrilleros lo buscaron por su nombre, conscientes de su papel clave en la ponencia sobre la extradición.
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Diversos testigos relataron que, tras escapar momentáneamente del grupo de rehenes, el togado fue recapturado y llevado bajo custodia de Andrés Almarales a un baño entre el segundo y tercer piso, donde vivió sus últimos momentos. Sobre el desenlace, los sobrevivientes narraron que Gaona suplicó por la vida de los rehenes y la suya propia, al argumentar que tenía hijos pequeños.
Amanda Leal de Gallego, una de las sobrevivientes, describió cómo Almarales ordenó separar a los magistrados y formar una especie de pelotón de fusilamiento. A su vez, el magistrado Nemesio Camacho Rodríguez recordó que Almarales, revólver en mano, obligó a Gaona a salir y gritar al Ejército para que cesara el fuego, bajo la amenaza de que serían sacrificados uno a uno.
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Gaona, al percatarse de la situación, se negó a ser utilizado como escudo humano. “Nosotros no vamos a ser carne de cañón, nos van a sacar al fuego cruzado. Esto no puede ser porque de todos modos nos van a matar. Ustedes van a cometer un asesinato”, expresó el relato; mientras que la respuesta de Almarales fue ordenar la ejecución, en un hecho en el que el magistrado recibió tres disparos.
Los testimonios que desdicen las duras afirmaciones de Gustavo Petro
La versión de Petro sobre la supuesta liberación de los civiles por parte de Almarales también fue refutada. El conductor José William Ortiz relató que los guerrilleros formaron a los magistrados en la puerta del baño y comenzaron a dispararles; en tanto que Beatriz Quintero González, abogada sobreviviente, recordó que los insurgentes anunciaron que empezarían a matarlos uno por uno.
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Según reseñó el diario El Espectador, María Humbertina Hernández, auxiliar del Consejo de Estado, presenció el asesinato de la abogada Luz Stella Bernal a manos de un guerrillero. La Comisión de la Verdad documentó que, además de Bernal, otros civiles como Aura Nieto de Navarrete y el conductor Luis Humberto García también fueron ejecutados por el M-19, en un suceso marcado por el horror.

En contraste, el caso de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, sí presenta diferencias. La justicia nacional e internacional estableció que Urán fue rescatado con vida del Palacio y trasladado a la Casa del Florero, donde su familia lo reconoció herido; sin embargo, posteriormente apareció muerto dentro del Palacio de Justicia, lo que llevó a un acto de reparación.
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Frente a este crimen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su condena al Estado colombiano en 2014, determinó que Urán fue víctima de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial por parte de agentes estatales. Su hija, Helena Urán, se ha convertido en una de las principales voces en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la retoma, y también se pronunció en las redes.
La mujer, en respuesta al jefe de Estado, fue lapidaria. “Sabía que los hechos han sido usados para posicionar causas políticas desde los dos lados que alzaron las armas; pero no me imaginé que, a 40 años, fuera a ser tan evidente la inmadurez emocional y democrática del debate en el que siguen sumiendo al país”, indicó la hija del magistrado, frente a lo dicho por el presidente
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