Corte Constitucional confirmó que el futuro de la reforma pensional de Petro se decidirá en dos semanas

La Corte Constitucional anunció que en un plazo máximo de dos semanas retomará el estudio de la reforma pensional, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro y eje central de su agenda social. El presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, confirmó que la discusión fue aplazada temporalmente por la presentación de recusaciones contra varios magistrados, incluido él mismo.

“Estuvo a punto de resolverse hace dos semanas, pero se presentó una recusación contra uno de los magistrados que obligó a iniciar un incidente sobre el particular y ese incidente está en trámite, que aspiramos a que se resuelva en el menor tiempo posible”, explicó Ibáñez.

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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez detalló que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de traslado a las partes, un paso previo esencial antes de que la Corte pueda retomar la discusión de fondo. “Se le corrió traslado al señor magistrado, a su turno se corrió traslado a la recusante para que presente las pruebas que considere, y al mismo tiempo se decretarán y practicarán durante la semana siguiente”, explicó el presidente del alto tribunal, subrayando que se busca garantizar plena transparencia y debido proceso.

Según Ibáñez, una vez culminen los trámites y se practiquen las pruebas pertinentes, la Sala Plena podrá volver al análisis de la ponencia que define la constitucionalidad de la reforma pensional, una de las más relevantes del gobierno Petro. El magistrado recordó que este debate no solo tiene implicaciones legales, también económicas y sociales, al tratarse de una norma que transformaría la estructura del sistema de pensiones en Colombia.

“Debemos asumir el debate en las próximas semanas, sobre todo el tema pensional. Se deben resolver las recusaciones que se han presentado contra varios magistrados, contra mí, por supuesto, y contra el magistrado Carvajal. A partir del momento en que se resuelvan todas esas recusaciones, se retomará el estudio de la ponencia”, afirmó Ibáñez, quien reiteró que el objetivo de la Corte es emitir una decisión sólida, imparcial y respetuosa de la Constitución, sin ceder a presiones políticas o externas.

El aplazamiento implica que la Corte no emitirá todavía un fallo sobre la constitucionalidad de la ley, que ha sido cuestionada por algunos sectores de la oposición por supuestos vicios en su trámite legislativo. En particular, las demandas señalan presuntas irregularidades en los debates de conciliación y en la aprobación de artículos relacionados con la administración del fondo público de ahorro.

La reforma pensional, sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio, propone un modelo de cuatro pilares con el que se busca ampliar la cobertura, fortalecer el régimen público y reducir la brecha entre cotizantes de altos y bajos ingresos. Además, plantea la creación de un fondo público de ahorro colectivo administrado por Colpensiones, que concentraría los aportes de los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos. Su entrada en vigencia, sin embargo, depende de la revisión constitucional que hoy sigue en pausa.

Fuentes del alto tribunal señalaron que, una vez superado el incidente de recusación, el expediente volverá al orden del día de la Sala Plena, donde se espera que la ponencia del magistrado sustanciador sea debatida y eventualmente votada. Desde el Gobierno, por su parte, insisten en que la norma cumple con todos los requisitos constitucionales y que su aplicación permitiría garantizar una pensión básica a más de tres millones de adultos mayores sin ingresos, al tiempo que busca aliviar la carga fiscal del sistema actual.

Durante su intervención, Jorge Enrique Ibáñez también evitó pronunciarse sobre otros temas de coyuntura nacional —como la posibilidad de una asamblea nacional constituyente o la reciente inclusión del presidente Petro en la llamada Lista Clinton— argumentando que no le corresponde a la Corte Constitucional opinar sobre asuntos políticos ajenos a su competencia judicial. Por ahora, el país deberá esperar al menos dos semanas para conocer el futuro jurídico de una de las reformas más debatidas y decisivas del actual mandato.

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