El presidente Gustavo Petro recibió la orden del juzgado 46 Administrativo de Bogotá para que se retracte y presente excusas públicas por sus declaraciones en contra de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.
El tribunal determinó que el mandatario dispone de cinco días para cumplir con la obligación de rectificar sus afirmaciones publicadas el 29 de septiembre a través de la red social X.
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La decisión judicial fue tomada luego de que Paloma Valencia, integrante del partido Centro Democrático, interpusiera una acción de tutela, argumentando que el presidente la había señalado como “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, haciendo referencia a los casos conocidos como ‘falsos positivos’.
Las declaraciones sujetas a rectificación se emitieron en respuesta a un video donde la congresista criticaba la postura de Petro en una intervención internacional.

En el fallo, el juzgado sostuvo que las afirmaciones del presidente suman una imputación directa sin sustento en procesos judiciales, hecho que, según la sentencia, vulnera los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de la congresista.
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El tribunal puntualizó que la rectificación debe realizarse a través de tres canales: la cuenta oficial de Presidencia de la República en X, la cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de Gustavo Petro en esa red social.
Los señalamientos del presidente quedaron registrados en mensajes donde se lee: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.
Además, en otro intercambio, el mandatario mencionó: “Ahora se quiere evadir la responsabilidad política del Gobierno y del partido de gobierno que tuvo durante los ocho años que duró el mandato de los falsos positivos, crimen de lesa humanidad, y los años que siguieron después, cuando la justicia descubrió el crimen”.
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Paloma Valencia respondió públicamente que nunca ha sido investigada ni sancionada con relación a los hechos de los falsos positivos.
En su solicitud judicial, expresó que el presidente “excedió los límites constitucionales de la libertad de expresión al no tratarse de una opinión sino de una imputación directa en contra de su honra y buen nombre, al atribuirle públicamente una responsabilidad penal inexistente”.

La defensa jurídica de la Presidencia argumentó que las palabras de Petro correspondían a un contexto de crítica política, sin intención de realizar una acusación penal. Sin embargo, el juzgado concluyó que la publicación “excedió el marco del discurso político protegido” al atribuir una conducta delictiva a una servidora pública sin que existan decisiones judiciales en su contra.
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El fallo reiteró la importancia de los límites a la libertad de expresión para los funcionarios públicos cuando se refiere a la integridad de otros ciudadanos, y exhortó al presidente a abstenerse de realizar futuros señalamientos similares. El tribunal declaró que el cumplimiento de esta orden debe reflejarse mediante excusas públicas en las plataformas digitales mencionadas, dentro del plazo establecido.
Orden de desacato
Recientemente, la jueza Tania Inés Jaimes Martínez admitió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, a partir de la solicitud del fiscal delegado Mario Andrés Burgos Patiño, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales.

El proceso responde al presunto incumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pedía al mandatario retractarse de declaraciones en contra del fiscal Burgos Patiño.
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Noticias RCN reveló el documento judicial que instruye “admitir el incidente de desacato formulado por el accionante Mario Andrés Burgos Patiño en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República”.
“PRIMERO: Admitir el incidente de desacato formulado por el accionante Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal 52 delegado ante el Tribunal, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República”, se lee en el documento.
El presidente Gustavo Petro ya había publicado una declaración en la que acataba una orden judicial que le exige retractarse por llamar “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, integrante de la Fiscalía General de la Nación.
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