Estas son las irregularidades que tendría la resolución al sistema de basuras del Gobierno Petro: cambios generarían crisis en el país

El debate en torno a la reforma de los marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia escaló a una crisis institucional, con advertencias de sectores públicos y privados sobre el riesgo de un colapso en el sector.

La controversia se centra en el borrador de resolución elaborado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que busca actualizar las fórmulas para calcular los precios que pagan los usuarios, un proceso que se realiza cada cinco años y cuyas consecuencias pueden extenderse hasta por una década.

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El Ministerio de Vivienda, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y organizaciones de recicladores denunciaron que la Comisión, siguiendo directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, se negó a divulgar los estudios y documentos técnicos que sustentan la propuesta. Según cartas publicadas por Semana, la falta de transparencia generó desconfianza y encendió las alarmas sobre el verdadero impacto de la medida.

La situación se agravó cuando el mandatario colombiano destituyó públicamente al viceministro de Agua, Edward Libreros, durante una transmisión del Consejo de Ministros. El ahora exfuncionario había expresado en una comunicación escrita sus reparos a la propuesta, solicitando que la Comisión hiciera públicos todos los soportes y análisis técnicos de los nuevos marcos tarifarios. En su carta, Libreros afirmó: “El documento técnico no contiene la información completa y suficiente para sustentar los análisis realizados”.

Empresas y recicladores los más afectados

Uno de los puntos más conflictivos es la reforma al marco tarifario del aseo, donde el presidente Gustavo Petro había solicitado priorizar la protección de los recicladores. No obstante, la líder gremial Magda Villamizar sostiene que la propuesta va en sentido contrario: “Nos están haciendo exigencias que van a acabar con nuestro trabajo. No hay ninguna garantía, como la ha pedido el presidente. Yo no creo que desplazar a más de 74.000 recicladores sea justicia social”, declaró Villamizar al medio citado.

El borrador de la Comisión exige que las organizaciones de recicladores asuman el pago de la seguridad social de sus miembros, una competencia que corresponde al Ministerio del Trabajo y que no está contemplada en ningún decreto vigente.

Además de lo anterior establece nuevas obligaciones, como la suscripción de contratos con los ciudadanos, la ejecución de campañas educativas y la fiscalización de la separación de residuos, condiciones que, según Villamizar, “imponen una carga de responsabilidades que excede nuestras posibilidades reales. El proyecto no refleja de manera justa la realidad”.

De igual manera, cuestionó la exigencia de reservar un 21% del pago recibido por el servicio para la seguridad social, una disposición que, según la líder gremial, carece de sustento normativo:

“En este borrador asumen que el usuario me va a entregar separado el reciclaje, cuando no ocurre; creen que el usuario nos va a dar datos para un contrato. Dicen que del pago que nos van a hacer por nuestro servicio se tiene que guardar una provisión del 21% para seguridad social. Decimos: ‘¿De dónde sacan eso si no está reglamentado?’. La respuesta es que se hará en el futuro”, relató.

Una fuente del Ministerio de Vivienda, que solicitó anonimato, respaldó la preocupación de los recicladores y advirtió que el propio Gobierno, al aprobar el ajuste tarifario, podría llevar a este sector a una situación insostenible: “Le están dando un mensaje opuesto al país. Los pone en riesgo”, afirmó a Semana.

En paralelo, el Gobierno nacional habría instruido a la Comisión a no ceder ante las grandes empresas de servicios públicos, representadas por Andesco. Camilo Sánchez, presidente de la entidad, explicó que el Ejecutivo no reconoce toda la cadena productiva y busca reducir las tarifas de manera forzada.

“El marco tarifario se hace cada cinco años y tiene una vida útil que puede llegar hasta los diez años. Es una metodología que se da para poder calcular los costos y las tarifas que se van a cobrar a los usuarios. Cuando se hace mal y no se les cobra a los usuarios lo que es, o se pone por debajo, y la orden del Gobierno es que va a bajarlo a las malas, el peligro es que puede quebrar el sector”, dijo.

Sánchez advirtió que la Comisión no está considerando todos los gastos laborales, como los sobrecostos derivados de la reducción de la jornada laboral, lo que pone en aprietos las finanzas de las empresas. Esta preocupación también fue compartida por el exviceministro Libreros, aunque en la Casa de Nariño lo acusaron de favorecer los intereses de Andesco.