La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió este viernes 17 de octubre a la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes.
La funcionaria aseguró que “no ha habido, no hay y no habrá crisis en los pasaportes” y garantizó que el servicio de expedición se mantiene con total normalidad.
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Villavicencio enfatizó que, pese a la acción judicial, “no hay ningún riesgo en este momento” para la entrega de los documentos y pidió evitar alarmas innecesarias.
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“Queremos llamar a la responsabilidad social tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación para que no se genere una alarma social que haga que mucha gente solicite pasaportes que luego nunca reclama. En este momento seguimos teniendo 115.000 pasaportes sin reclamar, producto de la alarma social que se produjo en los meses anteriores”, explicó.
La jefa de la diplomacia colombiana reiteró que la Cancillería no ha sido notificada oficialmente de la demanda ni esta ha sido admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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“Somos muy respetuosos del ámbito de competencia de la justicia y de los procesos judiciales, y esperaremos a que oficialmente nos notifiquen. Cuando eso ocurra, usaremos todas las herramientas de nuestro ordenamiento legal para responder, y que sea la justicia la que resuelva la controversia”, señaló.
La funcionaria insistió en que la institución ha cumplido de manera ordinaria con la prestación del servicio y que el contrato actual se mantiene vigente hasta abril de 2025, lo que garantiza la producción y entrega de pasaportes.
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“Hay un proceso que se tiene que surtir y todos debemos ser muy respetuosos de que cada quien haga su trabajo, sobre todo tratándose de la justicia, que debe tener la mayor objetividad posible. Nosotros no vamos a intervenir ni a interferir; estaremos informando en cada paso”, puntualizó Villavicencio.
La controversia surge luego de que la Procuraduría presentara una demanda de nulidad total del convenio interadministrativo, valorado en más de 1,3 billones de pesos, al considerar que la contratación no cumplió con los requisitos legales.
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Según el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, se evitó una licitación pública que garantizara la pluralidad de oferentes, lo que calificó como “un atajo ilegal”.
Melgosa también señaló que la empresa extranjera involucrada apenas aporta el 21 % de la financiación, cuando la normativa exige que si esta participación es inferior al 50 %, el proceso debe regirse por el Estatuto General de Contratación.
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Además, denunció que la junta directiva de la Imprenta Nacional aprobó irregularmente un contrato a diez años, sin actas ni aprobación de vigencias futuras, y que los pagos pactados en euros contravienen las disposiciones del Banco de la República.
La Procuraduría argumenta que hubo falta de planeación y ausencia de soporte técnico y financiero en la estructuración del proyecto, y que su acción busca no solo la nulidad del convenio, sino también la recuperación de los recursos públicos.
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“Dentro de las pretensiones está que los recursos que se le hayan pagado a la Casa de la Moneda de Portugal sean devueltos al Estado colombiano”, explicó Melgosa a Caracol Radio.
Por su parte, la Cancillería, mediante un comunicado, reiteró que el proceso de expedición de pasaportes no está en riesgo y que la existencia de una demanda “no implica la existencia de un fallo en contra del Ministerio ni la suspensión de los convenios vigentes”.
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Además, la entidad aseguró que cuenta con el Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, que garantiza la continuidad del servicio.
Mientras el proceso judicial avanza, tanto la Cancillería como la Procuraduría sostienen sus posturas. Villavicencio insistió en que no hay motivos para la preocupación ciudadana: “Esperaremos que la justicia haga su trabajo y responderemos en el momento oportuno y bajo la legalidad absoluta”.
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