La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varios sectores populares de Bogotá, hecho que ha reavivado los debates sobre la seguridad urbana y la consolidación de economías ilícitas en la capital.
La advertencia se fundamenta en informes oficiales y hallazgos recientes que demuestran la existencia activa de células urbanas del ELN desde al menos el 2021.
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Esta estructura criminal habría incidido directamente en seis localidades del sur y occidente de Bogotá: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, así como en los municipios aledaños de Soacha y Sibaté, según documentos divulgados por la Defensoría del Pueblo.
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El informe detalló que se han registrado banderas alusivas al grupo, distribución de panfletos e intentos de reclutamiento a jóvenes universitarios, entre otras formas de presencia visible.
La capital se ha convertido en un nido estratégico para organizaciones criminales interesadas en movilizar drogas, armas y personas hacia el resto del país.
Además, la advertencia documenta incidentes como el atentado en 2019 contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, cuya autoría se atribuyó al ELN y que causó 22 víctimas fatales, ilustrando que la influencia de esta estructura va más allá de la operación encubierta.
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La reciente captura de alias Pedro Pablo o Junior, presunto integrante del Frente de Guerra Oriental y participante en el citado atentado, se presentó como parte de los operativos adelantados por la Policía de Bogotá.
Funcionarios de inteligencia lo señalan como responsable de labores de seguimiento criminal y de contribuir a la consolidación del frente urbano Compañero Diego. Alias Junior también estaba requerido por rebelión y extorsión y había operado previamente en Arauca.
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El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha reportado que las acciones del ELN están vinculadas con economías ilegales presentes en barrios periféricos.
Los informes señalan que estos grupos han articulado redes de microtráfico y han ejercido control social en comunidades del sur de la ciudad.
El texto advierte sobre amenazas, homicidios y extorsiones como tácticas para mantener influencia local.
“Se ha identificado la presencia del Frente de Guerra Urbano del ELN y de milicias que no se acogieron al acuerdo final de paz, con incidencia en sectores populares de Bogotá y municipios vecinos”, dice el documento.
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El análisis de la Defensoría del Pueblo identifica que en estas zonas confluyen no solo milicias del ELN, también estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas como Los Paisas y Los Boyacos, lo que ha agudizado la disputa por corredores estratégicos urbanos.
La preocupación se amplifica con casos de adoctrinamiento y reclutamiento reportados en universidades públicas, como lo confirmó a Semana Julián Uscátegui, concejal de Bogotá. Se ha documentado, por ejemplo, la presencia de redes urbanas del ELN y disidencias de las Farc en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica y Universidad Nacional de Colombia.
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El fenómeno ha sido objeto de reportes oficiales desde la administración de Claudia López, e incluso se remitió un informe a la Presidencia en 2023, describiendo el uso de instalaciones educativas para actividades logísticas y de propaganda.
Por su parte, Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, afirmó en diálogo con el medio citado que Bogotá es punto de encuentro para negociaciones y lavado de activos de organizaciones criminales, aunque carece de control territorial permanente por parte del ELN.
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“La clave aquí en Bogotá es entender que es un espacio para transacciones económicas puntuales, para alianzas estratégicas o para mover el dinero que necesitan llevar a grandes espacios de mercado”, expuso Nieto.
Frente a estos retos, la Defensoría del Pueblo recomendó acción coordinada entre el Gobierno nacional, la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Cundinamarca.
Entre sus propuestas se encuentra reforzar la inteligencia urbana, ampliar la presencia policial en los corredores críticos y lanzar programas sociales que prevengan el reclutamiento de la juventud en riesgo.
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