La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ley Empatía, una iniciativa que incorpora la protección y el bienestar animal en el sistema educativo nacional.
Esta iniciativa, impulsada por la senadora animalista Andrea Padilla, introduce un enfoque transversal que busca transformar la relación de niños y adolescentes con los animales desde las aulas.
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“Educar salva vidas, educar cambia el mundo y eso es lo que ustedes hoy están haciendo aquí con la votación de este proyecto que ahora ya es ley, Ley Empatía. No podría tener un nombre más lindo, porque lo que buscamos es que los chiquitos, los niños, las niñas, los adolescentes, se conviertan en seres humanos empáticos, en ciudadanos empáticos, justos, compasivos con todas las formas de vida”, expresó la congresista de Alianza Verde.
A su vez, la senadora recalcó que la propuesta contempla que el Ministerio de Educación dispondrá de seis meses para definir los lineamientos curriculares que regirán este nuevo enfoque, los cuales deberán incluir contenidos sobre el trato ético a los animales, las obligaciones de cuidado, la protección frente al maltrato, la tenencia responsable de animales de compañía y la conservación de la biodiversidad.
“Y de eso se trata la vida, de ayudarnos mutuamente para estar más felices, tener más bienestar y tener un mundo más bonito y justo”, aseguró Padilla.
La ley también contempla la posibilidad de que los estudiantes cumplan con el servicio estudiantil obligatorio en instituciones públicas o privadas dedicadas a la protección y el bienestar animal, ampliando así las opciones de formación práctica y compromiso social.
Como parte de la implementación, el Ministerio de Educación deberá crear una red nacional de docentes para la protección y el bienestar animal, cuyo objetivo será desarrollar e intercambiar estrategias pedagógicas exitosas en este ámbito.
“Busca reconocer e incorporar el enfoque de protección y bienestar animal a los programas ambientales, escolares, comunitarios y gubernamentales, y aspira a transformar nuestra forma de entender y cuidar el medioambiente, fomentando la compasión y solidaridad hacia todas las formas de vida”, manifestó el senador Carlos Guevara (Partido Mira).
Entre tanto, Víctor Caicedo, defensor de los animales en Colombia, celebró la decisión de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley.
“Una ley importantísima para educar a niños, niñas y jóvenes en establecimientos educativos de todo el país. Porque educar salva vidas, porque la educación más emoción va a permitir sensibilizar los corazoncitos de esas nuevas generaciones”, comentó.
Por el momento, al proyecto solo le falta la conciliación en el Senado y la Cámara de Representantes, y de ser avalado en ambas corporaciones, será sancionado como nueva ley de la república por la Presidencia.
Ley Ángel
La defensa de los animales ha tenido gran protagonismo en este periodo legislativo. Además de la Ley Empatía, el Congreso también ha avanzado en otras normativas que buscan fortalecer la protección de estos seres.
En marzo de 2025, fue aprobada unánimemente en el Congreso la Ley Ángel, una reforma que introduce penas privativas de la libertad superiores a tres años para quienes cometan delitos graves contra animales.
Esta iniciativa, también liderada por la senadora Andrea Padilla, transforma la respuesta del Estado ante el maltrato animal, ya que convierte estos delitos en no excarcelables, elevando así el nivel de protección para los animales en Colombia.
De acuerdo con la ley en mención, esto no se limita a endurecer las sanciones penales, sino que responde a una problemática persistente: el 98% de los casos de maltrato animal permanecen impunes en el país, según las cifras más recientes.
Para la congresista, esta alarmante tasa de impunidad fue uno de los principales motores detrás de la creación y el respaldo parlamentario de la normativa, que busca revertir la tendencia y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales efectivas.
Sin embargo, su implementación ha tenido obstáculos considerables, entre ellos, se encuentra la falta de recursos asignados y la resistencia institucional, factores que podrían limitar la eficacia de la normativa en la práctica.
La capacidad del Estado para dotar de medios suficientes a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley será determinante para que la reforma tenga un impacto real en la reducción de la impunidad.
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