Martha Peralta recuperó la libertad tras cumplir con indagatoria en la Corte Suprema: así continuará el caso por corrupción en la Ungrd

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, quedó en libertad el lunes 22 de junio tras permanecer cinco días detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia. La congresista, que es investigada por presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), seguirá vinculada al proceso, en el que se la acusa de direccionamiento de contratos a cambio de su apoyo en el legislativo, en reformas del Ejecutivo.

La decisión del alto tribunal de permitirle regresar a su residencia se produjo después de que Peralta rindió indagatoria, en una diligencia que llevó a la revocatoria de la detención preventiva que había sido ordenada, con el objetivo de garantizar su comparecencia judicial. Durante este periodo, la congresista oficialista permaneció bajo custodia en las instalaciones de la Dijín, a la espera de que se tomaran decisiones en este proceso judicial.

La investigación formal sobre Peralta se basa en las declaraciones de exdirectivos de la Ungrd como Olmedo López, que la señalaron de haber influido para favorecer contratos en departamentos como La Guajira y de participar en mecanismos para asegurar apoyos políticos a la reforma pensional a cambio de beneficios contractuales. Por ello, los delitos que se investigan incluyen tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

La privación de la libertad de la senadora coincidió con la campaña en la segunda vuelta presidencial, en la que el candidato del Gobierno, el senador Iván Cepeda, perdió ante el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Aunque ahora la determinación le permitirá a Peralta defenderse sin estar cobijada con una medida privativa, la investigación judicial sigue en curso, por lo que su situación jurídica aún no está definida.

¿Qué sigue en el caso contra Martha Peralta?

En consecuencia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que tiene a su cargo esta investigación, deberá decidir si existen pruebas para abrir un juicio formal contra la parlamentaria o si procede con el archivo del caso, pese a las afirmaciones de López. En esta etapa, implica la revisión de los testimonios recogidos, los documentos incautados y los argumentos presentados tanto por la defensa como por los exfuncionarios de la Ungrd que estarían involucrados.

Frente a las acusaciones en su contra, Peralta rechazó cualquier responsabilidad en el entramado y aseguró que estos testimonios son infundados y que forman parte de una persecución política; y, del mismo modo, expresó que se considera víctima de una campaña de desprestigio y que confía en que la justicia esclarecerá su situación. “No he cometido ningún delito y estoy dispuesta a colaborar con las autoridades para probar mi inocencia”, afirmó Peralta.

El caso de la Ungrd ha causado especial atención en la opinión pública, debido a la magnitud de los recursos involucrados y a la red de presuntos beneficiarios identificados en las investigaciones preliminares. Las pesquisas han revelado el posible involucramiento de varios políticos, funcionarios y contratistas que habrían aprovechado su posición para acceder a contratos y beneficios estatales, en la asignación de maquinaria amarilla y jagüeyes.

La continuidad del proceso judicial contra Peralta depende ahora de la valoración que haga la Corte Suprema de los elementos probatorios y de los testimonios obtenidos. En ese orden de ideas, la decisión sobre el futuro judicial de la senadora se espera en las próximas semanas, en un periodo durante el cual seguirá en libertad y tendrá la oportunidad de aportar nuevas pruebas o declaraciones en su defensa; y además tomará posesión de su cargo en el legislativo.

La evolución de este caso representa un nuevo capítulo trascendental en la lucha contra la corrupción en entidades públicas y mantiene en alerta a diferentes sectores políticos y sociales atentos a los resultados que arroje la investigación. Mientras tanto, la Ungrd y su manejo de recursos se mantienen bajo vigilancia judicial y mediática, lo que dará lugar a nuevas revisiones y auditorías sobre la gestión de contratos y proyectos en el territorio nacional.