Petro podrá utilizar el dinero de las pensiones para que su gobierno funcione: denuncian “mico” que le metieron al Congreso

El PGN de 2026 aprobado en la corporación le permite al mandatario redirigir ahorros previsionales, lo que podría generar riesgos para la estabilidad social y financiera de los jubilados

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Efraín Cepeda, senador por el Partido Conservador, señaló que el presidente Gustavo Petro busca usar el dinero de las pensiones de los colombianos con fines electorales - crédito Congreso de la República

La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 en Colombia generó un intenso debate a nivel nacional, principalmente, por la inclusión de un artículo que permitiría el uso de recursos de las pensiones para cubrir gastos de funcionamiento del Estado.

La medida despertó la preocupación en diversos sectores, en especial, tras las advertencias del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que alertó sobre los riesgos para la seguridad de los fondos de jubilación de millones de colombianos.

Y es que el Congreso aprobó el presupuesto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, el último de su mandato y que será ejecutado en gran parte por su sucesor. A diferencia de 2024, cuando la falta de consenso obligó a expedir el presupuesto por decreto, en esta ocasión la aprobación se logró tras una votación de 50 senadores a favor y 27 en contra.

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El monto final aprobado asciende a $546,9 billones, una cifra que, pese a ser el más alto de la historia, representa una reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo ($556,9 billones). Dicha disminución dejó un faltante de $16 billones, lo que llevó al Gobierno a plantear la necesidad de una reforma tributaria para completar la financiación.

Billetes colombianos. FOTO: Carlos Ruiz (Pixabay)
Para el 2025, el saldo total de los fondos pensionales llegó a $467,68 billones - - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y la consideró un avance en la gestión fiscal, por lo que resaltó el compromiso del Gobierno con una administración responsable y enfocada en el bienestar. Sin embargo, la atención se centra en el artículo 90, introducido durante la plenaria del Senado, señalado como el punto más polémico del presupuesto.

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Polémica sobre el uso de recursos de pensiones

El artículo 90 permite que los recursos de las pensiones puedan destinarse a gastos de funcionamiento del Estado, lo que generó alarma entre quienes consideran que pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones. Efraín Cepeda es uno de los principales críticos de esta disposición. Durante y después del último debate, señaló que “la plata de las pensiones es sagrada, no puede ser utilizada para temas electorales como pretende el Gobierno del presidente Petro”.

Asimismo, denunció que el artículo no fue discutido en las Comisiones Económicas y que la inclusión en la plenaria se hizo “por la puerta de atrás”, lo que, a su juicio, representa un grave peligro para los fondos de jubilación.

El senador advirtió: “Peligrosísimo. Un artículo que no pasó por las comisiones económicas pretende disponer de las pensiones de los colombianos. Ojo, pone en peligro las pensiones. Aquellos que están ad portas de pensionarse, se le puede hacer un grave daño y los que no, también, porque hay una puerta abierta para que esos recursos se utilicen para gastos de funcionamiento”.

La herramienta www.soyactuario.com.co permite regularizar periodos omitidos desde la entrada en vigor de la Ley 797 - crédito Colprensa
En Colombia hay alrededor de 1,8 millones de pensionados - crédito Colprensa

De igual forma, insistió en que la medida abre la posibilidad de que los ahorros de los colombianos destinados a su jubilación sean utilizados para cubrir un gasto estatal que, según él, creció de manera desbordada. “Hoy lo que tenemos es una reforma pensional en el limbo porque, incluso, los dineros de las pensiones, de los ahorros de los colombianos, podrán ser escogidos, podrán ser utilizados para el gasto puro y duro, un gasto desbordado por más de treinta y siete billones de pesos”, afirmó.

Implicaciones para los pensionados y la seguridad social

En su intervención, Cepeda también cuestionó la transparencia del proceso legislativo al señalar que la falta de debate sobre el artículo 90 podría poner en entredicho la validez del presupuesto. “Yo sí creo, sin ser abogado, y lo que he consultado, es que se requiere debate, es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Si no hay debate, el solo pupitre pondría en el limbo este Presupuesto General de la Nación”, sostuvo.

Las implicaciones de la medida para los pensionados y para quienes están próximos a jubilarse es motivo de especial preocupación. Cepeda resaltó que la posibilidad de utilizar los fondos de pensiones para otros fines podría afectar de forma muy grave a quienes dependen de estos recursos para su sustento futuro. Reiteró que los recursos de las pensiones no deben destinarse a gastos distintos a los previstos originalmente.

El futuro de la reforma tributaria depende del Congreso de la República - crédito Luisa González/Reuters
El futuro de la reforma tributaria depende del Congreso de la República - crédito Luisa González/Reuters

Reforma tributaria 3.0

Otro debate que se torna cada vez más intenso es el de la nueva reforma tributaria tras la aprobación del presupuesto. El Gobierno necesita recaudar $16 billones adicionales para cubrir el déficit, pero Cepeda y la bancada conservadora manifestaron su rechazo a cualquier iniciativa que implique una mayor carga para los ciudadanos más vulnerables.

“Yo aquí le digo a los colombianos que Efraín Cepeda, igual que la bancada conservadora, votaremos negativamente una reforma tributaria que grava el bolsillo de los colombianos más necesitados”, aseguró el congresista.

Además de la controversia sobre las pensiones, el presupuesto aprobado contempla recortes significativos en otras áreas, como la rama judicial, que verá reducidos sus recursos en $660.000 millones. Cepeda criticó la decisión al argumentar que estos fondos son esenciales para el funcionamiento y la descongestión del sistema judicial, y que su reducción podría afectar la celeridad y justicia en los procesos legales.

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