Petro aseguró que violencia en Ecuador se debe a la efectividad de la lucha antidrogas de su gobierno y ofreció su ayuda: “No se necesitan misiles”

La reciente escalada de violencia en Ecuador ha puesto en el centro del debate regional el impacto del narcotráfico y las estrategias de seguridad en América Latina.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó el aumento de los crímenes en la costa Pacífica ecuatoriana con el endurecimiento de los controles antidrogas en su país, señalando que la presión ejercida por las autoridades colombianas sobre las rutas del Pacífico ha desplazado el tráfico de cocaína hacia territorio ecuatoriano.

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“Este crecimiento de la violencia en la costa pacífica ecuatoriana tiene que ver con la dificultad para sacar cocaína por el Pacífico colombiano que ha logrado el gobierno y nuestra fuerza pública”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X.

El mandatario colombiano planteó que Colombia podría colaborar con Ecuador para frenar la salida de cocaína por el litoral ecuatoriano, sin recurrir a medidas militares extremas.

Petro subrayó la importancia de la coordinación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas públicas de los países que formaron parte de la Gran Colombia, así como de Perú y Brasil, para enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado.

Destacó, además, la creación de un centro de integración policial amazónico en Manaos, Brasil, con la participación de Ecuador, Venezuela y Brasil, como un avance en la cooperación regional.

Mientras tanto, Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Según Insight Crime, las provincias costeras de Guayas, Santa Elena y Los Ríos han sido escenario de múltiples masacres en los últimos días, reflejando un repunte de la violencia que ya no se limita a la costa, sino que se extiende a otras regiones del país.

Ecuavisa reportó que, entre el 9 y el 13 de octubre de 2025, se registraron siete masacres que dejaron un saldo de 33 personas fallecidas y cerca de 20 heridas, incluyendo menores de edad.

En uno de los episodios más graves, ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, fueron halladas maniatadas y sin vida a un costado de una carretera en Buena Fe, Los Ríos.

Las víctimas, originarias de Quito, se dirigían a Santo Domingo y, según la policía, aún hay cuatro personas desaparecidas, entre ellas tres menores.

La violencia se ha manifestado en ataques armados durante eventos comunitarios y celebraciones familiares. Noticias RCN informó sobre un ataque durante un partido de fútbol en el suroeste de Ecuador, donde seis personas murieron y 17 resultaron heridas.

Los agresores, presuntamente miembros de la banda Freddy Kruger, abrieron fuego desde motocicletas y camionetas, dejando al menos 85 evidencias balísticas en el lugar.

En Guayaquil, durante una fiesta infantil en la Isla Trinitaria, dos criminales dispararon 15 veces, causando la muerte de cuatro personas y heridas a cinco más. En Playas, una fiesta de quince años terminó con cinco víctimas mortales tras un ataque armado, mientras que en El Oro, sujetos armados asesinaron a cuatro personas en una vivienda, uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas, según Expreso.

Las autoridades atribuyen estos hechos a la disputa entre bandas criminales como Los Lobos, Los Choneros, Los Águilas y otras, que compiten por el control de rutas de narcotráfico, extorsión y actividades ilícitas. La fragmentación de estas organizaciones, tras la captura de varios cabecillas, ha intensificado la violencia.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó que el primer semestre de 2025 cerró con 4.619 homicidios, consolidando a Ecuador como uno de los países más violentos de la región, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora al inicio del año.

El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con la declaración de un estado de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, lo que ha permitido el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas más afectadas.

Sin embargo, el experto en seguridad Kléber Carrión advirtió a Ecuavisa que la prolongada militarización y la presión sobre las fuerzas del orden, sumadas a las protestas sociales y bloqueos viales, han generado un desgaste institucional. “Ese cansancio va a desencadenar otras circunstancias... Es un círculo vicioso que provoca la politización”, señaló Carrión, quien también destacó que la necesidad de defender la capital debilita el control en otras provincias.

En este clima de tensión, organizaciones indígenas y de derechos humanos han denunciado abusos y represión por parte de las fuerzas estatales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acusó al gobierno de Noboa de implementar una “política de guerra interna que viola derechos humanos, siembra terror y persigue la resistencia social legítima”, según declaraciones recogidas por Resumen Latinoamericano.

La Conaie también denunció la infiltración policial en protestas y el uso excesivo de la fuerza en la comuna San Miguel del Común, al norte de Quito, donde se reportaron enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos contra la población civil.

El contexto de violencia se agrava con casos de desapariciones forzadas. AFP informó que la Fiscalía ecuatoriana acusó a 17 militares por la desaparición y posterior asesinato de cuatro menores en Guayaquil en diciembre de 2024.

Amnistía Internacional documentó que, desde el inicio del mandato de Noboa, la Fiscalía ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas.

El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) cuestionó la versión oficial sobre la autoría de estos crímenes, señalando contradicciones en los testimonios y acusaciones cruzadas entre fuerzas del orden y bandas criminales.

Frente a este panorama, Petro reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación regional y propuso alternativas a la militarización, como la coordinación de inteligencia y la integración policial en la región amazónica. El mandatario colombiano subrayó que no se requieren “misiles” para combatir el narcotráfico, sino estrategias conjuntas y eficaces entre los países afectados.