En la tarde de este jueves 16 de octubre, más de cien integrantes del Congreso de los Pueblos bloquean el acceso al Ministerio del Interior en Bogotá.
Los manifestantes decidieron instalar campamentos improvisado dentro de las oficinas, con el fin de resguardarse de la lluvia.
Ante esta situación, las autoridades informan que se ha restringido el ingreso de los trabajadores a la sede Bancol.
A esta acción se suman ocupaciones en puntos estratégicos de la ciudad tras la llegada de comunidades indígenas, negras y campesinas a la capital durante los últimos días.
El primer destino de los manifestantes fue la Universidad Nacional, donde permanecieron antes de desplazarse a las calles del centro de Bogotá para instalarse frente a edificios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad Nacional de Víctimas. En estos lugares se levantaron cambuches y carpas en aceras y accesos, además de cubrir cámaras de seguridad y forrar elementos de vigilancia.
Además de la ocupación de ministerios y otras entidades nacionales, los participantes de la protesta han salido a las calles e interrumpido la movilidad de miles de usuarios, especialmente en la calle 26.
Las personas movilizadas exigen el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Gobierno nacional, la aprobación de las reformas pensional y de salud, y la presentación de la ley orgánica del Sistema General de Participaciones.
Voceros de la protesta han advertido que permanecerán en los edificios del Gobierno Petro de manera indefinida hasta recibir respuestas claras a sus solicitudes.
Hay tensión entre protestantes y el Gobierno nacional
La capital colombiana enfrenta jornadas de tensión institucional por la ocupación de sedes ministeriales y entidades públicas, donde organizaciones indígenas y sociales mantienen campamentos instalados tanto en el interior de las oficinas como en las entradas de los edificios.
Ante esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que las acciones no fueron espontáneas y no hacen parte de una protesta pacífica.
“Ellos no venían a negociar, venían a ‘calentar el ambiente’ de convivencia. Eso no lo hace alguien que quiere negociar. Es claro que ahí tienen que ver estructuras delincuenciales. Todo estaba planeado para eso, premeditado”.
Las declaraciones del funcionario hacen referencia a la llegada de los manifestantes en la madrugada del jueves 9 de octubre a la Universidad Nacional, seguida de la ocupación de instalaciones como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Tierras.
En medio de la polémica, la Defensoría del Pueblo se pronunció en sus redes sociales y cuestionó la posición del funcionario: “No es obvio que hay estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Al contrario, lo obvio es que la protesta social es un derecho y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla”, indicó la entidad.
El Congreso de los Pueblos, por su parte, valoró la postura de la Defensoría y pidió al ministro asumir responsabilidad y corregir sus declaraciones.
Por el momento, el Gobierno de Petro no se ha pronunciado ante la ocupación de las oficinas del Ministerio del Interior.
El último hecho de violencia registrado en medio de las protestas ocurrió este jueves en el portal del 20 de Julio, donde se incentivó la evasión en el pago del pasaje, mientras que encapuchados tapaban las cámaras de seguridad de la estación.
En cuanto a la movilidad, se han registrado manifestaciones en diferentes zonas de la ciudad y Transmilenio reportó afectaciones para más de 40 mil usuarios, quienes desde el martes han tenido que tomar vías alternas en medio del caos que ha suscitado la protesta social.
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